Abogados y jueces de Pakistán se oponen con firmeza a la iniciativa gubernamental de incluir militares en tribunales especiales antiterroristas, lanzada con el propósito declarado de acelerar procesos pendientes.
El presidente Pervez Musharraf, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1999, ordenó implementar esa iniciativa en enero, tras anunciar una campaña antiextremista, pero la Corte Suprema de Lahore suspendió la ejecución de la orden, a pedido de la Asociación de Abogados de esa nororiental ciudad.
El caso volverá a ser considerado por la corte de Lahore este lunes, y según versiones periodísticas, el gobierno está dispuesto a apelar ante la Corte Suprema nacional si es necesario.
Musharraf había dispuesto que todas las cortes especiales para juzgar delitos de terrorismo, creadas en 1997 por el ex primer ministro Nawaz Sharif, al comienzo de su segundo periodo de gobierno, incluyeran a un militar con rango de teniente coronel o superior.
Las autoridades sostuvieron que la principal razón de esa medida era que un exceso de casos pendientes enlentecía la administración de justicia, y que no estaban satisfechas con el actual funcionamiento de las cortes, que consideraron ineficiente.
Eso creó un conflicto con el Poder Judicial, con el cual el gobierno militar había tratado hasta ahora de mantener armónicas relaciones.
El Consejo de la Asociación de Abogados de Pakistán afirmó en un comunicado que la nueva integración de cortes antiterroristas dispuesta por Musharraf «las convertiría en inconstitucionales tribunales militares», y «expresa total falta de confianza en la integridad y la competencia del Poder Judicial».
Los abogados han realizado huelgas en todo el país contra la iniciativa, y anunciaron que no participarán en juicios ante cortes integradas por militares.
El Poder Ejecutivo no consultó al Judicial antes de ordenar la reforma, sostuvo en la segunda semana de febrero el entonces ministro de Justicia Munir A Sheikh, ex integrante de la Corte Suprema nacional.
El Poder Judicial no es responsable de la lentitud de los juicios, porque sólo puede fallar cuando se le presenta evidencia, y «parece que los encargados de obtenerla quieren trasladar la culpa a los jueces», opinó.
La corte de Lahore invocó el precedente de veredictos emitidos por la Corte Suprema nacional durante el gobierno de Sharif (1997- 1999), contra la intervención de jueces militares en casos contra civiles y contra el establecimiento de un «sistema judicial paralelo».
El opositor Partido Popular de Pakistán, liderado por la ex primera ministra Benazir Bhutto (1988-1990 y 1993-1997), elogió la decisión adoptada en Lahore, y sostuvo que es preciso afrontar problemas de fondo que enlentecen los juicios, mediante el fortalecimiento del Poder Judicial y no con su militarización.
Es llamativo que el plan de Musharraf no haya sido criticada por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos ni por otros grupos de la sociedad civil, que se opusieron con gran vehemencia a iniciativas similares de Sharif.
Eso parece deberse al temor de que las críticas se interpreten como una defensa del terrorismo, y la misma causa puede explicar que las objeciones a la iniciativa en medios de comunicación hayan sido cautelosas.
«Tras lanzar la campaña contra terroristas y extremistas religiosos, que condujo al arresto de más de 2.000 personas, el gobierno cree necesario incluir en las cortes antiterroristas a militares con sólido conocimiento de la ley, para acelerar los procesos», sostuvo un funcionario del Ministerio de Justicia.
«Se apeló a los militares porque no hay recursos económicos para aumentar el número de jueces», arguyó.
Unas 900 personas, acusadas en 600 casos ante cortes antiterroristas, permanecen en la actualidad en la cárcel mientras esperan ser juzgadas.
La reforma de las cortes antiterroristas impulsada por el gobierno no sólo es preocupante por la integración de militares a esas cortes, opinó Rashid Razvi, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de la Asociación de Abogados.
Una cláusula del proyecto permite al gobierno federal y a los provinciales encomendar la investigación judicial de delitos relacionados con el terrorismo a la policía o a otras fuerzas de seguridad, destacó.
Funcionarios que no quisieron ser identificados admitieron que la reforma no podrá ser implementada sin cooperación de jueces y abogados, y uno de ellos dijo a IPS que «el gobierno militar no sabe cómo manejar el problema y está por completo confundido». (FIN/IPS/tra-eng/mr/js/mp/ip hd/02
