Una ola de indignación desató en América del Sur y Europa la ley agrícola aprobada por el Congreso legislativo de Estados Unidos, autoproclamado campeón del libre comercio, que incrementa casi 80 por ciento los subsidios para el sector.
Argentina y Brasil anunciaron que recurrirán a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras Uruguay, otro país agropecuario, todavía estudia los pasos a seguir.
La ley agrícola (Farm Bill), derogatoria de una norma de 1996 que restaba beneficios públicos a los agricultores, establece un aumento de casi 80 por ciento a los actuales subsidios, que llegarán así a sumar 170.000 millones de dólares en los próximos 10 años.
El proyecto había sido aprobado el viernes pasado por la Cámara de Representantes, y el Senado, dominado por legisladores del Partido Demócrata, lo sancionó el miércoles por 64 votos contra 35.
La OMC prohíbe que los incentivos agrícolas de Estados Unidos excedan los 19.100 millones de dólares anuales, por lo que la nueva ley ordena al Departamento de Agricultura que ajuste los subsidios dentro de esos límites.
La ley le garantiza a los agricultores estadounidenses un ingreso más estable al aumentar los subsidios para los granos y el algodón, además de restaurar los incentivos a la producción de lana y miel, leche, maní y lentejas.
También prevé un incremento de casi 80 por ciento para el gasto en programas destinados a la conservación de tierras, en beneficio de los ganaderos y granjas de frutos y vegetales, históricos huérfanos de la protección oficial.
El presidente George W. Bush prometió promulgr la ley, pese a las críticas de Australia, Canadá, la Unión Europea y en especial de países agropecuarios sudamericanos, cuyo desarrollo depende en gran medida de las exportaciones de ese sector.
Las exportaciones agropecuarias de Argentina representan 52 por ciento del total nacional, las de Bolivia, 39 por ciento, las de Brasil, 33 por ciento, las de Chile, 15 por ciento, las de Colombia, 37 por ciento, las de Ecuador, 67 por ciento, las de Perú, 24 por ciento, y las de Uruguay, 55 por ciento.
Varios gobiernos criticaron la contradicción entre el discurso liberal y las políticas internas de Washington.
Estados Unidos apoyó en septiembre un llamado del Grupo de Cairns, integrado por de 18 países agropecuarios, a una profunda reforma del sistema internacional de comercio y a eliminar todas las formas de ayuda interna que (lo) distorsionan.
El representante (ministro) de Comercio Exterior estadounidense, Robert Zoellick, aseguró el martes que la ley agrícola no debe poner en duda la intención del gobierno de Bush de eliminar los subsidios a las exportaciones y mejorar el acceso a los mercados.
No obstante, reconoció que Washington no hace todo lo que debería por el libre comercio. Nos merecemos las críticas que nos hacen. Tenemos que buscar más apertura, dijo Zoellick.
El canciller de Brasil, Celso Lafer, anunció que prepara un arsenal legal contra Estados Unidos para presentar ante la OMC, pues la ley afecta las exportaciones de su país, en particular las de soja.
Brasilia calculó en 9.600 millones de dólares las pérdidas que sufrirá en los próximos cuatro años a causa de la nueva ley agrícola, que aumentará drásticamente la oferta estadounidense y le hará perder mercados a los exportadores sudamericanos.
Por su parte, el secretario de Agricultura de Argentina, Rafael Delpech, afirmó el miércoles que Buenos Aires no se va a quedar de brazos cruzados si los ingresos de los productores se deterioran por los elevados subsidios agrícolas estadounidenses.
Delpech advirtió que la ley aprobada el miércoles causará daños profundos en el comercio internacional y anunció que su país también recurrirá a la OMC.
El ministro de Agricultura de Uruguay, Gonzalo González, todavía estudia la nueva norma estadounidense, pero el sector productivo uruguayo ya reaccionó con dureza.
La ley nos crea un esceptisismo muy grande sobre las negociaciones que Estados Unidos estaba llevando a cabo con Uruguay para un acuerdo comercial, dijo a IPS el vicepresidente de la uruguaya Asociación de Cultivadores de Arroz, Hugo Manini Ríos.
No se le puede cerrar la puerta a un país que quiere trabajar en lo que tiene que trabajar. Hace una falta de sensibilidad hacia los países emergentes, cuya principal opción para el desarrollo es la producción agropecuaria. No podemos estar regidos por la ley del más fuerte, añadió el dirigente.
Manini Ríos advirtió que la ley estadounidense dañará a los productores brasileños de soja y algodón, que podrían volcarse a la producción de arroz, que competirá con cultivos uruguayos, originando así en un círculo vicioso que producirá un desastre en el Cono Sur de América.
Mientras, el premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz dijo que la ley agrícola aprobada el miércoles es la perfecta ilustración de la hipocresía del gobierno de Bush en relación con la libertad comercial.
La norma también causó malestar en los más cercanos aliados de Estados Unidos, como Canadá, su principal socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El ministro de Agricultura canadiense Lyle Vanclief dijo que los subsidios serán un serio golpe para la credibilidad de Estados Unidos en la próxima ronda de comercio mundial, acordada por la IV Conferencia Ministerial de la OMC celebrada el año pasado en Doha.
Los subsidios también podrían afectar la competitividad de Australia en Asia, principal destino de muchos productos agropecuarios estadounidenses.
Varios senadores del gobernante Partido Republicano se habían opuesto a la iniciativa porque implicaba un enorme costo financiero y un paso atrás en la política de liberalización comercial, y el propio Bush la había rechazado en un comienzo por su temor a que causara una sobreproducción.
Pero Bush reconoció la importancia de la ley de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que estados agropecuarios como Arkansas, Dakota del Sur, Georgia, Iowa, Minnesota y Missouri pueden determinar el mantenimiento de la mayoría del Senado en manos demócratas.
La diferencia a favor del Partido Demócrata en la cámara alta es hoy de un solo voto.
De ahí que tanto actuales senadores como nuevos aspirantes quieran proyectar una imagen positiva ante los agricultores, incluso si sus intereses están en conflicto con pares del mismo partido e incluso si significa darle la espalda a la ley de 1996 que dio inicio a una nueva era en la agricultura de Estados Unidos, señaló esta semana el diario The Miami Herald.
Además, para obtener la reelección en 2004, Bush necesita mantener los votos que ganó en esos estados del centro y el sur del país. (FIN/IPS/rp/mj/dv if/02
