El gobierno y la oposición de Venezuela midieron fuerzas otra vez en las calles este miércoles, en sendas manifestaciones convocadas en recuerdo del «Caracazo», de 1989, una rebelión popular que fue ahogada a sangre y fuego sin que la justicia dirimiera responsabilidades por la represión.
La marcha de protesta contra el gobierno de Hugo Chávez, convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), se realizó a lo largo de dos kilómetros por el centro de Caracas y reunió entre 50.000 y 60.000 personas, según cálculos de sus organizadores.
En tanto, los partidarios del gobierno sumaron el doble que sus detractores, de acuerdo con expertos independientes consultados por IPS, en una caminata de más de ocho kilómetros desde el este al centro de la ciudad finalizada en un acto frente al Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo.
Mientras, organizaciones no gubernamentales criticaron con dureza a ambos por utilizar la conmemoración del Caracazo para medir sus fuerzas nuevamente.
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares y Víctimas del Caracazo (Cofavic), dijo a IPS que las manifestaciones de este miércoles constituyen «una burla», porque «hace 13 años que se está esperando por un pronunciamiento de la justicia» en torno a las responsabilidades de la dura represión de entonces.
Ni las anteriores autoridades ni las actuales han demostrado interés por castigar a los responsables, lo cual alimenta la impunidad pese a que fueron emplazados al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, añadió.
Decenas de miles de personas se volcaron a las calles el 27 y el 28 de febrero de 1989, en especial en Caracas, y se ocuparon supermercados y otros locales, en protesta por el severo programa económico aplicado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando iniciaba su segundo mandato finalizado en 1993.
Organizaciones humanitarias venezolanas calculan que al menos 600 personas murieron o resultaron desaparecidas en esos dos días, aunque no existe un registro oficial de esas muertes y se desconoce el número exacto de víctimas, aún 13 años después.
El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), William Lara, expresó este miércoles que el país vive un antes y un después al comparar el 27 de febrero de 1989 y el de 2002.
A su juicio, los sucesos de 1989 se originaron «porque los que estaban gobernando no querían escuchar al pueblo» y «el programa neoliberal se aplicó sin consultar a los sectores de la sociedad».
Lara, miembro de la dirección del Movimiento V República (MVR), que respalda a Chávez, aseveró que las actuales autoridades «no cierran los canales de participación» y «están abiertas y al lado del pueblo», lo cual se refleja en la serie de manifestaciones callejeras en su favor de las últimas semanas.
El gobierno y la oposición ya midieron fuerzas en las calles el 23 de enero, a los 44 años del derrocamiento de la última dictadura, y el 4 de febrero, cuando se cumplió una década de la frustrada rebelión militar encabezada por Chávez, cuando aún era un coronel en actividad.
El analista político Teodoro Petkoff, director del vespertino Tal Cual, opinó este miércoles que «un gobierno que se siente forzado a disputar la calle cada vez que sus adversarios la toman es un gobierno que va cuesta abajo».
Paralelamente, Venezuela ha sido escenario en las últimas semanas de pronunciamientos individuales de altos oficiales, que han pedido la renuncia a la presidencia de Chávez, al que acusan de autoritario y de colocar a las Fuerzas Armadas al servicio de su proyecto de «revolución social bolivariana».
También portavoces del gobierno de Estados Unidos han expresado públicos cuestionamientos a la gestión de Chávez e, incluso, manifestaron dudas de que el presidente venezolano pueda concluir su mandato en 2006.
Ese abanico de factores, unido a una caída de la popularidad de Chávez y al descenso de los precios internacionales del petróleo, principal fuente de ingresos del país, muestran un escenario complicado para la gestión del mandatario, según analistas políticos.
Los observadores sostienen que en las manifestaciones de este miércoles se evidenció una mayor presencia en favor del gobierno, a diferencia del 23 de enero, al tiempo que la protesta de la oposición tuvo menor fuerza.
Un dirigente sindical del interior comentó a IPS que asistió a la manifestación opositora del 23 de enero «porque estábamos defendiendo la democracia», pero que decidió no asistir esta vez «porque no voy a salir a defender a Carlos Ortega (presidente de la CTV, la principal central obrera del país)».
Las anteriores manifestaciones opositoras fueron convocadas por organizaciones de la sociedad civil, para luego unirse políticos de oposición. En cambio, la protesta de este miércoles fue impulsada por la CTV, tradicionalmente asociada al opositor partido socialdemócrata Acción Democrática (AD).
Ortega recibió el respaldo de la principal cámara empresarial del país, Fedecámaras, que el 10 de diciembre organizó una huelga general para exigir una «rectificación» del gobierno y la revisión de un conjunto de leyes aprobadas en el marco de los poderes especiales otorgados por el parlamento a Chávez.
En tanto, la CTV criticó ahora la aprobación inconsulta de una ley que fija nuevas reglas para los funcionarios públicos, al tiempo que reclama un aumento salarial y medidas sociales compensatorias, tras las medidas económicas anunciadas por Chávez el 12 de este mes.
Ortega llamó a los trabajadores a «preparar municiones» de cara a una huelga general que podría ser convocada para marzo.
El dirigente sindical le entregó un documento y se entrevistó con el vicepresidente del parlamento, Rafael Simón Jiménez, un dirigente socialista que apoya a Chávez y que ha abierto canales de diálogo con diversos sectores.
Jiménez llamó, tanto a la oposición como al gobierno, a «buscar puntos de consensos para preservar la democracia». «En medio de las diferencias que podamos tener, tenemos que ser afirmativos en la búsqueda de acuerdos», apuntó. (FIN/IPS/ac/dm/ip/02
