El manejo político que el gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) de India hizo de los disturbios comunales de las últimas cuatro semanas en el estado de Gujarat podría dificultar la aprobación de una dura ley antiterrorista impulsada por el primer ministro Atal Bihari Vajpayee.
El BJP, de tendencia hinduista y nacionalista, está acusado de tolerar e incluso alentar la violencia en el noroccidental Gujarat contra la minoría musulmana y sus propiedades, estallada luego del atentado incendiario el 27 de febrero contra un tren que transportaba a cientos de activistas hindúes.
Vajpayee está bajo presión del parlamento para destituir al ministro jefe de Gujarat, Narendra Modi, del BJP, quien no hizo nada por detener los ataques contra musulmanes e incluso los justificó como una reacción «natural» ante el atentado al tren, que dejó 58 muertos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el domingo al gobierno de Gujarat por no controlar la violencia y señaló que la inseguridad persiste en ese estado mucho después del incidente del 27 de febrero, cerca de la estación ferroviaria de Godhra.
Aunque ese atentado fue «espeluznante», los incidentes que lo siguieron fueron «igualmente espeluznantes», opinó el presidente de la comisión, J.S. Varma, y expresó temor por su propia seguridad durante su gira de tres días por el estado.
Si el parlamento convierte en ley la Ordenanza de Prevención del Terrorismo, «la norma debe aplicarse en forma igualitaria, y no selectiva», advirtió.
Varman intentó que el gobierno de Gujarat no empleara la ordenanza contra los detenidos por el atentado al tren mientras evita acciones contra los responsables de las represalias, que causaron la muerte a más de mil personas, en su mayoría musulmanas.
El último detenido en virtud de la norma antiterrorista es Yasin Malik, líder del Frente de Liberación de Jammu y Cachemira.
Malik fue arrestado el domingo mientras ofrecía una conferencia de prensa en Srinagar, luego que la policía detuviera a dos mensajeros que le llevaban 100.000 dólares, según se informó.
La ordenanza antiterrorista prevé la confiscación de los recursos financieros de supuestos terroristas, así como su detención sin derecho a libertad bajo fianza hasta por un año. Según esta norma, una confesión hecha a un oficial de policía constituye una prueba admisible.
La propuesta de convertir la ordenanza en ley enfrentará una dura oposición cuando sea sometida al parlamento este martes, no sólo de grupos seculares y de izquierda encabezados por el partido del Congreso, sino también de aliados de la coalición de gobierno encabezada por el BJP.
El Congreso Trinamul, un poderoso socio de la coalición del estado de Bengala Occidental, ya anunció su decisión de abstenerse en la votación, arguyendo que el gobierno de izquierda de ese estado podría usar la ley para venganzas políticas.
Pero Vajpayee declaró este lunes a la prensa que el Congreso Trinamul «no tiene por qué tener esos temores» y que «todos deberán controlar que la ley propuesta no sea mal utilizada».
Apelando a un consenso, Vajpayee dijo que el opositor partido del Congreso debería darse cuenta de que, «al oponerse a la ley anteterrorista, no sólo contraría los intereses nacionales sino también sus propios intereses».
Gujarat es el único estado gobernado directamente por el BJP, mientras el Congreso controla 14 grandes estados. Según las normas federales, el mantenimiento de la ley y el orden es responsabilidad de los gobiernos estaduales.
El proyecto de ley ya fue aprobado en la cámara baja, pero la semana pasada fue rechazado en la cámara alta. Este martes será sometido a las dos en sesión conjunta.
Los ministros jefes de varios estados ya anunciaron que no aplicarán la ley aun cuando el parlamento la apruebe, y no sólo miembros del partido del Congreso, sino también otros que defienden su imagen secular.
«Ya hay suficientes normas para combatir el terrorismo», afirmó Buddhadeb Bhattacharjee, ministro jefe de Bengala Occidental, del marxista Frente de Izquierda.
Rabri Devi, jefe del gobierno del Rashtriya Janata Dal (Partido Nacional del Pueblo) en el estado oriental de Bihar, coincidió con Bhattacharjee.
Mientras, Jaipal Reddy, portavoz del partido del Congreso, advirtió que su colectividad se opondrá «con uñas y dientes» a la propuesta legislativa, a la que describió como «un arma política creada por el BJP para usarla contra las minorías».
La persecución contra la comunidad musulmana en Gujarat y la aplicación selectiva de la Ordenanza de Prevención del Terrorismo en el norteño estado de Uttar Pradesh son prueba de que el BJP es incapaz de una actitud tolerante hacia las minorías, agregó Reddy.
La ordenanza fue utilizada en Uttar Pradesh para clausurar «madrasas» o escuelas islámicas, mientras el Foro Mundial Hindú continúa impune por destruir hace 10 años una mezquita islámica del siglo XVI y realizar una provocativa campaña para construir en su lugar un templo hindú, señalaron los críticos.
De hecho, la ley antiterrorista y la cuestión del templo fueron los principales temas de la campaña del BJP para las recientes elecciones en cuatro estados, incluido Uttar Pradesh, pero su fracaso electoral en todos ellos demostró que ninguno de ambos temas cuentan con gran apoyo popular.
Vajpayee confía en que la sesión conjunta del martes, convocada por primera vez en 25 años, resuelva la crisis.
Según un conteo preliminar realizado por periódicos locales, Vajpayee podría lograr la aprobación de su propuesta con una cómoda mayoría de 50 votos. (FIN/IPS/tra-en/rdr/js/mlm/ip/02
