El ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, confía en alcanzar este mes el buscado acuerdo con el FMI, pese a la resistencia del Congreso para aprobar leyes requeridas al efecto por ese organismo y a la anunciada protesta sindical.
El FMI (Fondo Monetario Internacional) puso como condición para otorgarle una ayuda crediticia a Argentina la derogación de la ley contra la llamada subversión económica y la reforma de la norma sobre quiebra de empresas, además del compromiso de las provincias de un severo recorte de gastos.
Pero la mayoría de los legisladores se resisten aún a dar sus votos para una nueva ley de quiebra que deje inermes ante los acreedores bancarios a las pequeñas y medianas empresas en crisis.
También se niegan a dejar sin efecto la ley de 1974 que penaliza delitos económicos concretos, que permitiría dejar sin efecto el procesamiento de decenas de banqueros y empresarios investigados por estafas.
En ese marco, el sector disidente de la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país, anunció este miércoles la realización de una huelga general el 14 de este mes, en protesta por las exigencias políticas y económicas del FMI, consideradas por los sindicalistas violatorias de la soberanía.
La paralización decidida por este sector de la CGT, liderado por el camionero Hugo Moyano, suele tener una impacto importante sobre la economía por nuclear a numerosos sindicatos, en especial del sector del transporte.
El Congreso de Trabajadores Argentinos, la otra central sindical del país, aún no se ha pronunciado al respecto, pero podrían adherir si se toma en cuenta que sus dirigentes habían advertido el miércoles sobre una inminente convocatoria a la huelga general.
Moyano anunció la huelga general y también marcha ese día hacia la Plaza de Mayo, ubicada frente a la sede del gobierno, durante el congreso nacional extraordinario de la CGT disidente realizado este viernes en Buenos Aires y que lo ratificó en el liderazgo del grupo.
Mientras, Lavagna aclaró que no hay fechas para (firmar) un acuerdo, pero sí el compromiso de Anne Krueger (vicedirectora del FMI) para dar a la negociación la máxima velocidad posible.
Estamos hablando de mayo o junio, preferentemente mayo, aseguró el ministro este viernes ante corresponsales extranjeros, siete días después de haber sido designado para reemplazar a Jorge Remes Lenicov, en medio de una profunda crisis del sistema financiero.
De esta manera, el nuevo ministro argentino de Economía salió al cruce del portavoz del FMI, Tomas Dawson, quien sugirió esta semana que los plazos para acordar un nuevo desembolso de dinero para Argentina serían más largos que los esperados por el gobierno de Eduardo Duhalde.
Lavagna advirtió que para mantener a Argentina inserta en el mundo se requiere una negociación con el FMI.
Así es como funciona el sistema financiero internacional. No hay que negarse a una negociación con ese organismo (multilateral), lo cual no significa que haya que aceptar todo lo que se plantea, aclaró.
Añadió que Argentina no quiere más negociadores del FMI de alto perfil político, como ocurrió en los últimos meses con las visitas prolongadas de Anoop Singh, jefe del Departamento de Operaciones Especiales del organismo multilateral.
Buenos Aires tampoco consultará cada una de las decisiones que se tomen respecto del tipo de cambio o de las vías de solución para la crisis bancaria, puntualizó.
El acuerdo con el FMI buscado afanosamente por el gobierno de Duhalde ya le costó el cargo a Remes Lenicov, debilitado por las fuertes críticas de legisladores de casi todos los partidos que le atribuían supeditar su estrategia económica a esa negociación.
Ahora, los gobernadores provinciales pertenecientes al Partido Justicialista (peronista), al igual que Duhalde, la mayoría con aspiraciones presidenciales, exigieron al gobierno central que confirme su compromiso de no aislar el país, lo cual se supone ocurriría si se cortan las negociaciones con el FMI.
Lavagna reconoció que la situación del país es muy crítica y precisó que a mediados de este mes vencen 800 millones de dólares de la deuda con el Banco Mundial. Para cancelar esa obligación se negocia un crédito puente con otros organismos multilaterales y gobiernos.
Pero también esos posibles préstamos están sujetos al cumplimiento de los requisitos del FMI.
Muchos legisladores estarían dispuestos a aprobar una reforma a la ley de quiebras, pero se niegan de plano a derogar la ley de subversión económica. Ese es un tema un poco más complejo, reconoció Lavagna.
El ministro cree que con la aprobación de esa norma por parte de una de las dos cámaras se podría avanzar al menos en la obtención de un préstamo transitorio a mediados de mes, justo cuando la CGT disidente tiene previsto realizar la primera huelga general contra el gobierno de Duhalde.
La fuerte caída del producto interno bruto y del empleo preocupan a Lavagna, quien admitió que no hay posibilidad de llevar adelante un plan económico de mediano plazo sin restablecer la confianza en el sistema financiero ni cambiar leyes que plantean dudas a los inversores externos.
La crisis de credibilidad es altísima, por tanto debemos en primer lugar recrear la confianza, comentó. Agregó que es posible encarar una etapa inicial de reactivación por la vía del aumento de las exportaciones y una merma en las importaciones.
Lavagna entiende que el colapso económico que afronta su país devino a causa de haber postergado la resolución de problemas desde mediados de los años 90, cuando el régimen de paridad de un peso argentino-un dólar debió ser modificado.
Desde 1995 a hoy fueron más los meses de caída que de recuperación del producto, apuntó. La recesión nació en el último trimestre de 1998 y ahora se calcula que la declinación de la actividad podría alcanzar entre 10 y 15 por ciento a fines de este año.
Lavagna le quitó parte de la responsabilidad a la dirigencia política al indicar que el problema es de raíz económica, aunque puedo reconocer que la dirigencia fue responsable de no haber visto que el esquema había fracasado hacía rato. (FIN/IPS/mv/dm/if ip/02
