La supervivencia del gobierno de Argentina depende en gran medida del examen que el FMI comenzó este miércoles, clave para la ayuda financiera que el presidente Eduardo Duhalde pide con el objetivo de mejorar un oscuro escenario económico, político y social.
La misión, encabezada por el economista indio Anoop Singh, responsable del Departamento de Operaciones Especiales del FMI (Fondo Monetario Internacional), permanecerá en Argentina casi dos semanas hasta reunir información necesaria para definir la negociación de un acuerdo que incluya ayuda financiera.
La cautela manifestada por el FMI ante el caso argentino contrasta con las necesidades urgentes que afronta el gobierno.
Duhalde aseguró que el gobierno podría arreglarse sin la ayuda de la agencia multilateral, aunque con mayores costos. Pero el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, sugirió que sin apoyo financiero del exterior no sólo caería el programa económico, sino el propio gobierno.
Remes Lenicov dijo este miércoles frente a empresarios brasileños que un acuerdo con el FMI es «esencial» y que «no debe demorar demasiado». «Es indispensable un acuerdo porque Argentina debe reinsertarse en el mundo y es básico para restablecer la confianza del credito nacional e internacional», afirmó.
La recesión ya lleva cuatro años y la recaudación de impuestos cae a medida que aumenta la quiebra de empresas y el desempleo. Los precios suben más de lo esperado y la pobreza ya afecta a más de 15 de los 38 millones de habitantes.
Duhalde fue elegido por el Congreso legislativo para finalizar en diciembre de 2003 el mandato de Fernando de la Rúa, quien renunció el pasado 20 de diciembre. Observadores dentro y fuera del gobierno advierten que, de no mediar asistencia financiera internacional, deberá convocarse a elecciones anticipadas.
Desde la llegada de Duhalde a la presidencia el 1 de enero, el gobierno liberó el mercado cambiario y logró imponer una reducción del gasto público de las provincias y un presupuesto austero en el Congreso, tal como pedía el FMI, pero el organismo se muestra reticente a desembolsar fondos de ayuda.
Remes Lenicov aceptó elípticamente que el gobierno carece de planes alternativos si esa asistencia no llega. «¿Un plan B? Si, tenemos uno: irnos a casa», respondió a una consulta de la prensa.
Para Argentina, cuya crisis se agravó en diciembre con el cese de pagos, el recién creado Departamento de Operaciones Especiales del FMI a cargo de Singh podría marcar un punto de inflexión en la forma y los plazos en que el organismo asiste a los países emergentes que afrontan problemas financieros.
A partir de la devaluación mexicana de 1994, el FMI aplicó políticas generosas de salvataje financiero generoso en las crisis del sudeste asiático (1997), Brasil y Rusia (1998) y Turquía (2000), siempre con resultado positivo para la recuperación de los países emergentes.
Esta política parece haberse quebrado en el caso de Argentina.
«No tiene ningún sentido prestar más dinero a Argentina en este momento», sentenció la vicedirectora del FMI, Anne Krueger, el 25 de febrero, cuando Singh fue designado al frente del nuevo departamento, que inauguraría su labor en Buenos Aires.
Algunos observadores creen que el FMI condiciona la ayuda a un ajuste fiscal mayor y definitivo que sucesivos gobiernos argentinos siempre han prometido y nunca cumplieron.
Otros atribuyen la reticencia del organismo a la posición del gobierno de Estados Unidos, que, al advertir que la crisis de este país no producía un efecto dominó en la región, demora su apoyo al desembolso.
El secretario del Tesoro estadounidense, Paul O'Neill, ha señalado su resistencia brindar ayuda financiera a Argentina si no se visualiza antes un plan sustentable, y el presidente de la Reserva Federal, Alan Greespan, manifestó despreocupación al advertir que la crisis no había «contagiado» a otros países latinoamericanos.
Duhalde adoptó medidas encaminadas a obtener el respaldo de un FMI cada vez más exigente y renuente a ayudar al país, pues ya intentó, sin éxito, rescatarlo al menos tres veces en los últimos años.
De hecho, lo que reclama el gobierno es el desembolso del saldo de un crédito ya acordado en el periodo de De la Rúa, detenido a la espera de una nueva negociación. Así mismo, préstamos de otros organismos y de gobiernos extranjeros también están sujetos ahora al acuerdo principal con el FMI.
El 1 de enero, Duhalde anunció una devaluación y la derogación de la convertibilidad monetaria, que cotizó por ley durante 11 años el peso argentino a la par del dólar. La devaluación era una exigencia del FMI desde las postrimerías del gobierno de De la Rúa, cuando comenzó a frenar los desembolsos.
Duhalde esperaba mantener seis meses un tipo de cambio fijo, pero en febrero liberó el mercado por consejo del FMI. Desde entonces, la cotización del dólar ascendió a 2,15 pesos.
Pero los condicionamientos no se restringieron a la política monetaria. Tanto el FMI como los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea reclamaron un «plan sustentable» de reactivación, que contemplara un acuerdo con las provincias para reducir gastos y un presupuesto austero para este año.
Remes Lenicov anunció entonces medidas para reactivar la producción. Luego, el gobierno firmó un acuerdo fiscal con las gobernaciones provinciales con nuevas pautas de reparto de la recaudación, y este martes logró en el Congreso legislativo la aprobación del presupuesto.
También se anunció la aplicación de retenciones a las exportaciones de petróleo, de productos agropecuarios e industriales, una señal hacia la misión del FMI pero no incorporada en el proyecto de presupuesto ya aprobado.
El presupuesto prevé un déficit fiscal de 3.000 millones de dólares —un tercio del de 2001—, una inflación de 15 por ciento y una caída del producto interno bruto de 4,9 por ciento, cálculos considerados poco realistas por los legisladores, que, sin embargo, votaron el proyecto presionados por la inminente llegada de Singh.
Parlamentarios oficialistas y opositores insistieron en que la inflación, que ascendió a 5,5 por ciento en enero y febrero, será superior a la prevista, que el déficit fiscal se acentuará por la caída de la recaudación y que la retracción económica será peor a la pronosticada.
Además, subrayaron que el presupuesto no prevé el costo del pasaje a pesos de las deudas en dólares de empresas y particulares. Se prevé que el Estado asumirá más de 15.000 millones de dólares de esta deuda.
Tampoco está contemplada en el presupuesto la reducción de gastos burocráticos y las reformas del sistema electoral para acortar las campañas y mejorar la transparencia de su financiamiento, medidas anunciadas por Duhalde hace tres semanas.
Remes Lenicov consideró que, con todas las tareas ya realizadas, el acuerdo con el FMI debería haberse firmado «hace rato».
Lo mismo afirmaron los presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y Ricardo Lagos, de Chile, que encabezaron una campaña ante gobiernos y organismos multilaterales para destrabar la ayuda. (FIN/IPS/mv/mj/if/02
