Las comunidades musulmanas de España, alentadas por el creciente ingreso de inmigrantes de su credo, exigen el cumplimiento de un acuerdo con el gobierno para que los niños puedan recibir educación religiosa islámica en escuelas públicas.
La Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), que representa a más de 400.000 personas, envió una carta al gobierno para solicitar que los alumnos musulmanes accedan a la educación religiosa, una posibilidad con la que ya cuentan los estudiantes católicos.
Para ello, argumentó que la Constitución española protege ese derecho y mencionó un acuerdo de cooperación firmado en 1992 por la Comisión Islámica y el gobierno, encabezado entonces por el socialista Felipe González, que regula el nombramiento de profesores islámicos.
Hasta ahora, las autoridades afirmaban que faltaban profesores para cumplir ese compromiso. Sin embargo, la Ucide informó este lunes que 180 profesores cumplen todos los requisitos, entre ellos estar titulados, hablar árabe y que su conocimiento del Islam sea reconocido por autoridades comunitarias.
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, contestó que el asunto no está en su agenda.
Los musulmanes exigen que el Ministerio de Educación pague la enseñanza del Islam, así como paga la católica.
Los inmigrantes en general piden que cese también la discriminación en las escuelas privadas subvencionadas por el Estado. Según cálculos del Ministerio de Educación, sólo 22,3 por ciento de los inmigrantes escolarizados, la mitad de ellos norteamericanos o europeos, asisten a centros privados.
En los públicos, en cambio, asisten 71,6 por ciento de los inmigrantes, de los cuales 28,4 por ciento son norteamericanos o europeos.
Un congreso de mujeres islámicas realizado el fin de semana y la represión sufrida por un grupo de musulmanes que deseaban orar en la histórica mezquita de Córdoba también pusieron la situación de esta comunidad sobre el tapete.
El III Congreso de Mujeres Musulmanas realizado en Córdoba, 400 kilómetros al sudoeste de Madrid, al que también asistieron hombres, reclamó «la construcción de una sociedad justa, igualitaria y plural» y exigieron a los poderes públicos la oportunidad para practicar su religión.
El Congreso señaló que el uso del pañuelo, que según algunas lecturas del Islam es obligatorio para las mujeres, «es una expresión voluntaria del derecho fundamental a la propia imagen», que tiene un significado religioso pero que, al mismo tiempo, «no impide la aceptación de las musulmanas que no lo lleven».
Ese criterio no fue compartido por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien dijo al diario madrileño ABC que las periodistas extranjeras que cubrían la guerra en Afganistán debieron lucir «un velo que, dicho sea de paso, les sentaba muy bien».
Cardenal agregó que si esas periodistas debieron ponerse un velo para permanecer allí unos días, las mujeres que quieran quedarse en España se lo deben quitar. «En realidad, me importa un bledo que vaya con uno, dos o ninguno», sostuvo.
«Cardenal es un ignorante porque no tiene idea de lo que es su país. La dictadura religiosa finalizó con la transición, cuando se aprobó el estado laico», sostuvo una de las organizadoras del congreso y letrada del grupo parlamentario socialista, Jadicha Candela.
La dirigente se refería al proceso iniciado en noviembre de 1975 con la muerte del dictador Francisco Franco y a la transición que llevó a aprobar una Constitución democrática en diciembre de 1978, consagratoria del Estado laico y de la libertad religiosa.
Otra participante, la socióloga sudanesa Omaima Sheij al Din, consideró que se pierde tiempo hablando del velo o pañuelo, al que considera estéticamente feo y agresor hacia las mujeres desde un punto de vista religioso.
Al congreso asistieron mujeres con el cabello al aire, otras con un pañuelo blanco sobre toda la cabeza y el cuello y algunas con pequeñas telas cubriéndoles parte de la cabeza.
El velo no debería ocupar tanto tiempo de discusión, sostuvo, por su parte, la responsable de la Secretaría para la Igualdad de Oportunidades de la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, Micaela Navarro, al clausurar el Congreso.
Lo que se debe combatir son «las discriminaciones que seguimos padeciendo las mujeres españolas, o que vivimos en España, como tener un menor salario por igual trabajo y que afecta todavía más a las mujeres inmigrantes», dijo.
El ambiente de tolerancia y pluralismo que reinó en el congreso tuvo su contrapartida en la represión que sufrieron los musulmanes que visitaron la histórica mezquita de Córdoba, convertida hace 500 años en iglesia católica.
Más de un centenar de participantes del Congreso ingresaron en el templo y una quincena de ellas se arrodillaron para rezar una plegaria. Al advertirlo, los guardias del lugar se lo impidieron, echándolas a golpes.
Candela dijo este lunes a IPS que fueron golpeadas y sacadas a los empujones, motivo por el cual la asociación organizadora del congreso presentará una denuncia judicial.
A pesar de la represión, el acto acabó con gritos de «Allahu Akbar» (Dios es el más grande), aplausos y el rezo de la Fatiha, la oración que abre el Corán, el libro sagrado del Islam.
Sólo en una oportunidad en los últimos 500 años, en 1980, el obispado de Córdoba autorizó a los musulmanes a rezar en el templo local.
Fuentes católicas señalaron que en esta oportunidad no fue solicitado el permiso. El imán (clérigo) de una de las dos mezquitas que funcionan en esa ciudad coincidió con ese criterio y cuestionó el proceder de quienes fueron a rezar (FIN/IPS/td/mj/ed cr/02
