El vicealmirante Carlos Molina Tamayo, el oficial de mayor rango entre los militares venezolanos en actividad que exigieron la renuncia del presidente Hugo Chávez, anunció que apelará su pase a retiro, pues la nueva Constitución lo autoriza a manifestarse «como ciudadano con uniforme».
«La mía fue una manifestación cívica, como ciudadano uniformado», dado que el carácter de militar en actividad no impide «decirle al país lo que creo que no va bien», declaró a IPS Molina Tamayo, quien el 18 de febrero criticó en público a Chávez.
La abogada Mayra Vernet confirmó este jueves que apelará ante el Tribunal Supremo de Justicia la decisión del Ministerio de Defensa de pasar a retiro a Molina Tamayo, a quien ella representa.
Molina Tamayo dijo que en su intervención pública se apegó a la Constitución Bolivariana, impulsada por el propio Chávez y aprobada en diciembre de 1999 y que abrió la puerta para una «beligerancia política de los militares, sin armas».
El antiguo régimen constitucional prohibía a los militares expresarse públicamente sobre la política nacional e incluso no les permitía votar. Esto cambió con la nueva carta política.
El pronunciamiento de Molina Tamayo fue precedido el 7 y 8 de febrero por similares declaraciones del coronel de aviación Pedro Soto y del capitán de la militarizada Guardia Nacional Pedro Flores. Soto fue pasado a retiro y se declaró en «desobediencia civil». Flores fue sancionado, pero aún permanece en actividad.
Luego de Molina Tamayo, el general de aviación Román Ruiz Gómez también criticó a Chávez por «uso político de las Fuerzas Armadas».
Así mismo, los militares disidentes acusaron al mandatario de «autoritario» y de haberse desviado de su proyecto original de cambios políticos, la «revolución social bolivariana», iniciada con su investidura presidencial en febrero de 1999.
Molina Tamayo aseguró a IPS que su pronunciamiento no constituyó un acto de «insurgencia» ni un intento de desestabilizar el país.
Los pronunciamientos en serie de oficiales contra Chávez fueron individuales y, según analistas, si bien expresan malestar con la gestión presidencial, no llegan a constituir una crisis militar que pueda desembocar en un golpe de Estado.
La situación es inédita en el país y se relaciona con el importante papel cumplido por las Fuerzas Armadas en el actual gobierno.
Chávez, que en febrero de 1992, siendo teniente coronel en actividad organizó una rebelión militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, designó a oficiales activos y retirados en cargos clave de su administración.
Numerosos planes sociales son ejecutado por militares, «pese a que no tienen experiencia en el área», mientras «se ha dejado en segundo plano la experiencia de organizaciones de la sociedad civil», dijo a IPS el politólogo Arturo Sosa.
El vicepresidente Diosdado Cabello es también un oficial retirado.
La presencia de militares en el gobierno deja en evidencia que las Fuerzas Armadas son un sostén primordial del gobierno, que no cuenta con un partido político sólido. El Movimiento V República (MVR) fue fundado por Chávez poco antes de las elecciones de 1998.
Chávez negó tajantemente que los pronunciamientos de febrero constituyan una amenaza para su gobierno y recalcó que «está sumamente tranquilo» en ese sentido.
«¿En qué lógica cabe que, si se estuviese preparando un golpe de Estado, los pronunciamientos se harían por separado, por goteo y quemando figuras como vicealmirantes y generales?», dijo el presidente, quien mantuvo varias reuniones con el alto mando militar en las últimas semanas.
A juicio de Chávez, los militares que lo cuestionan «se han prestado a un show mediático montado por la oposición, que con esto demuestra que está huérfana de liderazgo».
De hecho, el primer pronunciamiento, el del coronel Soto, fue recibido con respaldo opositor en las calles, que incluso impidió la detención del oficial. Salvo Flores, ninguno de los oficiales ha sido detenido.
Para el ministro de Defensa José Vicente Rangel, estos acontecimientos son la «mejor demostración (de) que existe libertad de expresión». Sin embargo, reiteró que existen pronunciamientos públicos reñidos con «el uso del uniforme como militar activo».
En tanto, el diario El Universal informó este jueves sobre un estudio realizado por la policía política, que supuestamente investigó a casi 500 oficiales activos sobre sus tendencias y relaciones políticas.
Rangel negó «terminantemente» que «se haya ordenado una investigación de esa naturaleza» y aseguró que el informe divulgado por diario puede ser «parte de la guerra mediática».
Aunque la presión política se ha reducido en los últimos días, analistas creen que las Fuerzas Armadas no están ajenas a la polarización política que vive el país, por lo que no se descartan nuevas expresiones de descontento. (FIN/IPS/ac/mj/ip/02
