Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Japón están acostumbradas a un papel marginal, pero esto podría cambiar gracias a un escándalo por la supuesta interferencia de un influyente político en el uso de los fondos de ayuda para el desarrollo.
«El último escándalo político puso el foco sobre las ONG que luchan por mantenerse a flote en la sociedad japonesa», destacó Kiyokazu Koshida, del Centro de Recursos de Asia-Pacífico, un grupo involucrado en cuestiones de desarrollo.
Las ONG de Japón no gozan de la misma influencia que en otros países industrializados. Algunas de ellas vigilan el uso y la calidad de la ayuda para el desarrollo (Japón es el principal donante del mundo), y por eso muchos funcionarios de gobierno las consideran una molestia.
Paradojalmente, el catalizador de la última controversia sobre el papel de la ONG es un político considerado hostil a los activistas: Muneo Suzuki, una de las figuras más influyentes del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).
Suzuki debe declarar el lunes ante la Dieta o parlamento, acusado de interferir con el uso del presupuesto de ayuda de Japón, que asciende a 7.000 millones de dólares al año, e impedir la participación de dos ONG en una conferencia internacional sobre Afganistán realizada en Tokio en enero. Suzuki niega los cargos.
En la noche del lunes, la canciller Yoriko Kawaguchi declaró a la prensa que, según investigaciones de su ministerio, Suzuki está «profundamente involucrado» en el proceso de licitación de dos proyectos financiados por el gobierno en la isla rusa de Kunashiro, reclamada por Japón.
Kawaguchi reemplazó el mes pasado a Makiko Tanaka tras su destitución por el primer ministro Junichiro Koizumi.
Kensuke Onishi, director de Peace Winds/Japan (Alas de paz/Japón), una de las ONG impedidas de participar en la conferencia por la cancillería, también afirmó el lunes que Suzuki estuvo involucrado en esa decisión.
En calidad de testigo no juramentado, Onishi declaró a la Dieta que un «alto diplomático» le dijo que Suzuki estaba furioso con él por declarar a la prensa local que no confiaba en el gobierno.
El diplomático le pidió a Onishi que se disculpara con Suzuki, pero el activista se negó a hacerlo. Onishi también expresó que, a su entender, Suzuki presionó a la cancillería para que le prohibiera participar en la conferencia sobre Afganistán.
Suzuki también está acusado de utilizar su influencia para beneficiar en ciertos proyectos de infraestructura en Kunashiro a los ofertantes de su circunscripción de Nemuro, Hokkaido, según un informe de la cancillería.
Dos empresas de Nemuro obtuvieron lucrativos contratos de construcción en la isla.
Según los activistas, se trata de una práctica común. Si bien la presión extranjera logró en cierto grado reducir el número de empresas japonesas beneficiarias de contratos para proyectos financiados por préstamos en yenes, en materia de donaciones la situación es la inversa, afirmó Koshida.
El fiasco se transformó en noticia de primera plana en Japón y puso de relieve la arraigada animosidad entre la viega guardia de políticos contra los activistas.
«El último escándalo refleja la posición marginal de las ONG en la sociedad japonesa. Ni los políticos más veteranos y poderosos, en particular del partido de gobierno, ni los altos burócratas no toman en serio a la sociedad civil», sostuvo Masaki Ohashi, profesor de sociología del desarrollo de la Universidad Keisen Jogakuin, en Tokio.
Esa actitud también está detrás de la falta de apoyo financiero a las ONG japonesas, según activistas, que hablan de una política «de dos caras» del gobierno hacia su trabajo.
«Aunque la cancillería elaboró nuevas políticas que exhortan a trabajar con las ONG, la asignación de apenas uno por ciento del presupuesto de ayuda al exterior a las ONG japonesas que trabajan en este campo indica lo mal que somos tratadas», expresó Koshida.
«Muchos políticos y diplomáticos piensan que son las ONG las que deben escucharlos a ellos. No somos tratados como socios en la cooperación con otros países», agregó.
Actualmente hay cerca de 800 ONG en Japón. Casi 90 por ciento de ellas son grupos de medianas dimensiones que luchan por obtener fondos y atención pública.
Algunos analistas afirman que la falta de apoyo a la sociedad civil tiene que ver con la historia relativamente corta del trabajo voluntario en Japón, donde la sociedad se ha desarrollado sobre la base de la confianza entre el gobierno y el público, y el activismo no es considerado compatible con los intereses nacionales. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/mlm/dv-ip/02
