El coronel venezolano Pedro Soto se declaró este jueves «en rebeldía» y «en desobediencia civil», al rechazar su pase a retiro, decidido por las autoridades por haber exigido la renuncia del presidente Hugo Chávez.
El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, confirmó este jueves el pase a retiro de Soto y aseguró que la situación en las Fuerzas Armadas «es completamente normal», pese a otros dos oficiales en actividad también se pronunciaron contra Chávez.
Soto fue el primer oficial en servicio activo que criticó al presidente, el 7 de este mes. Al día siguiente se le unió el capitán Pedro Flores, de la militarizada Guardia Nacional, y el lunes el vicealmirante Carlos Molina Tamayo, de la marina de guerra.
Los tres coincidieron en criticar el autoritarismo de Chávez y la excesiva politización de las Fuerzas Armadas en respaldo del gobierno. Soto, Flores y Molina Tamayo han sido sometidos a proceso por sus respectivas fuerzas a causa de sus declaraciones, pero sin que se los privara de la libertad.
Observadores prevén que Flores y Molina Tamayo también serán pasados a retiro.
El presidente Chávez no se ha pronunciado hasta ahora sobre la actuación de esos oficiales, que coincidieron en señalar que actuaban «siguiendo la conciencia personal», pero a la vez alertando sobre un supuesto descontento general entre los militares.
«El coronel Soto pasó a retiro. (…) Sé que a los periodistas no nos gusta la palabra normal, pero es la única que se puede aplicar» a la situación en las Fuerzas Armadas, expresó Rangel, primer civil en un siglo que conduce el Ministerio de Defensa. El ministro tiene trayectoria en medios de prensa.
Al ser consultado sobre la representatividad de los tres oficiales en filas militares, Rangel expresó: «Las Fuerzas Armadas tienen un universo de 120.000 hombres. Apliquen el porcentaje.»
El coronel Soto dijo que la decisión fue «ilegal». «Yo sigo siendo un militar activo», agregó, y recalcó que hizo su pronunciamiento respaldado en la Constitución Bolivariana, impulsada por Chávez y aprobada en 1999, que reconoce la libertad de expresión y de opinión «a todos sin excepción».
El oficial se declaró en desobediencia civil y retó a las autoridades a que le «quiten el uniforme». Los abogados de Soto se dirigieron a la Fiscalía General para apelar la decisión.
«Cada vez se dan más condiciones para la desobediencia civil, dada la situación de ingobernabilidad que estamos viviendo», dijo a IPS la politóloga Ruth Capriles, de una red de control ciudadano crítica del gobierno de Chávez.
Capriles calificó de «vía ingeniosa» la utilizada por los tres oficiales, que se «expresaron como ciudadanos» amparados en la Constitución de 1999. La carta política reconoció el derecho al sufragio de los militares.
«Las manifestaciones públicas de (los tres) oficiales no deben entenderse como la pretensión de dar un golpe (de Estado), pero sí expresan descontento, también dentro de las filas militares, con el gobierno de Chávez», sostuvo la politóloga.
La declaración de desobediencia civil de Soto fue condimentado con la renuncia, en un acto público este jueves, del subcomisario de la policía política Gustavo Egui, quien expresó su descontento con la orden que recibió de investigar a numerosos oficiales en actividad.
Egui también aseguró que el gobierno de Chávez brinda «protección a subversivos colombianos» que estarían radicados en la capital venezolana.
La acusación del subcomisario se relaciona con otras anteriores, incluso expresadas por autoridades de Estados Unidos, sobre la supuesta relación de Chávez y sus colaboradores con guerrilleros de la vecina Colombia.
Estas denuncias públicas adquieren mayor gravedad desde la ruptura, en la noche del miércoles, del diálogo de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal organización insurgente de ese país.
El coronel Soto también sostuvo que «si el presidente Chávez no estuviese vinculado con la guerrilla (colombiana), ya hubiera mandado a las Fuerzas Armadas a la frontera» para que los insurgentes «no se vengan para Venezuela».
Por otra parte, dos generales ex colaboradores cercanos de Chávez, Ovidio Poggioli y Guaicaipuro Lameda, solicitaron y otbuvieron el pase a retiro luego de renunciar a los cargos que habían ocupado en el actual gobierno.
Poggioli era director del aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal del país, y Lameda se desempeñó hasta la semana pasada como presidente de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El gobierno de Chávez se ha caracterizado por la actuación de oficiales, activos y retirados, en cargos políticos tradicionalmente ejercidos por civiles.
No puede hablarse de una militarización, pero evidentemente «Chávez ha colocado a militares al frente de direcciones y organismos que no son de naturaleza militar, como la aplicación de los programas sociales», dijo a IPS el politólogo y sacerdote jesuita Arturo Sosa.
Esta tendencia se relaciona con la propia extracción militar de Chávez, lo cual hace «que se sienta en confianza entre los uniformados», indicó Sosa.
El presidente se apoya en el mundo castrense para gobernar, pero su relación con los militares no deja de ser compleja.
Chávez es teniente coronel, pero también, en su carácter de jefe de Estado, es comandante de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, tiene potestad de dar órdenes a militares con un rango superior al suyo.
El mandatario es formalmente un civil desde 1994, cuando pasó a retiro, pero una vez que llegó a la presidencia pidió permiso para usar nuevamente su uniforme militar en actos públicos.
Pero el punto más difícil de manejar dentro de las Fuerzas Armadas tal vez sea el liderazgo de Chávez, cuando aún estaba en actividad, del fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, realizada por mandos medios contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
La rebelión fue derrotado por los efectivos leales al presidente Pérez, que había sido elegido democráticamente. Diversos analistas coinciden en que entonces se registró una ruptura interna en el seno del mundo militar.
Chávez, de alguna manera, colocó nuevamente ese conflicto sobre el tapete el 4 de febrero de este año, al cumplirse un decenio del intento de golpe, cuando declaró la fecha «día de júbilo». (FIN/IPS/ac/mj/ip/02
