TAILANDIA: Agricultores e indígenas unidos contra el gobierno

Minorías indígenas y pequeños agricultores del norte de Tailandia dejaron atrás sus diferencias para exigir al gobierno varias reformas, entre ellas la redistribución de la tierra cultivable, 70 por ciento de la cual permanece improductiva o subutilizada.

Una serie de protestas ante la sede del gobierno provincial de la septentrional ciudad de Chiang Mai, iniciadas el 10 de marzo, resultaron en la formación de una coalición que superó las tensiones entre nueve etnias y agricultores sin tierra y desfavorecidos de la región montañosa del norte del país.

La nueva coalición exige al primer ministro Thaksin Shnawatra respuesta a demandas presentadas un año atrás, como el derecho de las minorías étnicas a la ciudadanía tailandesa, y plantea nuevas reivindicaciones, entre ellas impuestos proporcionales a los ingresos y solución al endeudamiento en el sector.

Unos 900.000 indígenas, entre ellos los karen, hmong, lahu, akha, lisu y yao, minoritarios en una población total de 70 millones de personas, han tenido poco contacto con los habitantes de las tierras bajas y son estereotipados como cultivadores y traficantes de drogas, analfabetos y primitivos.

”La satanización de las minorías étnicas y la perpetuación del mito de que no son tailandeses han formado parte de los textos de estudio, la historia oficial y los principales medios”, afirmó Dhayan Vaddanaputti, profesor de ciencia política de la Universidad de Chang Mai.

Pero agricultores e indígenas apostaron a lo que tienen en común y dejado a un lado las diferencias impuestas en base a la lengua y la cultura.

”Los problemas que enfrentamos en el norte son los mismos de los agricultores pobres y marginados de todo el mundo”, sostuvo una declaración de la Asamblea de Pueblos Indígenas y Tribales de Tailandia (APIT), aliada a la Federación de Agricultores del Norte.

Ambas organizaciones protestan por la desigualdad en la tenencia de la tierra, el acceso a áreas forestales conservadas por el gobierno, los bajos precios de los productos agrícolas y la falta de apoyo del Estado a los pequeños productores.

En el aspecto ambiental, otros reclamos se refieren a serios daños causados por proyectos promovidos por el gobierno como la planta de energía eléctrica de Mae Mo y la reserva de Mae Mok, ambas en la septentrional provincia de Lampang.

Todas estas reivindicaciones fueron incluidas en la lista de demandas presentada al gobierno de Thaksin a comienzos del año pasado.

La distribución de la propiedad de la tierra es altamente desigual en Tailandia.

Un estudio realizado en el año 2000 por el economista Preecha Watanya reveló que hasta 90 por ciento de la población tiene parcelas menores a un rai, medida local equivalente a 0,2 hectáreas. El 10 por ciento del sector más rico de la población es propietario de parcelas de unas 16 hectáreas.

Sin embargo, grandes extensiones de tierra en mano de la clase alta continúan sin ser cultivadas, tras haber sido compradas durante el auge económico de los años 80 y 90 como garantías de préstamos bancarios.

Hasta 70 por ciento de las tierras productivas están subutilizadas o simplemente abandonadas, según estimaciones de expertos.

La situación indigna a los sin tierra y aquellos que tienen parcelas mínimas o viven bajo la línea de la pobreza, 17 por ciento de la población, según la Oficina Nacional de Estadísticas.

Además, las leyes existentes estipulan que los derechos de propiedad de la tierra pueden ser revocados por el Estado si la tierra es abandonada o mal aprovechada durante 10 años consecutivos.

Una de las demandas de la coalición de indígenas y agricultores es que la tierra improductiva propiedad de inversores o utilizada como garantía sea comprada por el gobierno y rentada o vendida a los agricultores pobres a precios accesibles, explicó Serbsakun Kidnukorn, de la Asamblea de Agricultores del Norte.

Los manifestantes también exigen impuestos proporcionales a los ingresos y la reforma de la legislación de reforma agraria, así como una investigación sobre los planes del gobierno de arrendar tierras a inversores extranjeros.

Una exigencia central es el derecho a la ciudadanía de las personas pertenencientes a las minorías indígenas.

”Es una cuestión de derechos humanos que las personas nacidas en el país no tengan estatuto legal personal y por lo tanto tampoco derechos a la tierra, el trabajo y los otros beneficios que un ciudadano debe tener”, dijo Sakda Saenmi, de la no gubernamental IMPECT, dedicada a temas indígenas.

El Plan Maestro para el Desarrollo Comunitario, el Ambiente y el Control de Narcóticos en las Tierras Altas 2002-2006 es rechazado por la coalición, que llama al gobierno a interrumpir todos los programas asociados.

Según la APIT, ”el plan es prejuicioso y reitera falsas imágenes sobre los pueblos de las montañas”.

El problema del endeudamiento, que afecta a los agricultores de las tierras altas y bajas, también contribuyó a unir a los productores pobres.

”Entre 90 y 95 por ciento de los pequeños agricultores de Tailandia están endeudados, por unos 1.630 dólares por unidad familiar”, explicó Pruek Thaowin, de la Federación de los Agricultores del Norte. Los pequeños agricultores son aquellos que cultivan parcelas menores a 0,3 hectáreas.

Según el gobierno, 40 por ciento del total de los agricultores tailandeses están endeudados por un total de 9.300 millones de dólares, pero Pruek sostiene que la estimación es baja. Alrededor de 70 por ciento de la población tailandesa participa en la producción agrícola. (FIN/IPS/tra-en/tag/js/lp/mlm/hd dv/02