El esfuerzo conjunto de cuatro países de Europa Central por integrarse a la Unión Europea (UE) es bloqueado por una disputa sobre el tratamiento a la minoría de origen alemán en la antigua Checoslovaquia tras la Segunda Guerra Mundial.
El problema hizo cancelar la cumbre anual del grupo de Visegrad, integrado por República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, prevista para el viernes con una agenda sobre subsidios agrícolas y financiamiento en una UE ampliada.
El presidente de Hungría, Viktor Orban, exigió que República Checa anulara decretos promulgados en agosto de 1945 por el entonces presidente de Checoslovaquia, Eduard Benes, para expulsar y privar de ciudadanía y propiedades a unos 2,5 millones de personas de origen alemán, llamadas sudetes, y unos 30.000 húngaros.
Críticos contemporáneos sostienen que la medida culpó a toda una comunidad étnica por los crímenes del nazismo, pero los aliados contra Hitler la consideraron correcta en aquel momento.
Los húngaros se vieron afectados por el apoyo de su país a Alemania durante la guerra.
Los sudetes vivieron a lo largo de las fronteras septentrional, occidental y meridional de la actual República Checa, desde el siglo XII hasta el siglo pasado. Después de su expulsión, la mayoría de ellos se instalaron en Alemania, y miles fueron asesinados hasta 1947.
La contienda involucra ahora a República Checa y Eslovaquia, parte de la antigua Checoslovaquia hasta 1993.
El primer ministro checo, Milos Zeman, fue duramente criticado por Alemania y Austria tras decir en una entrevista publicada en enero por la revista austríaca Profil que los sudetes eran «la quinta columna de Hitler» y «traidores» que tuvieron suerte de salir con vida.
El canciller (primer ministro) alemán, Gerhard Schroeder, canceló una visita a Praga prevista para el 22 y 23 de este mes debido a esas declaraciones.
Orban dijo el 22 de febrero a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, que estudia el pedido de ingreso a la UE de países de Europa Central, que los llamados Decretos Benes, aún vigentes, son «incompatibles con la legislación europea».
República Checa y Eslovaquia deberían anularlos para unirse a la UE, sostuvo.
Los primeros ministros de República Checa y Eslovaquia anunciaron que boicotearían la reunión del 1 de marzo en protesta por las declaraciones del presidente húngaro, y Budapest se vio obligada a cancelar la cumbre del Grupo de Visegrad, una reunión clave para discutir el ingreso a la UE.
Los integrantes del grupo espera sumarse a la UE en 2004, junto con Chipre, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Malta. Se estima que Bulgaria y Rumania ingresarán pocos años después.
El alemán Guenter Verheugen, Comisionado de Apmliación de la UE, dijo tras los comentarios de Orben que los Decretos Benes son un asunto «bilateral» que no debe figurar en las negociaciones por la expansión de la UE, pero sus palabras no lograron poner fin a la polémica.
Políticos de centroderecha de Alemania y Austria han amenazado con bloquear los esfuerzos checos por ingresar al bloque europeo si los decretos no son revocados.
Orban, que disputará una difícil elección en abril, dijo estar «convencido de que (los decretos) perderán en forma automática su efecto una vez que Eslovaquia y República Checa sean admitidos en la UE».
Erika Steinbach, presidenta de la Federación Alemana de Expulsados, enfatizó que la República Checa sólo puede ser admitida en la UE sólo si los decretos son revocados.
«Está pendiente hace tiempo y es tristemente necesario que el gobierno de Alemania y los de otros Estados de la UE exijan anular los decretos de expulsión como condición indispensable para el ingreso», afirmó.
El canciller checo, Jan Kavan, sostuvo que el boicot de la cumbre del Grupo de Visegrad fue correcto.
Políticos de Praga y Bratislava también exigen a Hungría que revise su Ley de Estatuto, vigente desde el mes pasado, que brinda trabajo temporal y beneficios educativos y médicos, entre otros, a unos 3,5 millones de húngaros que viven en los países vecinos, excepto Austria.
La UE aseveró que la ley húngara podría ofrecer preferencias inaceptables a un grupo de ciudadanos del bloque europeo después de que éste se amplíe.
Además, Orban sugirió que no respaldará la campaña de Eslovaquia para sumarse a la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), si Bratislava no acepta la Ley de Estatuto.
Analistas políticos afirman que los Decretos Benes legalizaron la «limpieza étnica» y el concepto de culpa colectiva.
La comentarista Petruska Sustrova indicó en el diario checo Lidovenoviny que «Orban está en lo correcto al decir que la Europa moderna no puede tolerar legislación basada en el principio de la culpa colectiva», a pesar de la falta de tacto y populismo del presidente húngaro.
Algunos colaboradores de los nazis se convirtieron en traidores, y otros se apoderaron de las propiedades de los primeros, señaló. (FIN/IPS/tra-en/bk/ss/lp-mp/ip/02
