Con menos espectacularidad que en Estados Unidos, la Iglesia Católica de Chile afronta también acusaciones de paidofilia contra sacerdotes, uno de los cuales podría ser incluso extraditado desde Italia.
Varios obispos se declararon dolidos por la cobertura que ha dado la prensa a denuncias tramitadas en los tribunales contra tres sacerdotes católicos por abusos sexuales contra menores, cometidos entre 1999 y 2001.
La situación más complicada es la del párroco Víctor Carrera Triviño, trasladado a Italia el año pasado por un tribunal eclesiástico, luego de que se le acusara de violar a un niño de 13 años en la ciudad de Punta Arenas, 2.000 kilómetros al sur de Santiago.
La Corte Suprema de Justicia dio curso el día 6 a un pedido de extradición contra Carrera Triviño, formulado por Guillermo Ibacache, abogado de la familia de la víctima, quien consideró insuficiente la sanción del tribunal eclesiástico de alejar al sacerdote por cinco años de su parroquia.
La Conferencia Episcopal, máximo organismo de la Iglesia Católica chilena, fijará una posición sobre las acusaciones de paidofilia contra clérigos en su asamblea anual, que se celebrará entre el lunes y el viernes de la semana próxima.
Fuentes cercanas a la jerarquía eclesiástica anticiparon que en la reunión se confrontarán las posiciones de los obispos que abogan por dar un tratamiento exclusivamente interno a los casos de pederastia y aquellos partidarios de llevarlos también a los tribunales civiles.
De una u otra forma, la Iglesia chilena se enfrenta, al igual que la de Estados Unidos, al dilema de la 'tolerancia cero' frente a los actos de pedofilia o a un ocultamiento que sugiere impunidad, dijo este jueves a IPS un sacerdote que pidió reserva sobre su identidad.
El obispo de Punta Arenas, Tomás González, dispuso el traslado del sacerdote Carrera Triviño a Pescara, Italia, y su sometimiento en ese país a tratamiento psicológico.
González también debe atender el caso del sacerdote Antonio Larraín, director de un colegio católico de la ciudad de Porvenir, a 300 kilómetros de Punta Arenas, suspendido del cargo en septiembre de 2001 luego de ser acusado ante la justicia de violar a una niña de nueve años.
Larraín se declaró inocente y el obispo González no sólo lo respalda, sino que además ordenó el traslado de Porvenir a Santiago de un sacerdote que apoyó la acusación judicial formulada por los padres de la niña, Héctor Berenguela.
En la localidad de Negrete, en la diócesis de Los Angeles, unos 500 kilómetros al sur de la capital, está acusado ante los tribunales el sacerdote Enrique Valdebenito, por delitos de pederastia contra dos niños de nueve y 10 años que asistían a su parroquia.
En contraste con González, el obispo de Los Angeles, Miguel Caviedes, aconsejó a los familiares de las víctimas que recurrieran a la justicia civil, aunque mantiene a Valdebenito en su cargo, mientras los feligreses de Negrete se dividen entre los que apoyan y los que rechazan al párroco.
El obispo de Punta Arenas, un firme defensor de los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990), sostuvo que la posible extradición desde Italia del cura Carrera Triviño será inútil.
Según el prelado, un proceso en la justicia ordinaria no aportará nuevos elementos, pues el sacerdote ya fue enjuiciado por un tribunal eclesiástico y sentenciado a permanecer cinco años fuera de la diócesis y a seguir un tratamiento psicológico.
Para González, el hecho de que Carrera Triviño haya reconocido públicamente el delito y pedido perdón a la víctima y a sus familiares cierra el caso tanto en la justicia como ante la opinión pública.
Nos ha tratado tan mal la prensa que nosotros como Iglesia Católica estamos muy dolidos. No estamos de acuerdo con la espectacularidad que se da al hecho, dijo el obispo de Punta Arenas.
Otros jerarcas católicos se negaron a revisar el celibato impuesto a los sacerdotes a la luz de los actos de paidofilia.
La paidofilia se da no solo entre los miembros del clero, sino también entre médicos, abogados, militares, profesores y en otras profesiones, dijo el obispo de Rancagua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Javier Prado.
Se ha querido ver que la causa (de la paidofilia) en algunos sacerdotes pudiera ser el celibato, pero no hay ninguna relación entre una cosa y otra, agregó Prado.
El obispo de la meridional localidad de Osorno, Alejandro Goic, sostuvo que el conflicto por casos de sacerdotes pederastas se ha magnificado, con una intención confesada o no de desprestigiar a la Iglesia (Católica), que es la institución más creíble del país.
La Iglesia Católica, añadió Goic, defiende valores fundamentales como el derecho del niño a nacer y la indisolubilidad del matrimonio.
El prelado aludió así al debate formulado en las últimas semanas por legisladores del cogobernante Partido Socialista, que pidieron reinstaurar en la legislación chilena el aborto terapéutico, prohibido desde 1988 por una ley expedida en las postrimerías de la dictadura de Pinochet.
Goic reafimó también el rechazo a la inminente aprobación en el Parlamento legislativo de una ley de divorcio, con la cual Chile dejará de ser la única democracia occidental del mundo que no cuenta con este mecanismo de disolución del matrimonio civil.
La asamblea de la Conferencia Episcopal de Chile de la próxima semana coincidirá con el viaje a Roma del presidente Ricardo Lagos, quien el próximo jueves tendrá una audiencia de 15 minutos con el papa Juan Pablo II y luego una reunión de trabajo con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Angelo Sodano.
Las entrevistas de Lagos con el papa y Sodano no tienen una agenda predeterminada, aunque se da casi por seguro que tratarán el asunto del divorcio, mientras los casos de curas paidófilos no serían considerados por constituir por ahora un problema de poco volumen y circunscrito por la Iglesia a sus instancias internas. (FIN/IPS/ggr/mj/hd cr/02
