El incremento de la delincuencia en la capital de Perú llevó a las autoridades locales a contratar los servicios del ex jefe de Policía de Nueva York Willian Bratton (1994-1996), a quien se atribuye el gran descenso de la criminalidad en esa ciudad estadounidense en la década pasada.
La contratación de Bratton fue difundida esta semana en la página de acuerdos municipales del diario oficial El Peruano. El policía recibirá 40.000 dólares por un primer diagnóstico de la delincuencia en Lima y probables soluciones, que debe entregar el mes próximo.
Bratton, artífice de la teoría conocida como tolerancia cero según la cual las faltas menores alientan los delitos graves, ya brindó asesoramiento en otros países de América Latina, como Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela.
La policía de Lima calcula que en esta ciudad de siete millones de habitantes se cometen cada año 34.000 rapiñas y arrebatos, 28.000 robos en viviendas, 6.000 estafas y 3.500 ataques de pandillas juveniles. Pero expertos calculan que 30 por ciento de los delitos cometidos no son denunciados.
Ocho automóviles promedio son robados cada día, y que la micro comercialización de drogas y la prostitución clandestina se extienden por la capital, especialmente en el Centro (casco) Histórico y sus alrededores, según la policía.
Bratton encontrará en Perú una sociedad cuyos municipios y población urbana han asumido diversas iniciativas para enfrentar la delincuencia y sus prácticas cada vez más violentas.
Las pandillas juveniles, fenómeno creciente atribuido al desempleo, se pelean entre sí, roban a transeúntes o vendedores ambulantes e integran las denominadas barras bravas, grupos que suelen tomar por asalto violentamente barrios enteros durante los partidos de fútbol.
En los barrios de clase alta y media, los concejos municipales apelaron a una institución tradicional de la época colonial española, el serenazgo, cuerpo parapolicial constituido por personas uniformados pero desprovistos de armas que actúan con el respaldo de un policía.
Mientras, en los barrios populares, con el apoyo de la policía, grupos de residentes crearon las denominadas juntas vecinales de seguridad.
A la gestión de Bratton en Nueva York, que en 1994 era considerada la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, se atribuye la reducción de 68 por ciento los homicidios y 50 por ciento los delitos graves en general en los cinco años siguientes.
Pero la policía neoyorquina fue objeto en ese periodo críticas de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron un recrudecimiento de las prácticas represeivas, en especial contra minorías étnicas.
Una de sus formulaciones han sido denominada las teoría de la ventana rota: Si aceptamos que los pandilleros rompan un vidrio, luego romperán todos los del edificio y el siguiente paso será quebrar una puerta o ventana para ingresar en él, dijo.
Los edificios y ambientes vecinales tugurizados y con aspecto de abandono invitan a la desmoralización y a las conductas antisocialers, añadió Bratton.
Esta filosofía, que promueve la sanción de las faltas leves, se complementa con un mayor rigor en el castigo de los delitos y la colaboración permanente de los vecinos.
La mayoría de los 37.000 grupos vecinales de seguridad existentes en todo Perú se crearon para realizar tareas comunales como limpieza, cuidado de jardines y promoción de actividades deportivas, pero incorporaron la vigilancia antidelictiva entre sus funciones, informó el viceministro del Interior Gino Costa.
Las encuestas coinciden en que, desde 1998, la mayoría de la población urbana identifica la delincuencia y la inseguridad como principal problema social, junto con el crítico desempleo.
Entre 1980 y 1998, periodo de violencia política abierto por acciones de dos organizaciones insurgentes, el problema prioritario era también la inseguridad, pero a causa de los atentados, según los estudios de opinión pública.
Ahora, el origen de la inseguridad ha sido reemplazado por la delincuencia, estimulada, según expertos, por la crisis económica y por los métodos violentos empleados por los guerrilleros.
La seguridad privada es uno de los pocos sectores rentables en Perú. La mayoría de las empresas cuentan con guardias de seguridad propias, mientras las viviendas de clase alta y media alta parecen prisiones protegidas por rejas de hierro y alarmas electrónicas.
Este desaliento origina una especie de cultura de la impunidad, actitud que favorece el incremento de la criminalidad, señaló César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana.
Debe realizarse una campaña educativa de valores para convencer a la población de que la impunidad no tiene cabida, e incorporar a los ciudadanos en la práctica de la seguridad preventiva y en el respaldo activo a las autoridades policiales, agregó Ortiz.
Mientras el alcalde de Lima, Alberto Andrade, contrataba a Bratton, el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso legislativo, Marciano Rengifo, proponía la creación por ley de un sistema nacional de seguridad ciudadana.
Rengifo explicó que el sistema nuclearía a la policía nacional, los gobiernos municipales y la sociedad civil organizada, con asesoramiento de empresas privadas de seguridad. (FIN/IPS/al/mj/ip/02