La perspectiva de fortalecer los derechos de los inmigrantes y en especial de los denominados «irregulares» se debilita a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, según un estudio presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Después de los ataques contra Nueva York y Washington, en Europa se ha propuesto la implantación de controles más estrictos al movimiento de personas en nombre del combate al terrorismo, dijo el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), una organización no gubernamental humanitaria.
El mayor rigor contra los inmigrantes se aplicaría a través del Sistema Informativo de Schengen, un mecanismo derivado del tratado que la Unión Europea firmó en esa ciudad holandesa para regular, entre otros aspectos, la ciudadanía común y el desplazamiento de los extranjeros.
Otra iniciativa para endurecer el control de los trabajadores extranjeros contempla el otorgamiento de poderes más amplios para «atacar la inmigración ilegal» a Europol, la agencia que coordina las policías del bloque.
El estudio recuerda que en la mayoría de los países de Europa occidental, mecanismos para el manejo de la inmigración como el «control» y la «repatriación» han demostrado ser en exceso inadecuados.
La preocupación de CETIM por los efectos de los atentados terroristas del 11 de septiembre habían sido compartidas por la mayoría de la comunidad humanitaria internacional.
La relatora especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, se declaró horrorizada de conocer el número de ataques violentos contra inmigrantes en diferentes partes del mundo después de los episodios del 11 de septiembre.
A su vez, 17 expertos independientes de distintos países que desempeñan funciones de relatores especiales de derechos humanos para la ONU manifestaron preocupación profunda por las disposiciones que podrían dictarse como consecuencia de los actos terroristas.
Los relatores expresaron en diciembre inquietud por la adopción o la intención de aprobar legislaciones antiterorristas y de seguridad nacional que afecten el goce de derechos y libertades fundamentales.
En su estudio, CETIM pidió a la Comisión de Derechos Humanos que reclame a los estados la regularización de los inmigrantes indocumentados y clandestinos.
La pobreza, la guerra, la recesión económica y las catástrofes naturales refuerzan el movimiento de personas, y, por lo tanto, la diversidad en las sociedades que las acogen se ha convertido en una realidad irreversible.
Por desgracia, esa diversidad no ha venido acompañada de los cambios necesarios en la percepción y también en el desarrollo y la promoción de políticas que garanticen la integración genuina de los inmigrantes, lamentó CETIM.
El proceso de integración europea ha acarreado una severidad mayor de las políticas inmigratorias y ha debilitado las legislaciones que garantizaban la integración y la libertad de circulación de los inmigrantes.
El efecto de esa políticas se refleja en el número de inmigrantes indocumentados radicados en Europa, que se estima actualmente en cinco millones o más, asegura el estudio.
Otra consecuencia es el tráfico humano realizado por organizaciones delictivas, causantes de la muerte de millares de inmigranets y de solicitantes de asilo en los últimos años.
Rodríguez Pizarro indicó que las migraciones son el resultado de una combinación de factores, aunque el ajuste estructural y las políticas económicas neoliberales desempeñan un papel fundamental.
CETIM coincide con esa evaluación y observa que un factor determinante para establecer las condiciones que obligan a las personas a migrar es el de un marco económico y de un paradigma de desarrollo que menoscaba la supervivencia de los pueblos y de las comunidades.
Para numerosos países del mundo en desarrollo la exportación de trabajo humano es una respuesta no solo a la crisis de desempleo sino también a la necesidad de impulsar el ingreso de divisas extranjeras, a través de las remesas de los inmigrantes, para equlibrar su déficit comercial, sostuvo CETIM.
Sin embargo, los gobiernos no comprenden el costo social de las migraciones, que conducen a una ruptura de la vida familiar y comunitaria mientras refuerzan los valores materialistas y consumistas, advierte el informe.
El fenómeno, al mismo tiempo, reduce la autoestima de los inmigrantes, muchos de los cuales caen víctimas de racismo y discrimación en los países receptores.
Por otro lado, las condiciones económicas en Europa y en otros países requieren la presencia de una reserva de trabajadores en los sectores de servicios, agricultura, industria y construcción, actividades que no sobrevivirían sin el aporte del trabajo inmigrante.
También influyen los cambios en las formas de vida y en los roles de género. La incorporación cada vez mayor de la mujer a la fuerza de trabajo determina que las tareas domésticas y la atención de los niños requieran de trabajo remunerado que corresponde principalmente a mujeres inmigrantes.
En Gran Bretaña, el monto destinado a los salarios de trabajos domésticos ascendió a casi 6.000 millones de dólares en 1997. Esa cifra superó cuatro veces los recursos empleados con los mismos fines una década atrás.
En Francia, la Federación de Empleadores informó de que 900.000 de sus miembros ocupan personas para atender tareas domésticas. En Italia, un tercio de los permisos de trabajo se conceden a trabajadoras domésticas, actividad que constituye la mayor fuente de empleo de mujeres inmigrantes en España.
CETIM concluyó que esas cifras revelan una feminización del trabajo inmigrante, con todas las facetas de vulnerabilidad que ese fenómento implica para esas mujeres.
Kalayaan, organización de apoyo a los inmigrantes, calculó que 84 por ciento de las inmigrantes dedicadas a tareas domésticas en Gran Bretaña habían padecido abusos psicológicos, 34 por ciento habían sido golpeadas, 54 por ciento soportaron prisión, 55 por ciento carecían de una cama y que a 38 por ciento les habían privado de comida.
La investigación de Kalayaan determinó también que un número elevado de trabajadoras sufrieron abusos sexuales y daños psicológicos.
El documento presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU observa que ninguno de los países de Europa occidental ha firmado ni ratificado hasta ahora la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes.
El tratado, que necesita 20 ratificaciones para entrar en vigor, sólo ha recibido hasta ahora la adhesión de 17 estados.
La Comisión de Derechos Humanos, máximo organismo especializado en esa materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realiza en Ginebra su sesión anual del 18 de este mes al 26 de abril. (FIN/IPS/pc/mj/pr lb/02
