Chile y la Unión Europea (UE) confían en firmar en mayo su acuerdo de libre comercio, mientras se aleja para el gobierno de Ricardo Lagos la esperanza de una pronta materialización de un tratado con Estados Unidos.
El director de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena, Osvaldo Rosales, dijo este martes que «se está en la fase final y decisiva» de las negociaciones con la UE y que ambas partes deben flexibilizar sus posiciones.
Rosales respondió así al comisario de Comercio de la UE, Pascal Lamy, quien señaló el lunes en Santiago que «hay límites» para una apertura agrícola de Europa y que las diferencias en torno de los licores están entre «los puntos intransables» en un acuerdo comercial con Chile.
Lamy y la canciller chilena, Soledad Alvear, inauguraron el lunes en esta capital la novena ronda de negociaciones entre las dos partes, que se prolongará hasta este viernes.
El comisario europeo reafirmó en su discurso de apertura de la ronda negociadora el interés común en que el acuerdo de libre comercio se firme durante la cumbre de Europa y América Latina que se inaugurará el 17 de mayo en Madrid.
Las posteriores declaraciones de Lamy acerca de la apertura agrícola y del ingreso de vinos y otros licores chilenos al mercado europeo no afectaron mayormente las expectativas chilenas de suscribir el tratado en la cita en la capital de España.
La UE, que negocia también un acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es renuente a eliminar sus subsidios y otras medidas proteccionistas a su sector agrícola.
En materia de licores, los europeos exigen que las autoridades chilenas eliminen los impuestos a la importación de whisky, que implican una defensa de la industria local del pisco, el aguardiente de uva que se elabora en Perú y en el norte de Chile.
Otra exigencia de la UE es que se deje de etiquetar como champagne a los vinos espumantes producidos en Chile, respetando esta denominación exclusiva para el producto de origen francés.
El presidente de la Asociación de Vinos Finos de Exportación de Chile, Patricio Middleton, dijo este martes que los licores podrían constituir «una barrera infranqueable» para el acuerdo con la UE si no se mejora la posición de los productores chilenos en el mercado europeo.
Chile tiene cinco por ciento de la superficie mundial de vides vitivinícolas y exporta 60 por ciento de su producción, por un valor anual de 600 millones de dólares, de los cuales 350 millones corresponden a ventas en Europa, destacó el dirigente empresarial.
Como bloque, los 15 países de la UE configuran el mayor socio comercial de Chile, que destina a ese mercado 25 por ciento de sus exportaciones, por un monto que en 2001 ascendió a 4.607 millones de dólares.
«Es evidente que existen áreas sensibles, objetivos prioritarios y otros intransables» en las tratativas con la UE, «pero una negociación es precisamente para buscar un equilibrio», dijo Rosales.
«También tenemos (sectores o productos) intransables y al igual que Lamy buscamos objetivos concretos y no solo discursos», agregó el funcionario chileno.
Rosales ratificó, en ese sentido, que Chile no cederá sus recursos pesqueros en la zona de jurisdicción económica de las 200 millas, aunque está dispuesto a facilitar una mayor inversión europea en el sector bajo normas de reciprocidad que incluyan las leyes de conservación vigentes en este país.
El gobierno de Lagos espera mayor flexibilidad de la UE en materia agrícola y agroindustrial, y en especial un buen trato para productos prioritarios de su oferta exportadora, como las frutas frescas, alimentos en conserva, jugo de tomate y algunas legumbres, agregó el negociador chileno.
En las conversaciones de Lamy con Lagos y la canciller Alvear «quedó ratificado el compromiso político de que las negociaciones concluyan en la ronda de abril y la percepción de que eso necesariamente implica flexibilidad de ambas partes», concluyó Rosales.
El gobierno chileno mantiene también desde inicios de 2001 negociaciones con Estados Unidos para un tratado comercial, concebido como una suerte de avanzada en la negociación del Area de Libre Comercio de las Américas, que se espera crear a fines de 2005 en todo el continente.
Una nueva ronda de negociaciones con Washington, prevista para la segunda semana de marzo, fue postergada debido a que el equipo negociador estadounidense no ha terminado de elaborar su propuesta final para los llamados temas «sensibles» del acuerdo.
Estos incluyen aspectos laborales, ambientales, de acceso a los mercados y las normas para la solución de controversias.
El atraso de los negociadores estadounidenses fue atribuido a la cautela con que el gobierno de George W. Bush observa el tratamiento en el Senado de su país de la potestad de la «vía rápida» (fast track).
Este mecanismo, que otorga facultades al presidente de Estados Unidos para negociar tratados comerciales que el Congreso puede aprobar o rechazar en bloque, y no cláusula por cláusula, fue aprobado a fines de 2001 en la Cámara de Representantes.
Pero su ratificación en el Senado se complicó, no sólo por la atención hacia las cuestiones laborales y ambientales, sino también porque la cámara alta decidió votar la solicitud de Bush junto a otros tres asuntos comerciales.
Entre estas otras materias figuran la prórroga del Sistema Generalizado de Preferencias, que incluye rebajas arancelarias para productos de países pobres, y la del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas, que facilita el acceso de la producción de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por sus tareas en la lucha antidrogas.
La tercera norma que se votaría junto a la «vía rápida» se refiere a la situación laboral de los trabajadores estadounidenses afectados por la firma de tratados comerciales. (FIN/IPS/ggr/mj/if/02
