La justicia de Brasil impuso condenas centenarias a dos jefes policiales que comandaron una masacre de campesinos en 1996, pero el resultado no satisface al movimiento social ni a defensores de los derechos humanos.
El coronel Mario Pantoja y el mayor (comandante) José María Oliveira, ambos de la Policía Militar, fueron los principales responsables de la matanza de 19 campesinos el 17 de abril de 1996 en Eldorado de Carajás, un municipio del septentrional estado de Pará.
Pantoja, juzgado la semana pasada, fue condenado a 228 años de prisión, al sumar 12 años por cada muerte, mientras que Oliveira, cuyo juicio finalizó el miércoles por la noche, recibió una sentencia de 158 años y cuatro meses. Ambos juicios fueron tramitados en Belém, capital de Pará.
La condena, en la práctica, se reduce a 30 años, que es la pena máxima en Brasil, y como son procesados primarios pueden recurrir a instancia superior de apelación, lo cual posterga el encarcelamiento al menos por tres años, hasta que se dicte la sentencia definitiva, explicó a IPS Charles Trocate.
Además, si los dos condenados son efectivamente encarcelados, podrán obtener la libertad 10 años después, disfrutando los beneficios previstos en la legislación, acotó Trocate, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Pará.
Trocate añadió que, lamentablemente, los verdaderos culpables que ordenaron la represión a tiros de la marcha de los campesinos, el gobernador de Pará, Almir Gabriel, y el comandante general de la Policia Militar de entonces, coronel Fabiano Lopes, no serán juzgados.
Sin embargo, Marcelo Freitas, asistente de la fiscalía en este juicio en representación de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos, entiende que las sentencias fueron un resultado satisfactorio y ayudan a poner fin a la tradición de impunidad de la violencia contra campesinos en Pará.
Pero Freitas y la fiscalía no aceptaron la absolución del capitán Raimundo Lameira, juzgado junto con Pantoja, y pedirán para él un nuevo juicio.
El jurado acogió el argumento de que Lameira sólo cumplió en Eldorado de Carajás órdenes de Pantoja, a quién acompañaba.
Freitas y la fiscalía también solicitarán el inmediato encarcelamiento de Pantoja, con el argumento de que su condena por homicidio calificado y crimen repugnante no permite recurrir en libertad a tribunales superiores.
En las próximas semanas, otro juicio deberá establecer la responsabilidad que tuvieron en esta masacre de campesinos 15 suboficiales y sargentos y, finalmente, se juzgará a 128 soldados por la misma causa.
El MST, al que pertenecían los 19 campesinos asesinados cuando participaban en una manifestación, teme que todos esos policías militares sean absueltos, con el mismo argumento que benefició al capitán Lameira.
El movimiento de trabajadores rurales, conocido por su amplia organización y por ocupar haciendas y predios públicos como forma de impulsar la reforma agraria, se negó a participar en estos juicios por considerarlos llenos de irregularidades por la presión del gobierno y de los hacendados locales.
El MST y otras organizaciones sociales luchan por llevar las causas por los asesinatos de campesinos a los juzgados federales con sede en Brasilia, para neutralizar así la influencia de los poderes locales.
En este caso de Eldorado de Carajás, el proceso fue preparado por la jueza Eva do Amaral Coelho, quien nunca ocultó su antipatía por el MST y su simpatía pos los policías, apuntó Trocate.
La renuncia a la causa de Amaral Coelho, debido a las protestas, no resolvió el problema, pues el trámite de los casos fue seguido con los mismo elementos y pruebas por el juez sustituto.
La condena de los jefes policiales seis años después de la masacre responde a presiones internacionales, como la realizada por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y activistas humanitarios, y no a una disposición de la justicia por penalizar a los culpables, opinó Trocate.
Aún así, es positiva cualquier penalización, porque conocemos la dificultad para condenar policías, especialmente en Pará, pese a las pruebas claras de que hubo una masacre, dijo a IPS James Cavallaro, coordinador del Centro de Justicia Global, una organización no gubernamental de Río de Janeiro.
Su temor coincide con el del MST, de que dificilmente se condenará a los 143 suboficiales, sargentos y soldados que participaron en la masacre. Si un capitán fue absuelto, con más razón serían sus subalternos.
Cavallaro precisó que no se recolectaron las pruebas luego del crimen, como las balas disparadas y halladas en los cadáveres y el examen de residuos de pólvora en las manos de los soldados. También desaparecieron los registros de las armas y sus portadores en la ocasión.
Los testigos tampoco fueron oídos en forma judicialmente válida y hoy muchos temen ser muertos en caso de prestar testimonio, lamentan el coordinador del MST y los abogados de acusación.
De esta forma, será imposible identificar a las personas que dispararon hasta matar a los 19 campesinos, herir a otros 69, y menos aún, los que ejecutaron algunos a cuchillazos. Condenar todos a penas idénticas, sin distinguir los crímenes practicados por cada uno, no seria justo, cree Cavallaro.
Pero Freitas, el asistente de la acusación, espera obtener la condena de todos por coautoría de los homicidios, sin distinción ya que hay un pacto de silencio entre los reos. En ese caso la pena no sería inferior a cien años. (FIN/IPS/mo/dm/hd/02
