Una jueza federal de Estados Unidos decidió hacer lugar a una demanda contra la empresa multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell Petroleum, acusada de complicidad en violaciones a los derechos humanos en Nigeria.
La decisión permite a la parte demandante interrogar a ejecutivos y examinar documentos de la compañía petrolera para probar la acusación de que, mediante su subsidiaria Shell Nigeria, estuvo involucrada en la tortura y ejecución del novelista Ken Saro-Wiwa y otros ocho activistas.
Los nueve, que se oponían a la explotación petrolera en tierras de la minoría ogoni, fueron ejecutados el 10 de noviembre de 1995, bajo la dictadura del general Sani Abacha.
Más de 30 años de explotación petrolera en tierras de los ogoni contaminaron el agua e hicieron desaparecer los peces de los ríos, según los activistas.
Además, afirmaron, la tierra se volvió infértil, y la flora y la fauna están desapareciendo de la región.
Debido a la extracción de petróleo, el delta del Níger, con sus bosques tropicales y manglares, es el delta fluvial más amenazado del mundo, advirtió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Shell negó en reiteradas ocasiones cualquier responsabilidad por la muerte de Saro-Wiwa, y recordó que realizó un pedido de clemencia a último minuto y se pronunció contra el uso de la violencia y los juicios sin garantías.
La empresa procuró el sobreseimiento de la causa, pero la jueza Kimba Wood se negó a hacerlo en una sentencia pronunciada el 28 de febrero.
«Esta decisión significa que las familias de Ken Saro-Wiwa y sus compañeros ogonis podrán obtener algo de justicia por los asesinatos y otros abusos de los que Shell fue cómplice», comentó Richard Herz, abogado de EarthRights International, una organización no gubernamental que correpresenta a los demandantes.
La sentencia «advierte a otras empresas multinacionales que no pueden participar impunemente en violaciones a los derechos humanos», agregó.
EarthRights, con sede en Washington, presentó la demanda por primera vez en 1996 junto al neoyorquino Centro para los Derechos Constitucionales, en representación de los familiares de las víctimas de tortura o asesinato.
Los demandantes afirmaron que Shell brindó dinero y armas al gobierno de Nigeria para que aplastara el movimiento de protesta, y acusaron al régimen militar de ofrecer sobornos para obtener falsos testimonios sobre Saro-Wiwa y John Kpuinen, quienes fueron ejecutados en la horca junto a los otros siete activistas.
Además, Owens Wiwa, hermano de Ken Saro-Wiwa, fue detenido y torturado, y una mujer recibió disparos de soldados nigerianos convocados por Shell mientras protestaba pacíficamente por el arrasamiento de sus cultivos para dar lugar a la construcción de un oleoducto, según la demanda.
«Al involucrarse directamente en las actividades de Shell Nigeria contra el Movimiento de Supervivencia del Pueblo Ogoni, y al dirigir esas actividades, los acusados convirtieron a Shell Nigeria en el agente de los daños alegados en la demanda», escribió la jueza Wood en su sentencia.
Según la magistrada, las acusaciones cumplen los requisitos de la Ley de Demandas de Extranjeros por Daños, que permite a ciudadanos de otros países entablar acciones en Estados Unidos contra empresas con representación en este país por violaciones del derecho internacional.
Si se prueban los cargos, Royal Dutch/Shell y Brian Anderson, ex presidente de Shell Nigeria, podrían ser condenados por tortura, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, y tratamiento inhumano, cruel y degradante, entre otros crímenes que la compañía niega haber cometido.
La ejecución de los nueve activistas ogoni en 1995, luego de un juicio militar, generó una ola internacional de críticas que terminó de aislar al régimen militar de Nigeria. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/mlm/hd/02
