La organización Amnistía Internacional se introdujo en una nueva forma de activismo al promover como accionista políticas de derechos humanos en grandes corporaciones, como la petrolera estadounidense ExxonMobil.
Por primera vez en la historia de la organización, su rama estadounidense y accionista de ExxonMobil, la mayor compañía petrolera del mundo, procura que ésta adopte un compromiso específico con los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
La propuesta será votada en la asamblea de accionistas de la firma, que se llevará a cabo en la meridional ciudad de Dallas el 29 de este mes.
Las iniciativas que presentan los accionistas no son obligatorias y tienen poca probabilidad de ser aprobadas por accionistas o inversores mayoritarios.
Pero inversores preocupados y activistas utilizan estas propuestas para lograr la atención de la administración cuando el diálogo con la compañía no arroja resultados.
ExxonMobil, con sede en el meridional estado de Texas, no puede seguir ignorando que opera en países con graves problemas de derechos humanos —como Angola, Camerún, Colombia, Chad e Indonesia—, muchas veces vinculados a trasnacionales que operan en la energía y la minería, dijo Morton Winston, de AI.
AI considera el activismo inversionista un mecanismo efectivo para llevar este mensaje directamente a las salas de reuniones corporativas de Estados Unidos, sostuvo Winston, jefe de relaciones económicas y empresariales de la organización.
Diez organizaciones sindicales y civiles firmaron la propuesta, entre ellas la influyente Federación Estadounidense del Trabajo- Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), el Sistema de Retiro Jubilatorio de los Maestros de Nueva York, y Trillium Asset Management, una firma de inversión socialmente responsable.
ExxonMobil reconoce la existencia de violaciones de derechos humanos en los países donde opera, admitió el director ejecutivo de la compañía, Lee Raymond.
En los países donde hay insurgencia y conflictos armados, hemos condenado cualquier violación a los derechos humanos e intentamos dar un ejemplo positivo tratando a nuestros empleados con dignidad y respeto, sostuvo Raymond en un discurso en abril del año pasado.
Pero se necesitan políticas específicas, sostuvo Winston citando varios ejemplos de operaciones de la empresa en Africa, Asia y América Latina.
La compañía es cuestionada por organizaciones de derechos humanos y ambientalistas por encabezar el consorcio encargado de construir un oleoducto de 1.070 kilómetros desde los meridionales yacimientos de Doba, en Chad, atravesando la selva de Camerún hasta el océano Atlántico.
Los críticos señalan la difícil situación de Chad, donde las fuerzas de seguridad han asesinado a más de 200 civiles desarmados en la región petrolera, según varias denuncias.
El Informe 2002 sobre Prácticas de Derechos Humanos en Chad del Departamento de Estado (cancillería), asevera que las fuerzas de seguridad perpetraron asesinatos extrajudiciales y desapariciones, y continuaron practicando torturas, golpizas y abusos en 2001.
ExxonMobil no puede ser neutral a estas violaciones, sostuvo Winston.
La protección de instalaciones y actividades (de la compañía) conduce frecuentemente a la interacción con fuerzas de seguridad, grupos armados o personal de seguridad privada que exhiben pobres registros en derechos humanos, sostuvo el activista en una comunicado de AI.
La firma afronta una demanda, encabezada por la organización de derechos laborales International Labour Rights Fund, que la acusa de pagar y dirigir fuerzas gubernamentales que cometieron atrocidades mientras protegían sus instalaciones en Indonesia.
Familias de aldeanos fueron asesinadas, torturadas, violadas y raptadas por integrantes de una unidad militar indonesia que custodiaba operaciones locales de ExxonMobil, según el grupo con sede en Washington. La empresa negó cualquier responsabilidad en esos hechos.
AI procuró iniciar un diálogo con Mobil en 1998, cuando aún no se había fusionado con Exxon, sobre sus actividades en Nigeria.
Junto a Trillium Asset Management Amnistía solicitó a Mobil que considerara la situación de dos presos políticos nigerianos, dirigentes del sindicato de trabajadores petroleros, Frank Kokori y Milton Dabibi.
Aunque la compañía se negó, Amnistía continuó dialogando con Mobil después que fue adquirida por Exxon, dijo Simon Billenness, analista de Trillium.
Sin embargo, cuando la nueva compañía no adoptó una política en la materia, Amnistía-Estados Unidos decidió que era tiempo de promover una resolución, explicó Billenness.
Winston ya había convencido a la organización de comprar acciones en ciertas compañías para poder presentar propuestas como accionista.
Si la firma adoptara una política de derechos humanos, beneficiaría en definitiva su propia imagen, según AI.
Las corporaciones se benefician con una mejor reputación, estabilidad en sus inversiones y mejores relaciones con sus empleados, a la vez que reducen el riesgo de publicidad negativa, boicots, campañas de retiro de inversiones y demandas, sostuvo Winston.
En 1997, la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell adoptó una política basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, seguida poco después por British Petroleum y otras compañías.
Según los activistas, existen grandes diferencias de pensamiento entre las corporaciones europeas y estadounidenses. Las corporaciones de Europa occidental están más dispuestas a aceptar sus responsabilidades respecto de los derechos humanos, concluyó Billenness. (FIN/IPS/tra-eng/dk/ml/dcl/hd/02
