El acuerdo para la venta de un reactor nuclear de fabricación local a Australia causó revuelo en sectores ambientalistas de Argentina, temerosos de que el negocio convierta al país en basurero atómico.
En lo que se considera la exportación de tecnología más importante de la historia del país, el INVAP (Instituto Nacional de Investigaciones Aplicadas) ganó una licitación en 1999 para construir un reactor nuclear de investigación para Australia por 180 millones de dólares, derrotando a rivales como Siemens de Alemania.
Según las autoridades, el reactor ya está construido en un 16 por ciento en las instalaciones del INVAP en Bariloche, unos 1.600 kilómetros al sudeste de la capital, y en el proceso están involucrados más de 300 científicos y técnicos locales.
El contrato comercial para la construcción del reactor entre el INVAP y la empresa australiana ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organization) fue avalado por el gobierno argentino, a través de un acuerdo de cooperación con Australia en agosto de 2001.
El acuerdo fue ratificado por el Senado argentino y deberá ser debatido ahora en la Cámara de Diputados.
Sectores ambientalistas, sin embargo, se oponen férreamente al proyecto. Aseguran que, según el contrato, el INVAP se compromete a acondicionar los residuos atómicos de Australia en territorio argentino, en abierta violación a la Carta Magna.
Según la no gubernamental Greenpeace, que bloqueó la aprobación del acuerdo de cooperación en la Cámara de Diputados en noviembre, los desechos nucleares serían destinados al Centro Atómico Ezeiza, cerca del aeropuerto internacional de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad.
Los ambientalistas señalan el riesgo de fuga de radiación en el transporte y la manipulación de los residuos, que en contacto con seres humanos pueden provocar cáncer y malformaciones.
Sin embargo, las autoridades niegan tal cosa. Héctor Otegui, gerente general del INVAP, aseguró a Tierramérica que Argentina tiene una larga trayectoria de seguridad nuclear y que es falso que se esté pensando en depositar definitivamente en Argentina los residuos del reactor atómico.
Lo que el contrato comercial prevé, explicó Otegui, es que si Australia lo solicita en el futuro, los combustibles residuales del reactor argentino pueden ser procesados y acondicionados en la Argentina para su almacenamiento en Australia.
Dichos combustibles, aceptó Otegui, son radiactivos, pero no violan la carta fundamental según le aseguraron, dijo, varios constitucionalistas.
Por su parte, algunos analistas han calificado de inexistente el peligro nuclear.
Porque, primero, habría que ver si Australia llega a necesitar el procesamiento del combustible. Segundo, si Australia quisiera ese procesamiento, el potencial riesgo es ínfimo: la tecnología de traslado de materiales nucleares es peligrosa sólo en la percepción distorsionada de las organizaciones antinucleares, escribió hace poco Julio Orione, del diario Clarín.
Pero los grupos verdes no se rinden. Insisten en que el INVAP tiene la intención de ofrecer servicios de procesamiento de basura nuclear al mundo, según dijo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente.
Juan Carlos Villalonga, director de energía de Greenpeace, considera por su parte que el colapso económico, político e institucional que vive Argentina puede ser terreno fértil para el negocio de la basura nuclear.
La vulnerabilidad argentina de hoy se parece mucho a la observada tras la crisis rusa de 1998 que derivó en una ley que permite el ingreso de residuos atómicos, aseguró Villalonga a Tierramérica.
La avidez de divisas por parte de países con problemas económicos hace que en muchos casos se termine por aceptar residuos nucleares que nadie desea en su territorio, observó.
Estas advertencias fueron consignadas por unos 70 grupos ambientalistas en una carta al presidente Eduardo Duhalde. (FIN/Tierramérica/mv/02
