La Unión Europea (UE) acordó un plan de acción para combatir el ingreso de inmigrantes ilegales, que incluirá severas penas contra organizaciones traficantes de personas.
Los ministros de Justicia y del Interior de los 15 estados miembros de la UE resolvieron coordinar las políticas de combate al contrabando de seres humanos, establecer oficinas comunes para la entrega de visas en países fuera del bloque y crear una base de datos única sobre visas otorgadas por los estados miembros.
Las medidas fueron propuestas por España, que ejerce la presidencia rotativa de la UE, en una reunión informal celebrada entre el miércoles y el viernes en la septentrional ciudad española de Santiago de Compostela.
«La inmigración ilegal es el área donde la UE ha hecho menos progresos hasta ahora», sostuvo el ministro del Interior de España, Mariano Rajoy.
El plan alcanzado por los ministros, que deberá traducirse en leyes, compromete a los estados del bloque a confiscar las ganancias producidas por el contrabando de personas, y propone que los traficantes sean obligados a pagar por la repatriación de las víctimas.
El programa también alcanza a los empresarios que emplean a inmigrantes ilegales para eludir el pago de impuestos y aportes patronales, forzándolos a cumplir con esas obligaciones.
Con respecto a la repatriación, se impulsará el regreso voluntario de los inmigrantes a su país de origen, a un país de tránsito o al que los acepte. El plan exige la armonización de procedimientos, y prevalece la idea de crear un sistema común para financiar las repatriaciones.
Sin embargo, el documento firmado por los ministros advierte que antes de alcanzar acuerdos de readmisión con los países de donde proceden los refugiados, deberá efectuarse una evaluación cuidadosa de la situación interna en materia política y de derechos humanos.
Los acuerdos de readmisión son un poderoso disuasorio de la inmigración ilegal, sostuvo el ministro de Justicia de Irlanda, John O'Donoghue.
Luego que Irlanda firmó un acuerdo de este tipo con Rumania en 2000, la cantidad de solicitantes de asilo cayó en 43,5 por ciento, afirmó.
Si bien la propuesta subraya la necesidad de respetar la Convención de Ginebra, de 1951, que prohíbe la penalización de refugiados ingresados ilegalmente a un país, organizaciones de derechos humanos expresaron reservas.
Este acuerdo no prevé salvaguardas para los genuinos solicitantes de asilo, sostuvo Irene Donadio, integrante del Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados.
«Los estados miembros están muy dispuestos a proteger sus fronteras, pero no vemos ningún compromiso político real de respetar las obligaciones internacionales con los refugiados», afirmó.
Las organizaciones no gubernamentales están preocupadas por la situación en las fronteras de la llamada «Fortaleza Europa», y carecen de fondos para controlar las prácticas de repatriación, según Donadio.
«La cuestión clave para quien busca asilo es el ingreso. No tiene sentido hablar de condiciones de recepción cuando los verdaderos refugiados son rechazados en la frontera», afirmó.
Los ministros previeron la conformación de una amplia base de datos sobre visas otorgadas y rechazadas, que incluya el nombre del solicitante, un registro del tipo de visa concedida y los motivos del rechazo, para impedir que la misma persona solicite visas en varios países miembros.
«La mayoría de los inmigrantes ilegales en la UE ingresan en forma legal, pero no retornan a sus países cuando expiran sus visas de turistas o de trabajo», sostuvo un portavoz de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.
La base de datos permitirá resolver este problema otorgando a las autoridades nacionales una herramienta para detectar a los inmigrantes ilegales en sus territorios.
Por otra parte, muchos estados del bloque que no cuentan con representación diplomática en terceros países otorgan visas a través de los consulados de otros miembros.
La UE procura ampliar esta práctica, estableciendo recursos y personal consular comunes, para reducir el costo de las visas y conducir a la creación de una política única en la materia, tal como prevé el Tratado de Amsterdam, firmado en 1997.
Aún no está resuelta la creación de una policía europea de fronteras. El gobierno de Italia presentará en mayo un estudio sobre esa propuesta, respaldada por la Comisión, pero resistida por algunos estados.
«Estoy de acuerdo con programas comunes de entrenamiento, pero no necesitamos un cuerpo específico de la UE», opinó el ministro de Justicia de Suecia, Thomas Bodstrom. (FIM/IPS/tra- eng/bb/gh/sm/dc/pr ip/02
