Las elecciones presidenciales de octubre en Brasil ganaron imprevisibilidad por cambios sorpresivos en las reglas del juego y la división de la actual coalición gubernamental.
El ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, renunció este lunes en protesta contra lo que considera una traición de sus aliados socialdemócratas para debilitar las aspiraciones a la presidencia de su hermana y la gobernadora del septentrional estado de Maranhao, Roseana Sarney.
Los hermanos Sarney pertenecen al Partido del Frente Liberal (PFL), una de las tres grandes fuerzas de la coalición de gobierno, que ahora amenaza con retirarse del gabinete en que participa con otros tres ministros.
Esa división, antes limitada a la disputa por la postulación a suceder al presidente Fernando Henrique Cardoso, parece ahora irreversible y traumática, y favorece al candidato de la izquierda, el ex obrero Luis Inacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).
La perspectiva de un triunfo izquierdista, pese al discurso cada día más moderado de Lula, provoca entre sectores conservadores, especialmente empresarios, temor a una vuelta de la inestabilidad económica.
La crisis entre el PFL y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, del presidente Cardoso) estalló el viernes, cuando la Policía Federal, subordinada al Ministerio de Justicia, requisó documentos de la empresa Lunus, de Jorge Murad, marido de Roseana Sarney y gerente de Planificación del gobierno de Maranhao.
La operación, ordenada por la Justicia, se debió a la sospecha de que la empresa desvió créditos públicos subsidiados, tras recibir 18,5 millones de dólares para el proyecto de una fábrica de piezas de automóviles cuya construcción siquiera se inició.
El caso se incorpora al escándalo de la Superintendencia del Desarrollo de la Amazonia, órgano de fomento disuelto el año pasado, después de comprobarse numerosos casos de corrupción, algunos de los cuales condujeron a la renuncia del ex presidente del Senado, Jader Barbalho.
La vinculación del marido de Roseana Sarney con este escándalo, que tiene amplia repercusión hace más de un año, golpea el sueño del PFL de alcanzar la presidencia de Brasil y dejar así la condición de mero acompañante de los socialdemócratas en el poder.
Esa esperanza fue alentada por el inesperado ascenso de Roseana Sarney en las encuestas hace seis meses. Actualmente, 25 por ciento de los encuestados le asignan su voto, y sólo es superada por Lula, con entre 26 y 30 por ciento.
Otro precandidato del oficialismo, el socialdemócrata José Serra, ex ministro de Salud, no supera 10 por ciento de la preferencia de los entrevistados.
La operación policial en la empresa de Murad fue «una acción política vergonzosa, una arbitrariedad» que busca favorecer a Serra, reaccionó la gobernadora, apoyada por su partido y por su padre, José Sarney, presidente de 1985 a 1990.
Tanto Serra como el ministro de Justicia, Aloysio Nunes Ferreira, negaron que la inspección de una empresa sospechosa respondiera a motivos electorales, señalando que la Policía Federal no podría incumplir una orden judicial.
El presidente Cardoso intervino personalmente y se reunió con dirigentes del PFL para poner fin a lo que calificó de «tempestad en un vaso de agua», que, sin embargo, pone en riesgo los resultados de los nueve meses que le quedan de gobierno y la elección de un sucesor aliado.
Esta pelea, que no es la única dentro de la coalición oficial, agrava la incertidumbre de las elecciones presidenciales, parlamentarias y estaduales de octubre, ya trastornadas por un fallo judicial que tiene efectos institucionales.
El Tribunal Superior Electoral decidió el 26 de febrero que las coaliciones partidarias estaduales no pueden diferir de las que se forjen a nivel nacional para disputar la presidencia.
Eso pone fin a una costumbre tradicional, según la cual los partidos realizan alianzas locales de acuerdo con sus intereses locales sin ninguna coherencia ideológica, incluso entre corrientes enemigas a nivel nacional.
La decisión provocó airadas reacciones entre dirigentes partidarios que amenazaron incluso con aprobar rápidamente una enmienda constitucional, idea abandonada ante la posibilidad de una crisis institucional, de enfrentamiento entre poderes, lo que sumaría aun más tumulto al proceso electoral.
Las evaluaciones apuntaron pérdidas para distintos partidos y no faltaron interpretaciones de que se trató de otro golpe contra el PFL, especialmente porque el impulsor del fallo, el juez Nelson Jobim, es allegado a los socialdemócratas y al presidente Cardoso, de quién fue ministro de Justicia.
La nueva regla beneficia al ciudadano y mejora la consistencia de los partidos, que dejan de ser conducidos por caciques locales, sostuvieron algunos cientistas políticos como Luis Werneck Vianna.
Pero otros, como Sergio Abranches, condenaron la medida como autoritaria, por desconocer el carácter federativo de la nación y su realidad política.
Su resultado será el opuesto al pretendido, vaticinaron algunos, porque los partidos nacen de dinámicas locales y provinciales, niveles en que se disputan todas las elecciones a excepción de la presidencial. (FIN/IPS/mo/mj/ip/02
