El gobierno de México presentó este miércoles un plan de desarrollo de los pueblos indígenas para eliminar el paternalismo, combatir la discriminación y alentar la autodeterminación de cerca de 10 millones de nativos, pero no logra vencer la desconfianza de éstos.
El plan «Hacia una nueva relación», presentado como la fórmula hacia un Estado pluricultural, fue recibido con desdén por algunas organizaciones de indígenas.
Por su parte, el insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), defensor de la causa indígena, mantuvo el silencio que se impuso en abril de 2001, cuando el Congreso legislativo introdujo en la Constitución normas sobre derechos indígenas que los guerrilleros consideraron insuficientes.
El nuevo programa gubernamental da inicio a la construcción de un Estado multicultural, afirmó la jefa de la oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia, Xóchil Gálvez.
Pero no hay razones para «creerle ahora al gobierno o sumarnos a su plan cuando sus políticas económicas atentan contra todos, y entre los ellos contra los indígenas, que somos los más pobres», dijo el portavoz de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía Hilario Peña.
El plan de gobierno indica que, de ahora en adelante, todo proyecto de desarrollo con pueblos nativos será definido y concertado con los interesados y que los programas oficiales de cualquier tipo considerarán siempre el impacto sobre los indígenas.
Además, los programas de salud, educación, desarrollo económico y otros en beneficio de los nativos respetarán los ritmos y las culturas de cada pueblo. Ninguno de esos programas tendrá una aplicación idéntica en distintos casos, explicó Gálvez.
El plan «Hacia una nueva relación» destina un fondo de 100 millones de dólares a proyectos que favorecerán a los indígenas, dinero que se repartirá en partes proporcionales en los estados con presencia de pueblos nativos.
Algunas organizaciones, entre ellas el EZLN, acusan al gobierno de Vicente Fox de engañar a los indígenas, pues aceptó el año pasado una reforma constitucional que difiere de la que apadrinó el mandatario con apoyo de la guerrilla.
Los comandantes de EZLN viajaron en marzo de 2001 desde el estado de Chiapas a la capital para promover una reforma constitucional que daba amplios derechos de autonomía a las comunidades indígenas.
Sin embargo, en la negociación del texto, preparado en 1996 por diputados sobre la base del acuerdo sobre cultura y derechos indígenas firmado entre el EZLN y el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), los diputados diluyeron el derecho a la autonomía.
Fox expresó su desacuerdo con la actitud de los parlamentarios, pero sancionó las reformas.
El gobierno opina que las reformas deben ser revisadas en acuerdo con los diputados, explicó Gálvez. México debe tener una ley que reconozca todos los derechos políticos, económicos, sociales y ambientales de los indígenas, apuntó.
El EZLN, que no se enfrenta militarmente con el ejército desde la segunda semana de 1994 y no dialoga con el gobierno desde 1996, señala que sólo regresará a la mesa de negociaciones cuando se apruebe la reforma constitucional original sobre cuestiones indígenas.
En los primeros meses de gestión, Fox apadrinó el proyecto de reforma impulsado por los zapatistas, liberó a presos acusados de pertenecer al EZLN y eliminó los cuarteles militares que rodeaban la zona de influencia de la organización insurgente.
No obstante las concesiones, el EZLN se niega a dialogar con el gobierno.
Con el plan «Hacia una nueva relación», se termina el paternalismo y la política de imposición con que sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 1929 y 2000 manejaron su relación con los indígenas, aseguró Gálvez.
El gobierno planifica, entre otras acciones, realizar un acuerdo con los medios de comunicación para dignificar la imagen de los indígenas, con el fin de combatir la discriminación.
La tercera parte de los municipios de México son habitados por indígenas, 70 por ciento de los cuales se dedican a labores agrícolas.
En las zonas indígenas, la mortalidad infantil es de 48,3 por cada 1.000 nacidos vivos, 20 más que a nivel nacional. Los pueblos nativos tienen un analfabetismo de 44,2 por ciento, cuando a nivel nacional esa proporción es de apenas 10,4 por ciento.
Cada gobierno del PRI ofreció sacar de la marginación a los nativos y ahora lo hace Fox. «Vamos a ver si la promesa se cumple, pero desconfiamos», expresó Peña.
Gálvez pidió a los pueblos indígenas que le exijan al gobierno el cumplimiento de las promesas y una actuación que dé resultados.
El nuevo plan surgió de diálogos con diversas organizaciones y pueblos nativos, y por eso el gobierno considera que les pertenece, añadió. (FIN/IPS/dc/mj/ip pr/02
