El general Juan Emilio Cheyre inició el lunes su gestión como comandante en jefe del ejército de Chile, con dos difíciles objetivos: alejar definitivamente a esa fuerza de la imagen pinochetista y profesionalizarla mediante un ambicioso plan de modernización.
Cheyre presentó sus saludos protocolares al presidente Ricardo Lagos, luego de una reunión con la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, con quien conversó acerca del plan de modernización, el presupuesto militar y el marco constitucional bajo el cual se rige el ejército.
El general Ricardo Izurieta, quien encabezaba la principal fuerza castrense chilena desde el 11 de marzo de 1988, entregó el bastón de mando a Cheyre en una ceremonia realizada en la noche del domingo en la Escuela Militar de Santiago.
Izurieta fue el sucesor del general y ex dictador Augusto Pinochet, quien encabezó el ejército por casi 25 años, desde su nombramiento como comandante en jefe el 23 de agosto de 1973 por el entonces presidente Salvador Allende, a quien derrocó en un cruento golpe de Estado el 11 de septiembre del mismo año.
Pinochet involucró directamente a las Fuerzas Armadas, y en particular al ejército, con el régimen dictatorial que finalizó el 11 de marzo de 1990, luego de su derrota en el plebiscito presidencial de 1988, con el cual pretendía alargar su gobierno ocho años más.
No obstante su derrota electoral, Pinochet se aferró a un artículo transitorio de la Constitución aprobada en referéndum en 1980 para prolongar su condición de comandante del ejército por ocho años tras la entrega de la presidencia, hasta el 11 de marzo de 1998.
El presidente Lagos dijo que este nuevo traspaso del mando «marca una nueva etapa en el ejército de Chile», lo cual se debe «en gran parte» a la gestión de Izurieta.
«Para el ejército es imperativo, y también creo que lo es para el país, dar vuelta la página de los eventos del pasado que aún nos dividen», dijo en su discurso de despedida el comandante saliente.
«Es de esperar que demos vuelta las hojas y miremos al futuro, porque no sólo le hace bien al ejército, le hace bien a Chile», dijo a su vez Cheyre tras recibir el mando.
Las expresiones de Lagos, Izurieta y Cheyre fueron recibidas como la ratificación de que las Fuerzas Armadas chilenas ponen fin a una etapa de transición para abandonar definitivamente funciones políticas y asumir exclusivamente sus funciones profesionales.
Cheyre, un general de 54 años del arma de infantería, con una maestría en Ciencias Políticas y candidato a doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, será el encargado de dirigir esta nueva etapa.
Según versiones extraoficiales, en su reunión con la ministra Bachelet se analizó el propósito del gobierno de poner fin a una ley especial promulgada por la dictadura de Pinochet que traspasa a las Fuerzas Armadas 10 por ciento del producto de las ventas estatales de cobre, principal producto de exportación del país.
Los mandos militares aspiran a que se mantenga este aporte presupuestario, con el argumento de que es indispensable para mantener la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas y emprender planes de modernización.
El programa de modernización que el ejército debe concluir en 2010 contempla reformas en sus programas educativos, de salud y previsionales (sistemas de pensiones), y sobre todo una reducción y potenciamiento de sus unidades tácticas de combate.
La ministra de Defensa habría planteado a Cheyre el propósito del gobierno de insistir en una reforma constitucional que restituya al presidente la facultad de remover de sus cargos a los altos mandos militares, eliminada por la dictadura.
En la actualidad, el presidente elige por un periodo de cuatros años a los comandantes en jefe del ejército, la armada, la fuerza aérea y el cuerpo de carabineros entre los cinco oficiales más encumbrados de esas fuerzas, pero solo puede removerlos por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, del cual forman parte estos mismos mandos.
Tanto el gobierno como Cheyre admiten que el asunto más complejo en las relaciones cívico-militares continúa siendo el de los derechos humanos, pese a los avances que se dieron en este frente durante la gestión de Izurieta.
El comandante en jefe saliente hizo una virtual depuración en los escalafones superiores, forzando el retiro de oficiales vinculados con la represión o que se involucraron de lleno en actividades políticas durante la dictadura de Pinochet.
Durante la gestión de Izurieta, el ex dictador estuvo bajo arresto en Londres durante 503 días y a su regreso a Chile fue sometido a proceso por crímenes contra los derechos humanos, en un juicio interrumpido en julio de 2001 por un tribunal que invocó una supuesta demencia senil de Pinochet.
Izurieta y los otros comandantes aceptaron integrar una mesa de diálogo con abogados de derechos humanos y otras personalidades civiles, que en junio de 2000 propuso un sistema de recepción de informes para dar con el paradero de unas 1.000 víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura.
Los resultados de la mesa de diálogo han sido decepcionantes, ya que las diligencias judiciales de búsqueda de restos de desaparecidos basados sobre los informes de los institutos castrenses han permitido ubicar sólo a los restos de tres víctimas hasta la fecha.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y abogados de derechos humanos dijeron que uno de los aspectos criticables de la gestión de Izurieta fue el de no profundizar las investigaciones al interior del ejército para obtener datos más precisos sobre el paradero de los cadáveres de desaparecidos. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/02
