Los líderes de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) decidieron este lunes postergar una eventual suspensión de Zimbabwe como país miembro del grupo hasta recibir un informe sobre la conducción de las elecciones del próximo fin de semana.
Los jefes de gobierno de la Commonwealth, reunidos en el balneario de Coolum, en la provincia australiana de Queensland, rechazaron el pedido de grupos opositores de Zimbabwe de imponer sanciones inmediatas al gobierno de Robert Mugabe.
Esos grupos acusaron al gobierno de perseguir activistas del opositor Movimiento para el Cambio Democrático y de intentar arreglar las elecciones.
La postergación responde a un esfuerzo por reconciliar las profundas divisiones dentro de la comunidad de 54 países, en su mayoría antiguas colonias británicas.
El primer ministro británico, Tony Blair, había recomendado sanciones inmediatas contra el gobierno de Mugabe, al que calificó de «dictatorial».
Para salir del paso, los líderes optaron por condenar la violencia política en Zimbabwe y prometieron revisar la situación tras recibir el informe de los 50 observadores de la Commonwealth que supervisarán los comicios de los días 9 y 10 de marzo.
La decisión sobre la suspensión probablemente se adoptará dentro de nueve días, una vez realizadas las recomendaciones de los observadores a una comisión integrada por el primer ministro australiano, John Howard, el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, y el presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo.
Howard, quien preside la comisión como jefe de gobierno del país anfitrión de la reunión, rechazó las acusaciones de ineficiencia del órgano.
La Commonwealth posee «un mecanismo seguro, rápido y justo» para juzgar la conducción de las elecciones en Zimbabwe, replicó el mandatario.
En el Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, un grupo de trabajo especial, Gran Bretaña y Australia urgían en forma aislada a la suspensión de Zimbabwe, sometido a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Los otros miembros del Grupo de Acción (Canadá, Bangladesh, Nigeria, Malasia, Botswana y Barbados) respaldaban la postergación de las sanciones hasta considerar los informes de los observadores electorales.
La iniciativa de Gran Bretaña y Australia se encontró con una fuerte oposición de los miembros africanos de la Commonwealth, en especial de Nigeria.
Los 54 países de la Commonwealth representan aproximadamente un tercio de la población mundial.
Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda son los miembros más poderosos y aportan la mayor parte del presupuesto de la comunidad.
Sin embargo, como las decisiones comunitarias se adoptan por consenso, los países más ricos no pueden imponer su punto de vista en algunos temas.
En vísperas de la reunión, Mugabe, que no participa de ella, le mandó decir a Blair «que se vaya al infierno», según el diario oficialista The Herald, de Zimbabwe.
«Nuestro pueblo es el que decide y eso es lo único que importa. El gobierno británico no tiene el derecho ni la responsabilidad de decidir sobre nuestras elecciones», declaró el presidente de Zimbabwe.
Líderes opositores advirtieron a la Commonwealth que luego de las elecciones Zimbabwe podría sumirse en una crisis peor que la de Ruanda, donde en 1994 murieron masacradas hasta un millón de personas.
«Hemos sido decepcionados por todos», declaró Sekai Holland, secretaria de asuntos internacionales del Movimiento para el Cambio Democrático, en respuesta a la falta de acción inmediata de la Commonwealth.
Holland había advertido a los líderes de la comunidad que, desde febrero de 2000, miles de personas fueron asesinadas, violadas y torturadas por milicias y fuerzas del gobierno de Zimbabwe. (FIN/IPS/tra-en/bb/js/mlm/ip/02
