La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de un sistema internacional de inspecciones para verificar torturas en lugares de detención, pese a objeciones de algunos países como Cuba y Estados Unidos.
La decisión adoptada esta semana por la Comisión de Derechos Humanos quedará firme cuando en los próximos seis meses reciba el respaldo de dos de los máximos cuerpos del foro mundial, el Consejo Económico y Social (Ecosoc) y la Asamblea General.
Una vez vigente, con la ratificación de al menos 20 países, el mecanismo permitirá que expertos independientes realicen visitas sorpresivas a los lugares de detención de los países parte del tratado.
El instrumento, denominado Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, funciona con el sistema de dos pilares, consistentes en un mecanismo internacional y otro nacional, explicó Mark Thompson, de la Asociación para la Prevención de la Tortura, organización internacional no gubernamental con sede en Ginebra.
La iniciativa se basa en el principio de la prevención, a la que el nuevo relator especial sobre la tortura de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Theo van Boven, de Holanda, juzgó más importante que la corrección.
El protocolo constituye un hito en la historia de los derechos humanos porque es uno de los primeros instrumentos preventivos del sistema jurídico internacional, evaluó el representante de Suiza Jean-Daniel Vigny, cuyo país apoyó el proyecto en su calidad de observador en la ONU.
Las visitas brindarán a los expertos internacionales y nacionales la oportunidad de examinar los lugares de detención y de asesorar a los gobiernos para idear fórmulas que reduzcan al mínimo el riesgo de torturas, describió el representante de la Comisión Internacional de Juristas Ian Seidermann.
La sola posibilidad de una visita mejora las condiciones de las cárceles y disminuye el peligro de que se produzcan abusos graves, como la tortura, dijo, por su parte, la representante de la organización de derechos humanos Human Rights Watch Joanna Wenschler.
Con una experiencia profesional de cinco años en investigación sobre las condiciones carcelarias, Weschler resaltó el carácter cerrado, por definición, de las prisiones, sin comunicación con el exterior.
El ex relator especial sobre la tortura Nigel Rodley, de Gran Brataña, que renunció en noviembre, había reclamado en su último informe una transformación radical del supuesto predominante en la sociedad internacional sobre la naturaleza de la privación de la libertad.
Por lo menos durante un siglo, dijo Rodley, se aceptó el paradigma de que las prisiones, los locales de policía y otros centros de detención son lugares cerrados y secretos. Es necesario reemplazar el paradigma de la opacidad por el de transparencia, reclamó.
El proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura contempla el establecimiento de un comité internacional y multidisciplinario de 10 expertos independientes con la misión de visitar cualquier centro de detención de los países ratificantes del tratado.
Entre las facultades del comité se incluye la inspección del trato y de las condiciones de detención deparadas a las personas privadas de su libertad, y también, si fuera necesario, el asesoramiento a los Estados para que cumplan sus obligaciones.
El protocolo requiere, así mismo, a los Estados que creen o mantengan mecanismos nacionales de visita, con acceso, sin previo consentimiento, a cualquier lugar de detención y con el mismo objetivo de proteger a las personas encarceladas.
Thompson justificó el tratado con el argumento de que existen una cultura de impunidad y una cultura de mala administración de las prisiones que deben modificarse.
La posibilidad de disponer de un equipo de expertos internacionales que lleguen a observar las condiciones en las cárceles prestará un verdadero apoyo a los funcionarios de los países que se ocupan de esos problemas, pronosticó Thompson.
La representante de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Melinda Ching, indicó que los centros de detención son los lugares donde se producen con mayor frecuencia los abusos, con la finalidad de extraer confesiones o informaciones y de intimidación.
Esos abusos son más frecuentes cuando los funcionarios carecen de formación y de disciplina, apuntó Ching.
Las organizaciones no gubernamentales tuvieron una participación activa a lo largo de los 10 años que demandó la negociación del texto del protocolo facultativo, en un grupo de trabajo creado por la ONU, que fue presidido por la jurista costarricense Elizabeth Odio, actual vicepresidenta de su país.
Pero la iniciativa no alcanzó consenso entre los 53 países que integran la Comisión de Derechos Humanos ni tampoco entre los demás observadores en el organismo.
La adopción del protocolo, con 29 votos favorables, 10 contrarios y 14 abstenciones, se logró después de un arduo debate en el que Cuba apeló a obstáculos procesales para aplazar por lo menos un año la votación.
Contra el proyecto se pronunciaron también Arabia Saudita, China, Corea del Sur, Japón, Libia, Malasia, Nigeria, Sudán y Siria.
Las objeciones de los opositores a la iniciativa se fundaron en que permite las visitas de expertos sin el consentimiento de los países, uno de los argumentos que suelen frustrar generalmente el consenso para la aprobación de los protocolos de verificación en los tratados internacionales.
Estados Unidos, que este año sólo participó como observador en la Comisión Derechos Humanos, también objeta el poder de visita virtualmente irrestricto que el protocolo concede al cuerpo de expertos.
Washington consideró difícil conciliar el otorgamiento de los poderes de inspección a los expertos con las necesidades de establecer límites y equilibrios a cualquier autoridad delegada.
Los países europeos, que apoyaron la aprobación del protocolo, cuentan con el antecedente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que ha realizado visitas a 41 de los 43 estados miembros del Consejo Europeo.
Ese organismo ha demostrado el valor preventivo de las visitas y de las recomendaciones, observó la representante de Amnistía Internacional. (FIN/IPS/pc/mj/hd/02
