El gobierno de Colombia espera «ayuda de inteligencia» de Estados Unidos para capturar a tres guerrilleros de las insurgentes FARC acusados por Washington de narcotráfico, informó este martes el ministro de Justicia Armando Estrada.
Las autoridades colombianas no recibieron hasta este martes el pedido de extradición estadounidense de los tres integrantes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), agregó Estrada. Se trata de la primera acusación formal de Washington por narcotráfico contra miembros de la organización insurgente.
El jefe del Frente 16 de las FARC, Tomás Molina, conocido como «Negro Acacio», y otros dos guerrilleros, fueron acusados en un tribunal en Washington, informó el lunes el secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft.
Estrada confió en que Estados Unidos coopere «con informes de inteligencia, que desde luego los tienen con mucha mayor efectividad» que las autoridades colombianas, para lograr la captura de los tres insurgentes.
Ashcroft dijo que su gobierno utilizará todos los medios no militares a su alcance para obtener la captura y extradición de los tres guerrilleros, acusados de conspiración para elaborar y distribuir cocaína en Colombia e introducir la droga en Estados Unidos.
La acusación se fundamenta sobre una investigación realizada durante 18 meses en el sur de Colombia por funcionarios de la DEA, la agencia antidrogas del gobierno estadounidense, cuyas conclusiones fueron entregadas a autoridades colombianas y a la Procuraduría General a cargo de Ashcroft.
La investigación demuestra «los nexos de las FARC con el narcotráfico», según el secretario de Justicia de Estados Unidos. La acusación fue formulada contra miembros de las FARC «no como revolucionarios o combatientes por la libertad sino como traficantes de droga», agregó.
La apertura del proceso judicial contra los miembros de las FARC demuestra que Estados Unidos trabaja en dos de sus prioridades: la prevención del terrorismo y la reducción del uso de drogas ilícitas, sostuvo Ashcroft.
Entre 1994 y 2001, Molina y otros miembros del frente 16 de las FARC controlaron la zona de Barranco Minas, a la que convirtieron en centro de operaciones para el procesamiento de cocaína y recolección de cargamentos de otras áreas para enviarlos a Estados Unidos y a otros destinos, aseguró Ashcroft.
Noventa por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos procede de Colombia, según Washington. Ashcroft calculó su valor anual en el mercado en cerca de 36.000 millones de dólares, equivalente al triple de las exportaciones colombianas legales en un año.
La acusación por narcotráfico contra miembros de las FARC alentará las gestiones del gobierno de George W. Bush para ampliar a operaciones de contrainsurgencia el apoyo militar que brinda a la lucha de Colombia contra el narcotráfico, según analistas.
Por otra parte, la acusación contribuye a «debilitar aun más la dimensión política de las FARC», dijo a IPS el investigador Ricardo Vargas, de la organización no gubernamental Acción Andina, dedicada al estudio del narcotráfico en esta región de América del Sur.
La ruptura en febrero de las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, principal organización guerrillera colombiana, dejó a los insurgentes en una mala posición, «tanto a nivel interno como ante la comunidad internacional», sostuvo Vargas.
El gobierno colombiano aprovecha la coyuntura para «enfocar toda su capacidad en un trabajo de cabildeo» (presión), dirigido a que «Estados Unidos utilice la ayuda del Plan Colombia para fortalecer la capacidad del ejército», según el experto.
El Congreso legislativo estadounidense asignó 1.300 millones de dólares al Plan Colombia, programa de desarrollo y contra el narcotráfico diseñado por Pastrana, que se desarrolla desde 2000 en zonas con una alta presencia guerrillera.
El aporte, aunque restringido a la lucha antidrogas, convierte a Colombia en el país que recibe más ayuda militar estadounidense después de Egipto e Israel. Organizaciones no gubernamentales pronosticaron que el Plan Colombia contribuirá a una escalada del conflicto interno.
La acusación contra los tres guerrilleros coincide con versiones de la prensa estadounidense según las cuales el gobierno de Bush pediría esta semana al Congreso la eliminación de las restricciones al uso de la ayuda militar recibida por Colombia.
La ley estadounidense que asignó los fondos prohíbe la utilización de la asistencia en la lucha contra la insurgencia y procura impedir que militares colombianos violen los derechos humanos, informó el 15 de este mes el diario estadounidense The Washington Post.
Las acusaciones contra las FARC «pueden fortalecer el apoyo que el gobierno (de Bush) necesita para cambiar su política hacia Colombia», según la organización no gubernamental estadounidense Oficina de Washington para América Latina.
El secretario de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Otto Reich, afirmó que la lucha contra las FARC puede integrarse a la guerra contra el terrorismo que Bush declaró a raíz de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington.
Las FARC «no son un grupo revolucionario sino terrorista», dijo Reich, máximo funcionario del gobierno estadounidense en las relaciones con el resto de América.
Las FARC, con cerca de 18.000 combatientes, el Ejército de Liberación Nacional, con unos 8.000, y las paramilitares de derecha Autodefensas Unidas de Colombia, con 11.000, figuran en la lista de 30 organizaciones terroristas que elaboró el gobierno de Estados Unidos. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02
