El presidente de Trinidad y Tobago, Arthur Robinson, permanece en funciones ante la falta de un sustituto, pero su mandato de cinco años finalizó en la medianoche del lunes.
La imposibilidad de elegir nuevo presidente es una de las consecuencias del estancamiento político que vive esta nación del Caribe meridional desde los comicios de diciembre, cuando cada uno de los dos primeros partidos políticos obtuvieron 18 escaños en el parlamento.
Un colegio electoral integrado por miembros de las dos cámaras legislativas es el encargado de nombrar al jefe de Estado, que no tiene facultades ejecutivas.
Pero el parlamento no se reúne desde octubre, cuando el entonces primer ministro Basdeo Panday anunció la realización de elecciones antes de haber cumplido un año de su segundo mandato.
Panday se vio obligado a llamar a elecciones anticipadas en medio de acusaciones de corrupción y de divisiones del partido Congreso Nacional por la Unidad (UNC, por sus siglas en inglés).
Pero se niega a respaldar al Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), del primer ministro, Patrick Manning, en la elección de un presidente del parlamento que dirija la nueva legislatura.
La designación de Manning como primer ministro, resuelta por Robinson para superar el bloqueo político creado en diciembre, fue rechazada por su rival Panday, quien además, bloquea la designación de un nuevo presidente del parlamento, sin el cual la asamblea legislativa no puede reunirse.
«Daremos los pasos necesarios para asegurar que no haya presidente del parlamento, y si no lo comprenden y creen que es una locura, hay un método en la locura», dijo Panday a los periodistas.
Manning intenta que el parlamento reanude sus sesiones antes del 9 de abril, para cumplir las disposiciones de la Constitución.
Robinson envió la semana pasada una carta a Manning para ofrecerse a continuar en la presidencia por un periodo máximo de un año, siempre que la decisión fuera considerada de interés público.
La Sección 33 (3) de la Constitución dispone que, en los casos de vacancia de la presidencia después de la expiración del mandato, «el actual mandatario deberá continuar hasta 30 días después de la elección del Presidente».
Panday consideró «totalmente inapropiada» la propuesta de Robinson que, a su entender, es «un pedido enmascarado de otro mandato». «Robinson es parte del problema, ¿cómo puede ser parte de la solución?», se preguntó.
Por su parte, Manning aseguró a los periodistas que la permanencia de Robinson en la presidencia fue acordada con Panday durante las negociaciones posteriores a las elecciones de diciembre.
Panday replicó que el asunto fue discutido «informalmente» y como asunto secundario, por lo cual «no fue incluido en el acuerdo Crowne Plaza», alcanzado en ese momento.
Durante las negociaciones, Panday y Manning convinieron en cooperar para superar el estancamiento electoral. Pero desde que Robinson designó primer ministro a Manning, Panday se negó a honrar el acuerdo Crowne Plaza, alegando que el nombramiento violó la Constitución.
Panday no reconoce la legitimidad del gobierno de Manning, y a comienzos de este mes rompió las negociaciones iniciadas para superar el estancamiento político.
El diario Express destacó que las crisis política «no ayuda en nada al país, que tiene que decidir quién dice la verdad entre el presidente, el primer ministro, el predecesor de éste y el ex fiscal general».
«Ningún presidente fue elegido, y por lo tanto, el saliente continúa en su cargo», sentenció el ex fiscal general Ramesh Lawrence Maharaj.
Manning recibió el domingo un voto de confianza de Washington, cuando el embajador estadounidense en Trinidad y Tobago, Roy Austin, dijo en un programa radial que su gobierno considera legítima la administración del actual primer ministro.
El embajador puntualizó que Estados Unidos desearía «ver al gobierno operando de modo normal. Esto no parece estar ocurriendo, pues el parlamento no se reúne y no se aprueban leyes. Preferiríamos que los trinitarios y sus dirigentes tomaran una decisión al respecto».
Austin aseguró que Washington no desea interferir en el proceso político. «No queremos intervenir de ningún modo, porque si lo hiciéramos, seríamos atacados por uno u otro lado», dijo. (FIN/IPS/tra-en/pr/aa/lp/ip/02
