Los documentos del «archivo del terror» encontrados esta semana en Paraguay fortalecerán las acciones judiciales en marcha contra los responsables del «Plan Cóndor», la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80.
Unos 200 libros encuadernados y ordenados fueron hallados el martes por funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Paraguay en el Centro de Documentación de la Policía Nacional, conteniendo información detallada sobre actividades de inteligencia durante la dictadura del Alfredo Stroessner (1954-1989).
Estos papeles pasaron a engrosar los «archivos del terror», compuestos de informes confidenciales de la dictadura hallados en 1992 por el abogado y activista de los derechos humanos paraguayo Martín Almada y que prueban los vínculos entre los servicios secretos de las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Los documentos hallados el martes serán puestos a disposición de los jueces que investigan a responsables del Plan Cóndor como el ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), considerado su principal ideólogo, confirmó Almada a IPS.
El Plan Cóndor era un acuerdo entre las dictaduras para perseguir a opositores políticos exiliados. Algunos fueron entregados de modo clandestino a las fuerzas de seguridad de su país de origen, pero otros fueron asesinados en el territorio en que habían buscado refugio.
El hallazgo de los archivos del terror se convirtió en 1992 en un acontecimiento político en todo el Cono Sur americano y motivó varias órdenes de detención contra primeras figuras del régimen de Stroessner, además de complicar a militares de Argentina y Uruguay.
El jefe de los detectives de Stroessner, Pastor Coronel, cumple condena de prisión en Paraguay, al igual que el jefe de Estado Mayor y titular de la inteligencia militar de la dictadura Benito Guanes Serrano.
El ex jefe de la Policía Técnica, Antonio Campos Alum, está junto al dictador (exiliado en Brasil) citado por los tribunales paraguayos como «acusado en rebeldía» y «fugitivo».
Almada entregó personalmente en Madrid al juez Baltasar Garzón copia de informes de la policía paraguaya que implicaban a Pinochet en el Plan Cóndor, cuando éste estaba detenido en Londres a solicitud del magistrado español, quien pedía su extradición.
El juez chileno Juan Guzmán procesó a Pinochet el año pasado como encubridor de 18 secuestros y 57 homicidios de opositores a su régimen en la denominada «caravana de la muerte», aunque la Corte de Apelaciones sobreseyó al dictador por razones de salud.
Pinochet afronta acusaciones en Francia, donde la abogada Sophie Thonon investiga la desaparición de cinco ciudadanos franceses durante la dictadura chilena, y la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago no afecta el proceso judicial en París.
Jueces de Argentina, Bélgica, España y Suiza también han solicitado la extradición de Pinochet por distintos crímenes, algunos de ellos enmarcados en el Plan Cóndor.
Los nuevos documentos también llegarán a las manos del juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, que procesó el año pasado al ex dictador Jorge Rafael Videla por la desaparición forzada de 72 extranjeros en Argentina entre 1976 y 1983.
Canicoba Corral ha pedido la extradición de Stroessner y del ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena Manuel Contreras, además de investigar como testigo al ex secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos Henry Kissinger.
Los documentos hallados en Asunción también revelan que el aparato represivo de Stroessner, derrocado por un golpe de Estado de su consuegro Andrés Rodríguez en febrero de 1989, continuó operando hasta octubre de 1990, durante la transición democrática.
El Departamento de Investigaciones de Paraguay seguía espiando entonces ilegalmente a movimientos políticos e informando a la cúpula policial sobre la entrada y salida de personas con actividad política y social, según los documentos.
Los materiales encontrados el martes «fortalecerán las acciones judiciales contra Stroessner, sus cómplices y encubridores», y también serán entregados «a la Defensoría del Pueblo, encargada de hacer cumplir la ley de indemnización a las víctimas de la dictadura», dijo Almada.
Además, serán analizados en el Seminario Internacional «Terrorismo de Estado», previsto para diciembre en Asunción, en ocasión de los 10 años del descubrimiento de los archivos secretos de la policía paraguaya, señaló.
Almada anunció que promoverá seminarios en la región para analizar en particular el papel de jueces y abogados en el plan represor.
También pedirá a universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa que envíen a expertos a estudiar «esta montaña de documentos en cuyas entrañas se encotrarán nombres y apellidos de víctimas y victimarios».
El activista señáló que el Poder Judicial paraguayo fue sostén de un «estatus injusto e inhuamno, amparando a los escuadrones de la muerte, las escuchas telefónicas, las órdenes de no informar, la prohibición de publicar libros, la censura de películas y el cierre de medios de comunicación».
La Defensoría del Pueblo paraguaya había hallado hace dos semanas libros similares en tres comisarías de Asunción. Todos fueron llevados al juzgado a cargo de Jorge Bogarín González, y posteriormente al Centro de Documentación del Poder Judicial para ser analizados.
La importancia de esta documentación «es fundamental, porque con ella muchas personas van a poder justificar haber sufrido la persecución», destacó a la prensa paraguaya el presidente de la Defensoría del Pueblo, Manuel Páez Monges.
«Hemos encontrado realmente lo que yo llamo una mina de oro. Hemos descubierto libros de investigaciones de la época pasada con lujo de detalles», dijo, por su parte, el asesor de la Defensoría Juan Francisco Ammiri al periódico ABC Color.
Almada anunció que hará una invitación especial al presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, «ex víctima del operativo Cóndor», a estudiar los archivos secreto de la policía paraguaya.
«Invito a Cardoso a que visite los archivos secretos de su protegido Alfredo Stroessner para que vea en 'vivo y en directo' los documentos que comprometen a Estados Unidos, promotor del terrorismo de Estado en América Latina», afirmó.
Entre las víctimas de la operación Cóndor se contaron el ex comandante del ejército chileno Carlos Prats y los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz. Los tres fueron asesinados en Buenos Aires.
Los documentos de los archivos del terror también dejaron al descubierto un operativo para secuestrar a niños nacidos de madres en cautiverio y cambiarles de nombre para ser luego «adoptados» por militares o civiles colaboradores. (FIN/IPS/rp/mj/hd ip/02
