Israel usa el agua, la comida y los medicamentos como armas de guerra en su ofensiva militar contra campamentos de refugiados palestinos, denunciaron agencias de la ONU, organizaciones humanitarias y grupos de derechos humanos.
El ejército israelí bloquea en forma selectiva a equipos humanitarios para impedirles entregar agua y alimentos a los palestinos, acusó la Agencia de Socorros y Trabajos de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Próximo Oriente (UNRWA).
El agua y la comida que UNRWA logró entregar fue distribuida principalmente entre mujeres y niños que precisaban ayuda desesperadamente luego de estar atrapados 14 días seguidos, declaró Richard Cook, director de operaciones de la agencia.
Las fuerzas de Israel bloquearon en forma específica la entrega de suministros a hombres, en particular en el campamento de refugiados de Jenín, donde el ejército israelí fue acusado de masacrar a cientos de palestinos la semana pasada.
UNRWA, la única agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) presente en Gaza y Cisjordania, precisa con urgencia acceso ilimitado al campamento para poder atender a la gran cantidad de personas que necesitan desesperadamente suministros básicos y atención médica, urgió Cook.
Marty Rosenbluth, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en Estados Unidos, opinó que lo ocurrido en los territorios ocupados es una forma de castigo colectivo, y exhortó a la comunidad internacional a garantizar el agua, la comida y la atención médica a los civiles.
Hemos pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que envíe un equipo de expertos internacionales para investigar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos perpetradas en Jenín en los últimos 12 días, dijo Rosenbluth a IPS.
El derecho internacional establece que, cuando se producen muertes en circunstancias discutidas, debe haber una investigación imparcial con la participación de todas las partes, recordó.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, desea saber toda la verdad sobre lo ocurrido en Jenín, declaró el miércoles su portavoz, Fred Eckhard, quien reconoció que sólo hubo acceso controlado a los campamentos de refugiados.
John Quigley, profesor de la Universidad de Ohio y autor del libro Genocidio en Camboya, Palestina e Israel, consideró inadmisible privar a una población civil de sus medios de sustento y cuidado de la salud, sin importar los objetivos militares.
Israel debería pagar una compensación monetaria a las víctimas y a sus familiares, opinó.
Atacar a civiles, por ejemplo disparando misiles desde helicópteros hacia áreas residenciales, como hace Israel, es un crimen de guerra, afirmó Quigley.
El Consejo de Seguridad de la ONU instó varias veces a Israel a respetar la Cuarta Convención de Ginebra, que establece las reglas de la guerra, recordó Alí Abunimah, vicepresidente de la Red de Acción Arabe-Estadounidense, con sede en Chicago.
Al negar agua, alimentos y asistencia médica a la población, arrasar propiedades públicas y privadas y destruir deliberadamente la economía de los territorios ocupados, Israel comete una flagrante violación de esa convención, señaló.
Lo paradójico es que la Convención fue aprobada en 1949, en respuesta directa a las atrocidades nazis en Europa, agregó Abunimah.
Un grupo de 15 países conocidos como las Altas Partes Contratantes, entre ellos Estados Unidos, tiene la obligación legal de hacer cumplir la Convención.
Lamentablemente, el mundo es indiferente a las atrocidades cometidas bajo sus propias narices, lamentó Abunimah.
Ya el año pasado, la ONU recibió denuncias de la utilización de los alimentos como arma de guerra por Israel.
Jean Ziegler, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, informó que los gobiernos de Israel, Afganistán y Birmania estaban acusados de violar el derecho básico a la alimentación.
Ziegler recibió un informe conjunto de organizaciones no gubernamentales (ONG) palestinas, israelíes e internacionales que acusaron a Israel de negar el acceso al agua y los alimentos a las comunidades de Gaza y Cisjordania.
Las ONG afirmaron que las políticas de Israel amenazan de inanición a los más pobres y documentaron daños de largo plazo o permanentes al estado nutricional de los grupos más vulnerables, como los niños y los refugiados, escribió Ziegler.
La destrucción del sistema de agua en los territorios ocupados no tiene nada que ver con la seguridad, sostuvo Nabil Shaath, ministro de Planificación y Cooperación Internacional de la ANP en una reunión de la ONU celebrada el martes en Chipre.
La medida está destinada a humillar a los palestinos y refleja la intención de Israel de apoderarse de toda el agua, más que el 82 por ciento que ya confiscó, dijo el ministro.
Shaath consideró que lo de Jenín fue un crimen de guerra. Las fuerzas israelíes demoraron seis días para cometer la masacre y seis días más para hacer la limpieza y eliminar las pruebas, afirmó.
Si bien durante los combates se podía alegar razones de seguridad, ¿cuál fue la razón para impedir que agencias humanitarias entraran a la zona durante los seis días de limpieza?, preguntó. (FIN/IPS/tra-en/td/ml/mlm/hd-ip/02
