Las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la ayuda humanitaria dilapidan los fondos de donaciones en burocracia y gastos de representación, denunció una destacada activista francesa.
Las acusaciones de Sylvie Brunel, quien renunció el jueves a la presidencia de la organización francesa Acción Contra el Hambre (ACF) se conocieron una semana después del escándalo que involucró a activistas y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas en la explotación sexual de niñas víctimas del hambre y de la guerra en Africa.
«Ciertas asociaciones humanitarias extraen beneficios del sufrimiento de la población de los países pobres, con el único fin de incrementar su porción del mercado de la ayuda internacional y tener más dinero que administrar. Por tanto, he decidido renunciar a mi cargo», dijo la activista a la prensa.
Acción Contra el Hambre cuenta con 500.000 benefactores en Francia y en otros países europeos, que donan más de 10 millones de dólares por año. «La mayoría de los contribuyentes perciben salarios menores a un tercio del ingreso de un administrador de una ONG importante», sostuvo Brunel.
«Los programas de ayuda son analizados con criterios empresariales y de mercadeo. Si un programa es eficiente y atractivo para obtener fondos, se pone en práctica. Que la población destinataria se está muriendo de hambre tiene menos importancia», aseveró Brunel, geógrafa y economista.
«Cuando acepté la conducción de ACF (un año atrás), creí que podría modificar ciertas cosas dentro de la institución. Pero pronto comprendí que estaba confrontada a una elite empresarial que no quiere perder sus prerrogativas», sostuvo Brunel, quien ingresó a la organización en 1989.
Las acusaciones de Brunel fueron refutadas por otros destacados activistas franceses.
«Nada justifica los ataques de Brunel contra las ONG», replicó Jean-Christophe Rufin, ex vicepresidente de la organización francesa Médicos Sin Fronteras, ganadora del premio Nobel de la Paz.
«Hace sólo 25 años ninguna ayuda era posible porque no había con qué organizarla. Ahora las grandes asociaciones como Médicos sin Fronteras son capaces de llenar un avión Boeing 747 con alimentos en un par de horas y enviarlo al lugar más remoto del planeta», sostuvo Rufin.
No obstante, el activista reconoció que las «ONG compiten entre sí por la obtención de fondos. Pero eso tiene que ver con la época en que vivimos. En los primeros tiempos, éramos quijotes voluntarios, pero ahora las ONG son organizaciones reales con estructuras internacionales», explicó.
Lamentablemente, nadie puede controlar qué hacen las ONG con el dinero que reciben «pues la elite empresarial que controla la ayuda humanitaria no aplica los principios de transparencia que exige a otras organizaciones», afirmó Brunel.
La activista también dirigió sus dardos a las llamadas «acciones urgentes». «En el mejor de los casos podemos reaccionar a una emergencia en tres semanas. Tres semanas es mucho tiempo, mientras estamos ocupados juntando dinero, la gente simplemente se muere», sostuvo.
El vicepresidente de Acción Contra el Hambre, Jacques Servat, admitió que existen salarios relativamente elevados en las sedes de las ONG de Europa y América del Norte. «Pero debemos pagarlos porque necesitamos personas calificadas para organizar la asistencia», justificó.
«Quienes trabajan para las ONG como directores financieros o gerentes podrían ganar tres o cuatro veces más en el sector privado», aseguró Servat.
Servat y Rufin negaron que la mayor parte del dinero se pierda en la burocracia y los salarios y se manifestaron preocupados porque las acusaciones de falta de transparencia desacrediten la actividad humanitaria de tal modo «que nadie quiera volver a hacer donaciones».
En cambio, el director de la ONG Ayuda Médica Internacional, Pierre Martell, consideró que el debate es una saludable oportunidad para que los grupos humanitarios exhiban la transparencia de su administración.
«Lo que debemos hacer ahora es lo que siempre demandamos a otras instituciones. Depende de nosotros probar cuán bien llevamos a cabo nuestras actividades», sostuvo Martell.
Las ácidas críticas de Brunel se suman al escándalo ventilado la semana pasada en Ginebra por un informe redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el británico Fondo para Salvar a los Niños.
Según la investigación, 67 trabajadores y funcionarios de 40 grupos humanitarios y agencias de la ONU (Organización de Naciones Unidas) explotaban sexualmente a niñas y adolescentes en campamentos de refugiados de Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Informes anteriores involucraron a funcionarios de Acnur en prácticas delictivas similares contra población refugiada en Kenia.
El abuso sexual de víctimas de guerra y hambrunas es posible, sostuvo Rony Brauman, quien presidió Médicos Sin Fronteras entre 1982 y 1994. «Actos similares se cometieron en Camboya en los años 80, así como en Somalia y Bosnia-Herzegovina», dijo Brauman.
Sin embargo, no es justo desacreditar todo el valioso trabajo que realizan genuinos trabajadores humanitarios, advirtió.
«En los países africanos mencionados en el informe, varios miles de personas —soldados, funcionarios internacionales y trabajadores voluntarios— están desarrollando tareas humanitarias», dijo Brauman.
«El informe de Acnur, que aún debe ser probado, sugiere que 67 personas, entre varios miles, pueden estar involucradas en abusos sexuales. Debemos entender que la comunidad humanitaria no está conformada por delincuentes paidófilos, sino que actos excepcionales, antes ocultados, son ahora denunciados», concluyó. (FIN/IPS/tra-eng/jg/sm/dc/ip hd/02