El Senado de Argentina cedió a la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), al aprobar este jueves la derogación de la ley que permitía desde 1974 la condena de banqueros, empresarios y funcionarios por delitos económicos.
Los senadores que se opusieron a la derogación consideraron que ésta muestra de manera patética la subordinación de Argentina a los organismos multilaterales de crédito, y sostuvieron la dirigencia política se aísla de la mayoría de la ciudadanía por temor a quedar aislada del mundo.
La derogación de la Ley de Subversión Económica, para la que resta ahora el voto de la Cámara de Representantes, era una de las tres principales condiciones del FMI para iniciar la negociación de un acuerdo financiero con Argentina, que atraviesa la más grave crisis económica, política y social de su historia.
La segunda exigencia es la aprobación de una nueva ley de quiebras, un proyecto que comenzó a ser debatido por la Cámara de Representantes esta misma semana. La tercera es la firma por las provincias de un compromiso para reducir 60 por ciento de sus gastos y abstenerse de emitir bonos para pagar salarios públicos.
La mayoría de los senadores había acordado modificar la ley de subversión económica y no derogarla, como pedía el FMI. El presidente Eduardo Duhalde aceptó los reparos de los legisladores y apoyó la decisión de modificar la ley y mantenerla en vigencia, con el fin de no absolver a banqueros ya procesados.
Si el proyecto es aprobado por la Cámara de Representantes, se transformará en ley, y entonces automáticamente deberían quedar desprocesados o en libertad, los investigados por causas que estén fundamentadas en la existencia de esta normativa.
La Ley de Subversión Económica permitió a la justicia federal investigar y procesar a banqueros que facilitaron la fuga de miles de millones de dólares en 2001, lo que empujó luego al gobierno a restringir el retiro de depósitos bancarios por parte de los ahorradores para evitar la quiebra masiva de bancos.
Estas restricciones, denominadas corralito significaron la confiscación del ahorro de millones de argentinos que aún procuran recuperar sus depósitos.
Mientras, el gobierno analiza con banqueros la posibilidad de mantener la confiscación hasta septiembre y obligar a los ahorradores a canjear sus depósitos por bonos a tres, seis y 10 años de plazo.
La jueza federal Maria Servini advirtió que si la derogación se sanciona dejará en libertad al procesado banquero Carlos Rohm en la puerta del Congreso legislativo. Otros jueces preveían citar a declarar como imputados a decenas de banqueros, incluso del exterior, al amparo de la Ley de Subversión Económica.
La vicedirectora del FMI, Anne Krueger, expresó en Washington su esperanza en que esta semana quedara derogada esa ley y modificada la actual ley de quiebras, que hoy mantiene suspendidos los plazos para la ejecución de las garantías hipotecarias.
No obstante, de manera sorpresiva, la mayoría de senadores, temerosos de que también naufragara la modificación de la ley, se volcó en la madrugada de este jueves por la derogación y la incorporación de parte de los delitos que perseguía en el Código Penal.
El juez en lo penal económico Julio Cruciani consideró que la derogación es mas grave que una amnistía, norma que tiene un alcance amplio.
En cambio, al quedar sin efecto la Ley de Subversión Económica, quedarán en el olvido los delitos cometidos exclusivamente por el sector financiero, que se ha quedado con el dinero de todos nosotros, dijo.
No todos los senadores oficialistas estaban de acuerdo con la modificación de la norma y, por añadidura, rechazaban la idea de que el FMI condicionara un virtual acuerdo a la anulación de una ley que castiga la corrupción de empresarios y banqueros.
El FMI critica la corrupción pero, al mismo tiempo, exigía la derogación de una ley que permitía combatirla, sostuvo en ese sentido el senador Jorge Yoma, quien pertenece, al igual que Duhalde, al Partido Justicialista.
Legisladores justicialistas informaron que el jefe de gabinete de Duhalde, Alfredo Atanasof, llamó este jueves de madrugada por teléfono al jefe de la bancada de senadores de su partido, José Luis Gioja, y le exigió en nombre del presidente que se aprobara la modificación de la Ley de Subversión Económica como fuera.
Así, los senadores justicialistas cercanos a Duhalde reflotaron un proyecto minoritario presentado por partidos provinciales que formulaba la derogación de la ley, que logró la mayoría de los votos.
La derogación de esta ley expresa de manera patética la debilidad del gobierno y del conjunto de las instituciones ante la presión de los organismos internacionales de crédito, sostuvo este jueves el senador Carlos Maestro, de la Unión Cívica Radical, que votó contra el proyecto.
¿Quién puede creer que los argentinos necesitan de manera urgente la derogación de esta ley para salir de una crisis brutal que los mantiene preocupados por la suba de precios, la falta de empleo, la pobreza y la confiscación de su dinero?, se preguntó la senadora opositora Vilma Ibarra.
Se legisla mirando al FMI y no al pueblo argentino, que ya tiene mas de 16 millones de pobres, advirtió Ibarra.
La votación, de 32 votos por la derogación contra 30 en contra, representa una media sanción para el proyecto. Pero el escándalo que se desató el Senado, enfrentado ahora a jueces y millones de ciudadanos, deja en duda el futuro de la ley en la Cámara de Representantes. (FIN/IPS/mv/mj/ip if/02
