Las fuerzas de seguridad de España maltratan y torturan con impunidad a inmigrantes e integrantes de minorías étnicas, afirmó este martes en un informe la organización no gubernamental humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Hombres, mujeres y niños han sido sometidos a abusos verbales, maltrato físico, detención arbitraria y en algunos casos incluso tortura, afirmó la autora del estudio, Gillian Fleming, en la presentación del mismo en Madrid.
AI, con sede en Londres, constató aumento de los casos de tortura y malos tratos de 1995 a 2002, y enumeró en el estudio 320 casos de malos tratos con componente racista a personas provenientes de 17 países, con predominio de víctimas marroquíes, colombianas y nigerianas.
Los casos que hemos documentado demuestran un esquema de violación, por agentes del Estado, de los derechos de integrantes de minorías étnicas o personas extranjeras en España, destacó Fleming, cuyo estudio se titula España, crisis de identidad, tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado.
La discriminación de estas personas, tolerada por las autoridades, las hace más vulnerables a ser sujetos de tortura o malos tratos, añadió.
La presidenta de la sección española de AI, Eva Suárez-Llanos destacó la gran preocupación de su organización por el aumento de este tipo de denuncias.
Suárez-Llanos explicó que entre los casos que se mencionan con extensión en el informe, hay seis de muerte bajo custodia de fuerzas de seguridad, y cinco de violación o asalto sexual por parte de agentes del Estado.
En un solo mes, y en un solo barrio de una sola ciudad vasca, en 1999, se registraron 47 casos de malos tratos a extranjeros detenidos, según AI.
La Defensoría del Pueblo de la Comunidad Autónoma del País Vasco confirmó este martes a IPS esa información, y añadió que las detenciones correspondientes se produjeron en el barrio de San Francisco, en la nororiental ciudad de Bilbao.
De enero de 1999 a octubre de 2000 se registraron por lo menos 28 muertes de personas que estaban detenidas y bajo custodia de la militarizada Guardia Civil, indicó AI.
La organización humanitaria remitió su informe a los Ministerios de Interior y de Justicia, y solicitó entrevistas con funcionarios de ambos, para analizar el problema y con la aspiración de que se adopten las recomendaciones incluidas en el estudio.
El portavoz del gobernante Partido Popular (PP) en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, rechazó las acusaciones y afirmó que las fuerzas de seguridad tienen un profundo sentido humanitario ante la inmigración.
Gil Lázaro calificó el informe de AI de carente de rigor, y arguyó que las denuncias contra la Guardia Civil no son compatibles con las acciones de ese cuerpo en el Estrecho de Gibraltar, para salvar a inmigrantes que intentan ingresar al país desde Marruecos en frágiles embarcaciones.
No obstante, admitió que pueden exigir casos aislados, pero en escasas ocasiones, y rechazó en forma rotunda que exista ensañamiento contra inmigrantes.
Las fuerzas de seguridad sí actúan con especial dedicación en la persecución de redes criminales que trafican con el dolor de esas personas, dijo en alusión a quienes transportan de manera irregular a los inmigrantes.
La presentación del informe concluyó con un llamamiento de AI a las autoridades españolas para que elaboren, adopten y pongan en práctica una estrategia nacional y un plan de acción para combatir todas las formas de racismo.
Es necesario adoptar medidas específicas para prevenir la tortura, los malos tratos y cualquier manifestación de racismo durante la administración de justicia, enfatizó la organización.
En el acto de presentación del informe, dirigentes de la sección española de AI señalaron expresiones racistas de diputados oficialistas y opositores.
El diputado Rafael Centeno, del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dijo por ejemplo en febrero de este año que los moros son para Marruecos, donde tienen que estar.
El adjetivo peyorativo moros también fue utilizado unos meses antes por el diputado Domingo Triguero, del gobernante Partido Popular (PP), quien calificó al aumento de la corriente inmigratoria de invasión de moros y morillos.
La recuperación de la democracia en 1975 y el ingreso a la Unión Europea en 1986, con un fuerte crecimiento económico, revirtieron la previa tendencia a la emigración de los españoles. Muchos regresaron y aumentó el ingreso de extranjeros.
El número de extranjeros con residencia legal en el país, registrados en el Ministerio del Interior, era 198.042 en 1981, aumentó a 938.783 en 2000 y llegó a 1.109.060 en 2001. Cálculos oficiales indican que habría además unos 300.000 inmigrantes sin permiso de residencia. (FIN/IPS/td/mp/hd pr/02
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