Los empresarios y los sindicalistas de Venezuela, con aval de la jerarquía católica, firmaron este martes un programa mínimo de acción que exige al presidente Hugo Chávez un giro radical de su política.
Las llamadas «Bases para un acuerdo democrático» fueron firmadas con un telón de fondo de agitación laboral: 285.000 educadores dejaron sin clases durante dos días a siete millones de alumnos, y los gerentes y empleados de la compañía estatal Petróleos de Venezuela se niegan a trabajar bajo la nueva dirección designada por el gobierno.
Médicos, trabajadores del tren metropolitano de Caracas, empleados de tribunales y de otros entes públicos también están en conflicto exigiendo el pago de salarios adeudados. «La mesa está servida para una huelga general», dijo el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega.
La CTV, de la mano de Ortega, y la principal organización empresarial, Fedecámaras, representado por su presidente, Pedro Carmona, firmaron un documento que quedó abierto a la adhesión de otros actores sociales.
La Conferencia Episcopal venezolana avaló el acuerdo en el acto público de este martes, y en representación del clero manifestó su adhesión el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, el sacerdote jesuita Luis Ugalde.
Los firmantes pidieron la adhesión a los 10 puntos de las «Bases» de religiosos, partidos políticos opositores, universidades y academias, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Las emisoras de televisión transmitieron el acto en directo.
El programa es un decálogo de enunciados generales para «salir de la crisis» económica, social e institucional de la que responsabilizan al gobierno de Chávez y cuya salida inmediata del gobierno pide abiertamente la CTV y por ahora sólo insinúa Fedecámaras.
Las «Bases» plantean la necesidad de superar la pobreza (que en distinto grado afecta a 80 por ciento de la población), y no sólo con medidas de distribución de riqueza sino de más producción y productividad.
También destacan la necesidad de que el plan sea «inclusivo» y que «revierta la tendencia a excluir». Insisten en que un acuerdo a desarrollar sea civil, democrático y respetuoso de la autonomía entre poderes, así como «pacífico y tolerante».
Al leerse el quinto punto, «que la Fuerza Armada sea institucional y no deliberante», el auditorio, compuesto por empresarios, sindicalistas, políticos y dirigentes de organizaciones no gubernamentales opositoras a Chávez, rompió en aplausos.
El mes pasado, varios oficiales en actividad —si bien ninguno con mando de unidades de combate— hicieron arengas públicas contra el presidente, solicitaron su renuncia y dieron pie a rumores de un golpe de Estado en ciernes, contra el cual advirtió la Organización de Estados Americanos.
El documento aboga luego por eficacia y transparencia en la administración pública, por eñ equilibrio entre el Estado y la sociedad civil —con respeto a los derechos sindicales, de educación y a la salud— y por mejores empleos con atención a los derechos de contratación colectiva.
El gobierno aún no reconoce la conducción de la CTV presidida por Ortega, del tradicional partido socialdemócrata Acción Democrática, elegida directamente por unos 400.000 sindicalistas en un proceso al que se atribuyó irregularidades e impugnaciones.
La distancia entre el gobierno y la central sindical es un factor de irritación adicional en el clima de enfrentamiento que vive el país.
El ministro del Interior, Ramón Rodríguez, se reunió este lunes con la cúpula de la Iglesia Católica —que se había rehusado a recibir a Chávez en un reciente cónclave, en protesta por las críticas del presidente al clero— y anunció su disposición a dialogar con Fedecámaras, pero no con la CTV.
El texto firmado por la CTV y Fedecámaras propone una nueva inserción internacional para Venezuela, fórmula mediante la cual la oposición critica a Chávez por desmarcarse del gobierno de Estados Unidos, y cierra con llamados a la ética mediante la educación en valores y el castigo a los corruptos.
A renglón seguido, Carmona dijo que las «Bases» son «una señal de esperanza para trascender el clima de conflictividad que se exacerba desde el oficialismo, y en defensa del estado de derecho».
Luego, el presidente de Fedecámaras se negó ante la prensa a suscribir los llamados a la renuncia del presidente.
En cambio, Ortega dijo que «este es un régimen técnicamente caído, está en terapia intensiva y el presidente, por el bien del país, debe renunciar e irse». A continuación, informó que la oposición parlamentaria propondrá formalmente la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato presidencial.
Con la actual correlación de fuerzas, la oposición no tiene posibilidades de reunir más de 75 votos en la unicameral Asamblea Nacional de 165 escaños, pero apuesta a que la erosión política del gobierno origine disidencias en el oficialismo.
Elegido por primera vez en diciembre de 1998, Chávez lanzó en 1999 un proceso de reforma constitucional, se relegitimó en comicios generales en 2000, con 60 por ciento de sufragios, y debería gobernar hasta febrero de 2007, según el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia.
Mientras las posiciones del oficialismo y la oposición se consolidan, surgen voces que apuestan por el diálogo, como las del ex líder socialista Teodoro Petkoff, el sacerdote Armando Janssen — de la organización de promoción social Sinergia— y el no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Provea invitó este martes al país a «envainar la espada y arar por la inclusión social» en el marco de la Constitución de 1999, desmontando «tres mitos» que suponen otros tantos obstáculos.
El primer mito es el de que «el país está dividido radicalmente entre chavistas y antichavistas», cuando los sectores radicalizados alrededor de uno y otro polo no representan más de 30 por ciento de la población, según la organización.
El segundo mito es presentar «el autoritarismo en el otro bando», cuando, según Provea, el gobierno sataniza críticas legítimas de sus rivales y la oposición presenta a Chávez equivocadamente como un tirano, a sus seguidores como «turbas» y a la oposición como «sociedad civil».
El tercer mito es el de que «la solución a los problemas del país pasa por la salida de Chávez». Según Provea, «el gobierno no puede ignorar la voluntad de quienes le piden cambios, pero una salida abrupta del presidente, alejada de la voluntad popular, los profundizaría». (FIN/IPS/jz/mj/ip/02
