Periodistas de Pakistán expresaron preocupación ante dos ordenanzas sobre prensa que el gabinete de ministros se dispone a aprobar, aunque el gobierno afirma que esas iniciativas asegurarán la independencia de los medios de comunicación.
La Ordenanza 2002 sobre el Consejo de Prensa de Pakistán y la Ordenanza 2002 sobre Prensa, Diarios, Agencias de Noticias y Libros disgustan a los propietarios de medios de comunicación, y más aun a los periodistas, que las consideran instrumentos de control.
Los críticos destacan que el Código de Etica incluido en la Ordenanza sobre el Consejo de Prensa implicaría limitar la libertad de información.
Según las autoridades, el principal cometido del Consejo será ocuparse de quejas de lectores contra cualquier publicación en la prensa, y el organismo tendrá también tareas de control moral sobre los medios escritos, mediante la implementación del Código de Etica.
El Código prohibiría la «glorificación de actos criminales», la «información sensacionalista» y la publicación de escritos que «inciten al odio por motivos religiosos, étnicos y raciales».
«¿Cómo se determinará que un acto criminal es glorificado o que una información es sensacionalista? El papel de la prensa es informar al público sobre lo que ocurre», comentó el periodista Najim Haider Zaidi.
«La prensa debe poder informar, por ejemplo, sobre discrepancias existentes entre grupos religiosos. El gobierno debería adoptar medidas para promover, por ejemplo, la armonía entre esos grupos, en vez de limitar el flujo de información», añadió.
Muchos periodistas locales piensan que la propia creación del Consejo sólo serviría para establecer un vínculo formal entre el gobierno y los propietarios de medios de comunicación, que sería empleado para restringir el acceso del público a información.
Los propietarios de medios acatarán las recomendaciones gubernamentales, porque el Estado es el mayor avisador en la prensa, pronostican.
«Los organismos para asegurar el ejercicio del periodismo con responsabilidad deberían ser formados en forma voluntaria por propietarios y trabajadores de los medios de comunicación, sin intervención del gobierno», opinó el veterano periodista Nasir Zaidi, azotado durante el régimen de Zia ul-Haq () por protestar contra aquella dictadura.
«Esos organismos deberían poder elaborar con independencia códigos de ética que reflejen realidades legales, morales y culturales percibidas en la práctica profesional», añadió.
Funcionarios gubernamentales alegan que los proyectos de ordenanza, y en especial el de Consejo de Prensa, fueron discutidos con la Sociedad General de Diarios (SGD), el Consejo de Directores de Diarios (CDD), la Unión Federal de Periodistas (UFP) y la Confederación General de Empleados de Diarios (CGED).
La mayoría de los integrantes de la SGD y el CDD son directores y propietarios de medios de prensa, y esos organismos tendrían importante presencia en el Consejo, en el cual no habría representantes de los empleados de empresas periodísticas.
La UFP y la CGED reúnen a periodistas y otros trabajadores de diarios.
El Consejo sería presidido por un juez que haya integrado la Corte Suprema o por cualquier persona elegible para integrar esa corte, y entre sus miembros habría representantes de organizaciones humanitarias no identificadas en el proyecto, así como delegados del gobierno y de la oposición parlamentaria.
«La representación en el Consejo de los periodistas que no poseen acciones de ningún diario o revista, equivalente a la de los dueños de medios de comunicación, habría dado a ese organismo cierta apariencia de independencia», dijo a IPS un integrante de la UFP que no quiso ser identificado.
La integración proyectada por las autoridades «parece sólo un negocio entre el gobierno y los propietarios de medios de comunicación, contra cualquier periodista que cruce el indefinido límite de la libertad de expresión», opinó.
Otras asociaciones de periodistas y empleados de medios de comunicación señalaron que no tuvieron relación con la elaboración de las ordenanzas, y expresaron su demanda de que se anulen, por inconstitucionales, todas las normas vigentes que limitan el libre flujo de información hacia el público.
«Secciones del Código Penal, la Ley de Secreto Oficial, la Ley de Sedición y la Ordenanza sobre Mantenimiento del Orden Público están en conflicto con los derechos a la libertad de información y expresión», afirmó en un boletín el Centro de Recursos Periodísticos.
El proyectado Consejo de Prensa debería poder actuar ante quejas de personas que consideren negado su derecho a información oficial, en vez de ocuparse sólo de casos de presunto mal periodismo, sostuvo el Centro, creado con la intención declarada de trabajar por el bienestar y la capacitación de periodistas.
Ese Consejo «debería funcionar como un foro ante el cual se pueda presentar cualquier queja relacionada con la aplicación de cualquier ley a integrantes de la industria periodística, para acotar la posibilidad de que se abuse de las leyes», agregó.
La mayoría de las organizaciones de periodistas también han señalado que la elaboración de un Código de Etica debería ser precedida por la aprobación de la Ordenanza sobre Libertad de Información prometida por el gobierno, que según sospechan ha sido congelada.
«Tenemos derecho a acceder a información, en especial sobre las actividades del gobierno. En ausencia de datos oficiales, debemos recurrir a funcionarios sin identicarlos, pero el Código de Etica propuesto lo prohíbe», indicó un destacado periodista que pidió el anonimato.
También la SGD, cuyos puntos de vista sobre la libertad de información no coinciden con los de las organizaciones humanitarias y de periodistas, ha criticado a las autoreidades por postergar la ordenanza en la materia y no incluirla en el grupo de normas que se propone aprobar pronto.
«Es absurdo pensar que puede existir prensa libre y responsable sin informaciones adecuadas y oportunas, que contribuyan a crear una opinión pública informada», comentó en un comunicado el presidente de la SGD, Hameed Haroon.
La prometida Ordenanza sobre Libertad de Información «no pondría en peligro la seguridad nacional, ni afectaría secretos oficiales necesarios para estratégicas políticas de seguridad», aseguró.
Tras esas demandas, las autoridades aseguraron que preparan en la actualidad un borrador de la Ordenanza sobre Libertad de Información.
«La SGD y el CDD serán consultadas (para elaborar esa ordenanza), sus puntos de vistas recibierán la consideración que merecen, y el proceso concluirá más temprano que tarde», afirmó un portavoz del gobierno. (FIN/IPS/tra-eng/mr/ccb/mp/ic ip/02
