El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dispuso cambios institucionales para favorecer la inmigración selectiva desde repúblicas ex soviéticas y regularizar la situación de millones de extranjeros indocumentados.
Putin encargó al Ministerio del Interior la política sobre inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y nombró al jefe de policía, Andrei Chernenko, director del Servicio Migratorio del Ministerio del Interior y viceministro del Interior, con el mandato de mejorar los procesos de inmigración y naturalización.
También ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores discutir la cuestión inmigratoria con las repúblicas ex soviéticas de Armenia, Kirguistán, Letonia, Tajikistán y Turkmenistán, de donde provienen la mayoría de los inmigrantes al país.
El objetivo de esas medidas, adoptadas el 26 de febrero y que marcan un cambio de rumbo de la política migratoria aplicada en la última década, es «restaurar el orden», dijo Putin a la agencia oficial de noticias RIA.
El Servicio Migratorio no se convertirá en un organismo militarizado, pero es necesario «saber con claridad quién llega a Rusia y por qué», sostuvo Chernenko a declaraciones a la misma agencia.
El gobierno procura afrontar la tendencia a la disminución de la población y estimular la inmigración de trabajadores calificados hacia regiones que los necesitan.
Con esa intención declarada aprobó en julio de 2001 un programa 2002-2004 para fomentar el ingreso al país de esos trabajadores, en especial desde repúblicas ex soviéticas.
Las autoridades consideraron necesario atraer de 700.000 a un millón de inmigrantes anuales para mantener el actual número de habitantes del país.
La población rusa caerá de los actuales 144 millones a 80 millones en 2050, si se mantiene la tendencia de los últimos años, según cálculos oficiales.
Durante la última década, pasaron a residir de modo permanente en el país más de ocho millones de personas, cuyo idioma natal es el ruso en la mayoría de los casos, aunque el gobierno no fomentó la inmigración, señaló el primer ministro Mijail Kasyanov.
En el mismo periodo, abandonaron el país cuatro millones de personas que residían en él, según datos oficiales.
Los inmigrantes legales son en la actualidad unos 800.000, y el gobierno piensa que los ilegales suman de seis a 16 millones.
Muchas más personas de origen ruso podrían ingresar al país en los próximos años, ya que unos 25 millones residen fuera de la Federación Rusa y tienden a trasladarse a ella, en especial desde repúblicas ex soviéticas de Asia Central, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La nueva política de estímulo a la inmigración dará prioridad a las personas que hablan ruso en edad de trabajar o en condiciones de realizar inversiones.
Sin embargo, las autoridades han reconocido en años anteriores que muchos inmigrantes con esas características, provenientes de países que integran la Comunidad de Estados Independientes (CEI), afrontaron grandes obstáculos para encontrar empleo e integrarse a la sociedad.
La CEI, creada en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética, reúne a Armenia, Azerbaiján, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
Organizaciones humanitarias han pedido mejor trato a los inmigrantes, y la necesidad de legalizar la situación de todos ellos fue planteada a fines de febrero por Mikhail Arutyunov, director de la Asamblea de Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Moscú.
Quienes carecen de ciudadanía rusa o documentos locales no pueden acudir ante las autoridades cuando son víctimas de maltrato, por ejemplo de la propia policía de Moscú, que realiza frecuentes registros callejeros y domicialiarios en busca de inmigrantes ilegales.
Algunos indocumentados que residen en Moscú aseguran que la policía los deja ir a cambio de unos 20 dólares, y otros dicen que policías de tránsito les vendieron en forma ilegal licencias de conducir, por 350 dólares.
Las autoridades municipales de Moscú se oponen al plan para atraer a más inmigrantes, porque consideran que ya hay demasiados en la capital, y que no es posible aumentar el flujo sin que la cantidad de ilegales aumente mucho.
Gobernadores de regiones orientales se oponen, por su parte, a la compra de tierras por parte de chinos, y está candente el debate sobre la migración de trabajadores chinos a la noroccidental Siberia, despoblada y rica en recursos naturales.
Según datos del Ministerio del Interior, cada año más de 500.000 chinos ingresan como turistas a Rusia, pero no todos regresan a su país.
A fines de febrero, las autoridades de la nororiental región de Kamchatka anunciaron que limitarán el ingreso de inmigrantes chinos y prohibirán a los quienes ya ingresaron trabajar como vendedores ambulantes. (FIN/IPS/tra-en/sb/sm/lp-mp/pr ip/02
