Una coalición de 119 organizaciones opositoras de Cuba recoge firmas para convocar a un referendo por la libertad de expresión y asociación, una nueva ley electoral, comicios generales y la amnistía de presos políticos.
Los impulsores del denominado Proyecto Varela esgrimen un mecanismo previsto en la Constitución vigente a fin de demandar «derechos para todos los cubanos, incluso para los que están ligados al gobierno, que tienen privilegios y poder, pero no derechos», dijo a IPS el dirigente opositor Oswaldo Payá.
Las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre la iniciativa, pero sus portavoces afirman que la oposición interna está integrada por «minúsculos grupitos» y que su actividad se enmarca en «la estrategia contrarrevolucionaria de Estados Unidos» contra el gobierno cubano.
«Los dirige la SINA (siglas de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba), los convoca, los paga, de una y 1.000 formas diferentes», advirtió el presidente Fidel Castro el 5 de este mes.
El artículo 88 de la Constitución permite a la ciudadanía presentar proyectos de ley de manera directa, lo que requiere la adhesión de «10.000 ciudadanos cubanos, por lo menos, que tengan la condición de electores». Las adhesiones deben ser presentadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).
Payá aseguró que los promotores del Proyecto Varela tendrán «dentro de poco» en su poder las 10.000 firmas para presentar ante el parlamento.
«Ahora estamos en un proceso de verificación, en que cada uno de los firmantes ratifica su firma. Nadie tiene más interés que nosotros en que sea verdadera», aseguró Payá, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación.
Un reglamento interno de la Asamblea Nacional rige la presentación de proyectos de iniciativa popular, afirmó Payá. «Tenemos la mejor disposición de cumplir con todos los requerimientos que sean posibles», comentó.
La iniciativa fue denominada en homenaje al sacerdote católico, filósofo, político y periodista Félix Varela y Morales, uno de los pensadores más relevantes del independentismo cubano en el siglo XIX.
Payá aseguró que el procedimiento, que también procura consagrar mayor espacio para la actividad económica privada, es «inédito» en el país, y que se presentará las firmas «con toda la documentación que facilite la ubicación inmediata de cualquier solicitante».
El dirigente afirmó que se han recogido adhesiones en todas las provincias, con el apoyo de las organizaciones de oposición. «Ha sido una campaña de los ciudadanos, mano a mano, con muy pocos recursos, que a pesar de la represión se ha ido extendiendo», relató.
Mientras, el gobierno rechaza cualquier cuestionamiento a la política oficial de derechos humanos y asegura que el régimen socialista vigente desde hace más de 40 años respeta «como ningún otro» el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad social.
La propuesta de recoger firmas para impulsar cambios por la vía constitucional fue introducida en abril de 2001 por 119 organizaciones, que no incluyen, entre otros, a la llamada Mesa de Reflexión, compuesta por sectores opositores considerados moderados.
«Creemos que no existen condiciones como para que, apelando a la Constitución, se pueda alcanzar pasos hacia la transformación y la apertura democrática», consideró al respecto el ex coordinador de la Mesa de Reflexión Manuel Cuesta Morúa, del partido Corriente Socialista Democrática Cubana.
Cuesta Murúa sostuvo que formular un proyecto concreto de transformaciones requiere, antes que nada, «el reconocimiento institucional» de las organizaciones opositoras «como interlocutores dentro de Cuba».
«No creemos que el gobierno vaya a aceptar la legitimidad» de los proyectos procedentes de «interlocutores (a los) que no reconoce, a no personas jurídicas en términos políticos», agregó el dirigente.
Pero Payá insistió en que el Proyecto Varela «pide derechos para todos y respeta inclusive el de no estar de acuerdo con él», aunque se quejó de que algunos opositores críticos de la iniciativa han sido «desleales».
«Se han comportado, no sé por qué, como un complemento de la represión (oficial) para confundir, provocar, sembrar dudas», señaló.
La Mesa de Reflexión tampoco considera que el momento actual sea propicio para celebrar elecciones libres, porque, entre otras razones, la lógica del «estado de sitio» se complica por el enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos.
«No estamos haciendo depender el cambio en Cuba de la mejoría en las relaciones cubano-estadounidenses, pero el hecho concreto es que son utilizadas en el debate político interno», consideró Cuesta Murúa.
En cambio, para Payá, «el desafío mayor ha sido llegar a los ciudadanos», cualquiera sea su posición política. «La mayoría de quienes han firmado muestran entendimiento, esperanza», aseguró.
La repercusión de la propuesta en medios extranjeros de prensa contrasta con la actitud de la prensa estatal cubana, que excluye de sus espacios toda mención a la disidencia que no proceda de filas oficiales.
Vecinos de La Habana entrevistados en torno del Proyecto Varela oscilaron entre el absoluto rechazo por su carácter «contrarrevolucionario», hasta la indiferencia o ignorancia sobre la iniciativa.
«Jamás escuché hablar de ese Proyecto. Solo sé que Varela era un sacerdote cubano del siglo XVIII», comentó un joven universitario que dijo llamarse Juan Manuel.
En tanto, la jubilada Josefina Salazar dijo que en su barrio «alguien habló de eso». «Pero a mí no me interesa», agregó.
La convocatoria fue firmada, entre otros conocidos disidentes, por Héctor Palacios, del Centro de Estudios Sociales, Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Raúl Rivero, de la agencia Cubapress, y Gustavo Arcos, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. (FIN/IPS/pg/mj/ip hd/02
