Un nuevo modelo de desarrollo basado en la colaboración de gobiernos, corporaciones y sociedad civil fue presentado este jueves en Londres, con el auspicio del Banco Mundial.
La propuesta Putting Partnering to Work (Poniendo la asociación a trabajar) requirió un estudio de tres años de 30 experiencias puestas en práctica en más de 20 países.
Los proyectos concebidos por 120 empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias de gobiernos reunidas en la iniciativa Socios de Negocios para el Desarrollo (BPD), procuran recorrer un camino intermedio entre la hostilidad hacia las corporaciones y la ausencia total mde inversión privada.
Hay demasiadas conferencias y muy poca implementación, por lo cual esta propuesta hace el camino inverso, sin estruendo y logrando que las soluciones funcionen, dijo la ministra de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña, Clare Short, cuya cartera contribuyó a varios proyectos del estudio.
La idea central es reunir las competencias de las corporaciones, los gobiernos, las comunidades y las ONG. Ningún gobierno u organización puede afrontar la tarea en forma aislada. Debemos reconocer las diferentes fortalezas y capacidades y crear sociedades y redes en lo nacional e internacional, que potencien esas fortalezas, agregó Short.
Este es un territorio nuevo. Es una nueva forma de pensar. Y mi esperanza es que logre comprometer a las empresas en el nuevo abordaje, pues la moneda del desarrollo comunitario no es sólo dinero, es conocimiento y experiencia, sostuvo el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn.
Un ejemplo de esta perspectiva es el proyecto realizado en el oriental estado de Bolívar, en Venezuela, con participación de la compañía minera canadiense Placer Dome, que construyó un centro de salud en sociedad con el gobierno nacional, autoridades locales y ONG.
Fue un consorcio de fortalezas. La empresa suministró la administración y algo de financiamiento, el gobierno aportó el terreno, el trabajo quedó a cargo de las comunidades y las ONG pusieron el equipo técnico, explicó a IPS Michael Warner, coordinador de varios proyectos de la iniciativa.
Esta formulación introdujo un nuevo proceso de negociación que puede conducir a un nuevo modelo para muchas otras asociaciones, dijo Warner.
Como resultado de la concertación de esfuerzos, incluso después que la compañía se retirara ante la falta de resultados en su exploración minera, el centro de salud permaneció para servir a la comunidad local.
Los proyectos analizados en el estudio se llevaron a cabo en cuatro grandes rubros: petróleo y gas natural, agua y saneamiento, desarrollo juvenil y seguridad en el tránsito.
Con todo, el informe advierte que la asociación no es la panacea. Este tipo de vínculos no siempre son la mejor opción, pues las tensiones lcoales pueden hacerlos inviables.
Para las corporaciones, un proyecto puramente filantrópico seguramente no logrará el respaldo y compromiso institucional necesario para atravesar los buenos y malos momentos del proceso, por lo cual la asociación funcionará donde se sirvan los intereses de la compañía y los costos sean compartidos, señala el documento.
Este tipo de soluciones son inevitables cuando se reconocen los recientes flujos de inversión extranjera y el decreciente flujo de la ayuda, agregó Warner.
La BPD fue creada para explorar formas en que la inversión beneficie a los accionistas y también a la población pobre de las áreas donde actúa la compañía y lo que la diferencia de la simple participación comunitaria es que se comparten los riesgos y la administración, explicó.
Varios ejecutivos señalaron el impacto de la creciente influencia de las ONG y de sus reclamos al sector privado.
En 1995, la organización internacional Greenpeace condujo una efectiva campaña contra la compañía petrolera anglo-holandesa Shell por su manejo del buque petrolero Brent Spar y más tarde por no proteger al activista nigeriano Ken Saro-Wiwa, ejecutado en 1996 junto a otras ocho personas por el régimen militar de su país.
Las corporaciones necesitan conciencia para su propia supervivencia, dijo Mark Moody-Stuart, presidente de Shell entre 1998 y 2001, y actual director del grupo Acción Empresarial para el Desarrollo Sustentable.
Creo firmemente que si una corporación no es percibida como un contribuyente útil por la sociedad —y eso incluye a nuestros clientes y empleados— eso puede constituir una verdadera amenaza para su existencia, afirmó Moody-Stuart durante la presentación del informe.
Las trasnacionales necesitan una licencia social informal para operar, concluyó. (FIN/IPS/tra-eng/ss/jrc/dcl/dv/if/02
