Tres países latinoamericanos ya solicitaron la extradición Luis Posada Carriles, cubano anticastrista acusado de terrorismo hoy detenido en Panamá, pero su abogado defensor confía en lograr su libertad en mayo.
El Salvador señaló el día 9 su intención de juzgarlo, mientras Cuba desea procesarlo por varios delitos, entre ellos un intento de asesinar al presidente Fidel Castro, y Venezuela aspira a que concluya la condena que cumplía hasta su fuga en 1985 por atentar contra un avión cubano en que murieron 73 personas en 1976.
Pero su abogado en Panamá, Rogelio Cruz, confía en lograr en mayo la libertad bajo fianza de su cliente, luego de que la Fiscalía panameña anunció su decisión de no juzgar por el delito de «asesinato en grado de tentativa» (intento de homicidio).
Posada Carriles guarda prisión junto con los también cubanos Pedro Remón Rodríguez, Manuel Díaz y Guillermo Novo desde noviembre de 2000, luego de que Castro los acusara de conspirar para asesinarlo en ocasión de su visita a la X Cumbre Iberoamericana, en Panamá.
Según la denuncia cubana, los acusados habían planificado colocar explosivos plásticos de alto poder en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Panamá para detonarlos durante un acto al que asistiría el presidente cubano.
«Los artefactos explosivos eran idóneos como para volar varias manzanas. (…) El desastre iba a ocasionar miles y miles de muertos», dijo el 12 de este mes a la televisión estatal cubana Rafael Rodríguez, profesor de la Universidad Autónoma de Panamá.
Sin embargo, los tribunales panameños rechazaron las querellas presentadas por organizaciones estudiantiles, sindicales e indígenas que destacaban el enorme número de víctimas que se hubieran producido de haberse ejecutado el sabotaje.
A la vez, la Fiscalía General panameña eliminó de su informe al Tribunal Supremo Superior la acusación de «asesinato en grado de tentativa», cargo «que representaba, con exactitud, el principal delito que los cuatro terroristas cometieron» en ese país, se quejaron autoridades cubanas.
La cancillería de Cuba consideró «más grave aún» las explicaciones del abogado Cruz, ex procurador general de Panamá, según las cuales la actitud de la Fiscalía constituye un reconocimiento de la «inocencia» de su defendido.
«Se ha buscado la excusa de que no encontraron el detonador» para activar el explosivo, y que «por lo tanto lo único que se les puede imputar» a los detenidos «es tenencia de armas, falsificación y asociación ilícita», comentó Rodríquez.
No acusar a Posada Carriles de tentativa de homicidio constituye «una aberración de carácter jurídico», afirmó el profesor universitario.
Panamá rechazó en abril pasado el pedido de extradición formulado por Cuba cuatro meses antes, a pesar de que la promesa de La Habana de no aplicar la pena de muerte en este caso, pues esa condena no está prevista en la legislación panameña.
El gobierno de Mireya Moscoso no ha respondido a Venezuela su pedido de extradición.
A su vez, El Salvador anunció el 9 de este mes que demandará la extradición de Posada Carriles, a quien se acusa de obtención de documentos de identidad falsos en ese país.
Dos días antes, el presidente salvadoreño Francisco Flores había señalado que las autoridades panameñas estaban «convencidas» de que era falso que Posada Carriles estuviese planificando el asesinato de Castro, por lo que sería «procesado por otros delitos menores».
Pero La Habana considera que existe una «evidente maniobra para tratar de rescatar a un personaje que estableció en San Salvador, durante años, su cuartel general para fraguar sus más tenebrosos complots y que cuenta con la complicidad de los más altos funcionarios» de ese país.
«Sería oprobioso» que las autoridades panameñas, que «injustificadamente» rechazaron la petición cubana, «accedan ahora a una solicitud salvadoreña cuyos objetivos son evidentes», advirtió la cancillería. Para el gobierno de Cuba, El Salvador pretende proteger a Posada Carriles con una acusación menor.
La Habana responsabiliza a Posada Carriles de atentados con explosivos contra instalaciones turísticas cubanas en 1997 y de la organización de numerosos intentos de asesinato de los 600 cometidos contra Castro, según las autoridades cubanas, sobrevivió Castro.
El propio Posada Carriles admitió haber realizado acciones contra Cuba, entrevistado en 1998 por el diario estadounidense The New York Times.
Panamá explicó que la negativa al pedido de extradición cubano se basaba en acuerdos de derecho internacional y en el hecho de que Posada era ya objeto de un juicio.
El artículo 15 de la convención interamericana sobre extradición establece que cuando más de un estado formula una solicitud sobre una persona, tendrá preferencia el país en cuyo territorio se cometió el delito.
En caso de que se trate de crímenes diferentes, se dará preferencia al estado que reclame a la persona por el delito que sea sancionado con pena más grave según la ley del país al que se solicite la extradición.
«Si se tratare de hechos diferentes que el estado requerido considera de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad del pedido», se añade en el texto, del cual son signatarios El Salvador, Venezuela y Panamá.
Posada Carriles, cubano nacionalizado venezolano, fue condenado en Caracas a 27 años de prisión como «responsable directo» de la destrucción en pleno vuelo de un avión de Cubana de Aviación, frente a la costa de Barbados.
El gobierno de Cuba afirmó que en su huida de la cárcel venezolana, Posada contó «con la ayuda y financiación de la Fundación Nacional Cubano Americana», una de las organizaciones anticastristas más influyentes del exilio. (FIN/IPS/pg/mj/ip/02
