Gran Bretaña se está convirtiendo en paraíso de traficantes de especies amenazadas de extinción por la debilidad de sus leyes y la omisión de sus autoridades, advirtió la organización ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Los traficantes británicos corren poco peligro de ser detectados y perciben ganancias enormes, mientras el daño que inflingen a las especies exóticas es incalculabe, indica el estudio Crimen y castigo en el comercio de vida silvestre, divulgado el miércoles por WWF y la organización Traffic.
El contrabando de especies salvajes se ubica en segundo lugar en importancia económica después del narcotráfico en Gran Bretaña, de acuerdo al estudio realizado por investigadores de la Universidad Wolverhamptom.
La superposición de leyes y la actitud de jueces y magistrados, que no valoran seriamente el daño a la fauna y la flora, propician este delito. El castigo habitual que imponen los tribunales es una multa de 1.500 dólares.
El impacto de los delitos que atentan contra la supervivencia de las especies no es considerado en forma apropiada por los tribunales que entienden en estos casos, indica el estudio.
Sin embargo, el panorama no es completamente desalentador, pues en los últimos meses la justicia dispuso algunos castigos ejemplarizantes.
El traficante Raymond Humphrey fue sentenciado en enero a seis años y medio de cárcel por ingresar ilegalmente a Gran Bretaña aves en peligro de extinción procedentes de Tailandia.
Humphrey, que tenía 45 condenas previas, transportaba aves de caza en tubos de plástico dentro de maletas, muchas de las cuales morían. En 1997 fue detenido con 23 ejemplares. La policía halló en su casa 54 aves de caza y otras especies exóticas.
Otros casos describen situaciones más frecuentes. La empresa Renaissance Corporation admitió que vende prendas fabricadas con el pelo del antílope tibetano, una especie gravemente amenazada.
La policía confiscó 138 chales, para cuya confección se requirió el pelo de hasta 1.000 antílopes, con un valor de medio millón de dólares. Pero la compañía sólo tuvo que pagar una multa de 2.200 dólares.
En 1998, Harold Sissen fue detenido con seis guacamayos de cabeza azul y tres guacamayos Llar, una especie en peligro de extinción. Una pareja reproductora de guacamayos lear se cotiza en el mercado negro a 75.000 dólares, asegura la investigación.
La justicia sentenció a Sissen a dos años y medio de prisión, luego reducidos a 18 meses. En septiembre del año pasado, las autoridades decidieron confiscar 220.000 dólares de sus fondos, pero la medida fue apelada.
Tres meses de prisión fue la pena impuesta a Robert Sclare por falsificar permisos de importación. En su tienda de animales embalsamados, Sclare tenía ejemplares muertos de una hembra de tigre y cachorros de sólo dos semanas.
El WWF busca que las autoridades aprueben una serie de pautas para jueces y fiscales, pues la mayoría no reciben muchos casos de este tipo, dijo a IPS el activista Anthony Fields.
Los jueces deben recibir más información sobre las amplias repercusiones ambientales, sociales, económicas y culturales del comercio ilegal de especies silvestres, sostuvo.
La situación en Gran Bretaña es peor que en Estados Unidos, donde las multas y penas son más duras y las autoridades tienen una comprensión más profunda del fenómeno.
Alemania prevé hasta 10 años de prisión para el daño a especies amenazadas de extinción con el fin de obtener ganancias. Pero este tipo de penas no existen en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), puntualiza el informe.
La Ley de 1997 para el Control del Comercio de Especies Amenazadas (COTES), como tigres, rinocerontes y elefantes, es insuficiente, según los investigadores.
Estas disposiciones no autorizan a las autoridades a realizar detenciones a las personas en infracción. Sin embargo, quien trafique con especies nativas raras puede ser detenido, de acuerdo a la Ley de Vida Silvestre y Campestre de 1981.
Es extraño que una persona sea detenida por vender una rana común de una especie protegida en Gran Bretaña, pero no pueda serlo por vender un tigre o un rinoceronte, dos de las especies más raras del mundo, dijo el director de conservación de WWF Francis Sullivan.
Las leyes deben modificarse, en favor de penas más severas y arrestos para ayudar a la policía a poner freno a este comercio escandaloso, agregó el activista.
El informe recomienda a los magistrados británicos a estudiar las previsiones de la COTES, a la luz de la Ley de Aduanas y Recaudación, que sí permite arrestos.
Se requiere una interpretación de los lineamientos establecidos por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Gran Bretaña necesita un marco legal apropiado, aplicable y efectivo, respaldado por la voluntad judicial y política de hacer cumplir las leyes, concluye el estudio. (FIN/IPS/tra-en/ss/sm/lp/dcl/en/02
