El gobierno de Sudán aceptó una modificada propuesta de Washington para proteger a civiles en la guerra civil, con la esperanza de que se reanude la mediación estadounidense en ese conflicto, suspendida el mes pasado.
Los bombardeos gubernamentales contra civiles en la región meridional del país, donde operan los insurgentes, fueron el principal obstáculo a las gestiones del ex senador estadounidense John Danforth, enviado especial de Washington para mediar en la guerra civil, que ha durado 19 años.
Danforth no logró que el gobierno sudanés se comprometiera a cesar esos ataques durante la visita a Khartoum que realizó el mes pasado, y dos bombardeos posteriores contra personas reunidas para recibir ayuda humanitaria llevaron a Washington a suspender su mediación.
Khartoum sostiene que los civiles no son bombardeados en forma deliberada, y acusa al insurgente Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS) de utilizar escuelas y hopitales como cobertura para sus combatientes.
«Lo que pasó se debió a un error como los que ocurren en todas partes, incluso cuando no se usan armas y tecnologías anticuadas como las nuestras», dijo el encargado de asuntos sudaneses en Nairobi, Mohamed Dirdeiry, en referencia a un bombardeo posterior a la visita de Danforth que causó la muerte de 17 civiles.
Luego el gobierno sudanés anunció que aceptaba una nueva propuesta del enviado estadounidense, que implica el cese de bombardeos contra civiles y el compromiso del EPLS de no cometer abusos contra no combatientes.
Khartoum arguye que esta iniciativa es más equilibrada que la anterior de Washington, sólo referida a las acciones gubernamentales.
«Hemos dejado muy claro a Estados Unidos que estamos de acuerdo con el cese de los bombardeos, pero es por completo injusto referirse sólo a ese problema, si el objetivo es proteger a los civiles contra todo tipo de riesgos», dijo Dirdeiry.
«También debemos hablar de ataques con artillería realizados en su mayor parte por el EPLS, de la colocación de minas terrestres y del uso de instalaciones civiles con fines militares por parte del EPLS», sostuvo.
La nueva propuesta estadounidense satisface la demanda de Khartoum de una referencia a «la necesidad de evitar el uso de civiles como escudos humanos», una práctica que el gobierno sudanés atribuye a los insurgentes.
Dirdeiry expresó su confianza en que es posible avanzar hacia la paz tras la acptación de la iniciativa de Danforth.
«Pienso que era el único obstáculo que quedaba. Ahora que lo retiramos, podemos sentarnos con los rebeldes y con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo integral», afirmó.
Los comentarios de Washington fueron más cautelosos.
«Lograr la firma de un acuerdo no es nuestro principal objetivo en este momento», indicó este martes en un comunicado la Casa Blanca.
«La historia de Sudán está llena de acuerdos y compromisos que nunca se implementaron. El único modo de romper ese círculo vicioso es que todas las partes en conflicto actúen en cumplimiento de la palabra empeñada, y que observadores internacionales lo verifiquen en el terreno», aseveró.
«Lo que queremos es que las partes en conflicto empiecen por un honesto compromiso de no atacar a civiles inocentes, y que luego acuerden establecer un mecanismo viable para verificar que hagan lo que prometieron», añadió.
Organizaciones humanitarias sudanesas reaccionaron con escepticismo ante la decisión de Khartoum, y alegaron que se trata sólo de un intento de recuperar prestigio, tras los ataques del mes pasado.
«El gobierno de Sudán ha adquirido cierto nivel de educación política, y miente para que la gente lo escuche» dijo el sacerdote Dominic Otwari, de la Nueva Red Sudanesa de Organizaciones No Gubernamentales Indígenas.
«Hoy dice que va a proteger a los civiles, y mañana va a intentar borrarlos del mapa, para que operen las firmas petroleras (en la región en la cual se produjeron los últimos bombardeos). Quizá teme que Estados Unidos apoye a EPLS», comentó.
«Khartoum sabe que su última declaración tranquilizará a muchas personas preocupadas, pero no actúa con sinceridad, porque su actual política es erradicar a la población civil de la región meridional», opinó Acuil Banggol, de la Federación de organizaciones de la Sociedad Civil Sudanesa.
El gobierno «no está listo para negociar porque no es honesto. Esto es sólo política de relaciones públicas para mejorar su imagen, cuando aumenta el conocimiento de lo que ocurre en la zona de conflicto. Cuando la comunidad internacional crea que todo está bien, Khartoum volverá a atacar», pronosticó.
«Atacan a civiles durante la distribución de alimentos porque quieren aterrorizarlos y dispersarlos, para que no mueran ante los ojos de la comunidad internacional sino hundidos en los pantanos, donde van a seguir bombardeándolos», aseguró.
La guerra civil enfrenta a las comunidades de la región septentrional representadas por el gobierno, que son en su mayoría árabes y musulmanas, y a las de la región meridional, en su mayoría cristianas o animistas, que son 35 por ciento de la población y a las cuales representa el EPLS.
El conflicto se agravó en 1983, cuando Khartoum decretó la imposición de la ley islámica en todo el país, y desde entonces ha causado la muerte de más de dos millones de personas, la mayoría de ellas civiles. (FIN/IPS/tra-eng/ks/mn/mp/ip/02
