El gobierno de China emplea la campaña antiterrorista lanzada por Estados Unidos como excusa para atacar a la minoría étnica de la occidental Región Autónoma Uigur, afirmó la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Uigur está en el territorio de la provincia de Xinjiang, donde actúan grupos separatistas musulmanes sunnitas.
Durante los últimos seis meses, Beijing detuvo en esa región a varios miles de personas, clausuró mezquitas y condenó a unos 8.000 dirigentes religiosos musulmanes a recibir «educación política» y clases de «estudio», aseguró AI, con sede en Londres, en un informe de 33 páginas dado a conocer el viernes.
Las autoridades también reprimen la práctica institucionalizada de la religión islámica en Xinjiang.
«El gobierno chino alega que los 'separatistas étnicos' están vinculados a 'terroristas internacionales' y pidió apoyo internacional para su campaña contra la minoría», indicó.
El argumento del terrorismo «ha sido utilizado para arrestar a muchas personas, algunas de las cuales no han hecho más que practicar su religión o defender su cultura», agregó AI».
Tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, organizaciones humanitarias y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, alertaron sobre la posibilidad de que gobiernos aprovecharan la campaña antiterrorista estadounidense para reprimir a opositores o minorías étnicas y religiosas.
Activistas por los derechos humanos destacaron la forma en que Estados Unidos y otros países occidentales redujeron sus críticas públicas a la violenta campaña de Moscú contra separatistas de Chechenia, y el aumento de la ayuda militar de Washington a países árabes en los cuales hay grupos opositores islámicos.
Las autoridades chinas presentaron en enero un informe sobre presuntas relaciones entre separatistas de Xinjiang y el saudita Osama bin Laden, acusado por Estados Unidos de planificar los atentados de septiembre.
Beijing aseguró en ese documento que Bin Laden prometió a militantes uigur «fabulosas» sumas de dinero para financiar sus operaciones, y que decenas de ellos fueron entrenados en campos de la red terrorista Al Qaeda de Bin Laden en Afganistán, que comparte una pequeña porción de frontera con Xinjiang.
Los uigur, un pueblo de lengua turca conquistado por los chinos a mediados del siglo XIX, llaman Turkestán Oriental a Xinjinag.
Hace unos 50 años, esa etnia era casi 90 por ciento de la población de la región, pero son en la actualidad 40 por ciento, debido a la inmigración a Xinjiang de chinos de la etnia han, atraídos por la explotación de petróleo en la provincia.
La desintegración de la Unión Soviética en 1991 alentó esperanzas entre los uigur, que tienen fuertes lazos étnicos y de pertenencia a clanes con la población de repúblicas ex soviéticas de Asia Central.
La discriminación contra la minoría uigur en la educación y el empleo ha causado estallidos de violencia. El más grave de ellos fue un levantamiento popular hace cinco años, en el cual murieron nueve personas.
Desde entonces, Beijing intentó de modo sistemático aumentar su control sobre Xinjiang, y ha detenido a decenas de miles de uigur, muchos de los cuales permanecieron incomunicados y fueron torturados durante meses, afirmó AI.
A partir del 11 de septiembre, la policía paramilitar china aumentó su patrullaje y vigilancia en la provincia y en especial en su capital, Urumqi, donde fueron arrestados por lo menos 166 «terroristas violentos y (otros) criminales» en un período de dos meses, según medios de prensa chinos.
«Casi no se han cometido actos 'terroristas' en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, pero las autoridades detuvieron a miles de personas en los últimos seis meses, e impusieron nuevas restricciones a la libertad religiosa y los derechos culturales», destacó AI.
Decenas de esos detenidos fueron juzgados en procesos «groseramente injustos» y sentenciados frente a cientos de personas en «actos de condena masivas».
En uno de estos actos, realizado en octubre, dos personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas de inmediato, y otras 10 sentenciadas a largos períodos de prisión.
Beijing presionó con éxito a varios estados de Asia Central para que le entregaran a uigures, entre ellos solicitantes de asilo. Cuando esas personas llegaron a China, fueron encarceladas, torturadas y en algunos casos ejecutadas, según el informe.
AI también criticó recientes enmiendas del Código Penal chino, que facilitan los juicios contra disidentes y su condena a muerte.
Además de ampliar el número de delitos a los que se puede aplicar la pena de muerte, las nuevas normas penalizan ciertos tipos de actividades y asociaciones pacíficas, e ilegalizan la participación en «organizaciones terroristas» sin definirlas.
Eso abre la posibilidad de que miembros de agrupaciones culturales o religiosas pacíficas sean perseguidos por la ley, apuntó el grupo humanitario.
El clero islámico de Xinjiang ha sido forzado a concurrir a clases de «educación política» para adquirir «una comprensión más clara de las políticas étnicas y religiosas del partido (comunista que gobierna China)». Otros religiosos fueron detenidos por enseñar el Corán.
El ayuno practicado por los musulmanes durante su mes sagrado de Ramadán, que comenzó a mediados de noviembre, fue prohibido en escuelas, hospitales y oficinas estatales, y varias mezquitas cercanas a escuelas fueron clausuradas con el argumento de que ejercían «mala influencia» sobren los jóvenes.
A comienzos de este año, académicos, artistas y otras personas activas en asuntos culturales fueron obligados a concurrir a «clases de estudio».
«Toda actividad potencialmente disidente y opositora, incluída la expresión pacífica de puntos de vista mediante poemas, canciones, libros, panfletos, cartas o conexión a Internet, la red mundial de computadoras, se ha convertido en blanco» de las autoridades chinas, aseguró AI. (FIN/IPS/tra-en/jl/lp-mp/hd ip/02
