El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, se comprometió este jueves ante el movimiento de desempleados a consultarlos para la elaboración de políticas sociales, que contarán con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Duhalde también informó a delegados de las organizaciones Central de Trabajadores Argentinos, Federación de Tierra y Vivienda y Corriente Clasista Combativa, representativas de los desocupados, que procurará la libertad de los activistas sociales presos en los últimos años.
Una misión de la OIT, encabezada por el director general del organismo para América Latina, Agustín Muñoz, ofreció al gobierno argentino asistencia técnica para un programa de subsidios a jefes de familia desempleados al que las autoridades prevén destinar 1.000 millones de dólares.
El desempleo supera 21 por ciento de la población económicamente activa, según cálculos privados. La tasa había ascendido en octubre a 18,3 por ciento, pero en los últimos tres meses se perdieron más de 30.000 puestos de trabajo.
Duhalde anunció a los dirigentes con los que se entrevistó este jueves que dictará un decreto para incluir a las organizaciones de desempleados en los consejos consultivos sobre asuntos laborales que creará el gobierno.
«Le pedimos al presidente que no se deje presionar por los acreedores externos y por el sistema financiero, porque nosotros estamos viviendo una situación límite», dijo el líder de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis D'Elia.
Los dirigentes reclamaron la distribución equitativa de los recursos destinados a los desocupados y que, además de tener en cuenta a los jefes de familia, se brinde asistencia a los jóvenes, a los ancianos y a los matrimonios sin hijos, así como la eliminación de requisitos a quienes soliciten el subsidio.
«Es vergonzoso que se le exija a quienes no tienen nada que paguen para obtener documentos. Hay muchísimos niños que no están registrados porque los padres no pueden pagar el trámite», dijo Marcelo Loto, de la Federación de Tierra y Vivienda.
El dirigente cuestionó, además, el requerimiento de un certificado de domicilio para inscribirse en el programa. «Hay mucha gente que vive en terrenos fiscales, en asentamientos precarios, que no tienen domicilio».
Las tres organizaciones de desocupados habían realizado el lunes una marcha de más de 40 kilómetros a pie hacia la sede del gobierno para exigir la creación de un millón de puestos de trabajo, alimentos y la libertad de los dirigentes presos.
Más de 2.800 participantes en las manifestaciones realizadas desde hace años por el movimiento de desempleados, conocidos como «piqueteros», fueron procesados, y 70 recibieron sentencias de prisión.
El dirigente piquetero Emilio Alí «lleva más de un año preso, luego de haber sido condenado a cinco años de prisión, sólo por pedir alimentos en la ciudad de Mar del Plata», en la provincia de Buenos Aires, dijo Loto.
La OIT estudia, entre otros programas, la creación de puestos de trabajo a través de obras públicas y la conformación de microempresas, así como planes especiales para jóvenes y mujeres.
El organismo internacional también quiere ayudar al gobierno a asegurarse de que los fondos destinados a los programas de desempleo se entreguen efectivamente a quienes más los necesitan y a que se utilicen para crear empleos productivos y duraderos.
Muchos se proponen emigrar en busca de empleo. Sebastián terminó la escuela secundaria y fue a trabajar con su padre en la construcción. Hoy tiene 19 años, está desocupado y pretende radicarse en Australia o en Canadá, porque «allí necesitan mano de obra».
«No le tengo miedo al inglés. Algo estudié en la escuela», dijo. «Acá no hay futuro», sentenció Sebastián.
El gobierno, que el 23 de este mes declaró al país en emergencia laboral, aguarda la entrega por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo de 2.000 millones de dólares para programas sociales y contra el desempleo.
«La Central de Trabajadores Argentinos reclama un seguro universal de desempleo», precisó Loto, quien destacó la importancia de la capacitación para los desocupados y para los jóvenes que aún no han tenido su primer empleo.
Argentina es hoy un país de «nuevos pobres», según un estudio que la firma consultora Equis realizó sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.
De los cuatro millones de personas que el año pasado estaban debajo de la línea de pobreza, 60 por ciento procedían de la clase media, que en los años 70 representaba 65 por ciento de la población y en la actualidad es sólo 45 por ciento de los 36 millones de habitantes de Argentina.
Fernando, un arquitecto de 40 años con tres hijos en edad escolar, carece de trabajo estable hace seis años, cuando cerró la empresa en que trabajaba. La mayor parte del año su familia sobrevive con menos de 200 dólares por mes, el salario de su esposa como maestra, y con la ayuda de familiares y amigos.
«Por suerte, tenemos un apartamento y no tenemos que pagar alquiler, pero nuestro ingreso no alcanza. Sólo pagamos los servicios que se suspenden por falta de pago. Hace mucho que dejamos de pagar los impuestos», dijo Fernando, quien sufrió una crisis depresiva «que casi destruye a la familia».
El Estado carece de recursos para hacer frente al pago de su deuda pública y para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades en materia de salud, educación y asistencia social. Tampoco puede abonar los salarios de los empleados públicos.
A eso se suma el creciente descontento popular originado por las restricciones para el retiro de dinero depositado en los bancos, que rigen desde el 3 de diciembre y redujeron la capacidad de gasto de la población.
Según pronósticos oficiales, la economía argentina se reducirá cinco por ciento este año, aunque estimaciones privadas y de instituciones independientes señalan que esa caída puede llegar a 10 por ciento.
«Tengo un taller mecánico, pero cerrado», dijo Ernesto, un trabajador por cuenta propia de 52 años. Hacía meses que no recibía automóviles para reparar «porque la gente no tiene dinero o si lo tiene lo usa para cosas elementales», explicó.
Aunque su esposa tiene dos trabajos, sus ingresos no les alcanzan para vivir y ya deben varios meses de alquiler. «A mi edad no es fácil conseguir trabajo, porque no hay para los que tienen 20», indicó.
Ernesto no descarta dejar la vivienda que alquila en la ciudad de Buenos Aires para irse «a vivir a una villa de emergencia», barrios de construcciones precarias en la periferia de la capital habitadas por la población más pobre.
La crisis también afecta a los inmigrantes que proceden de los países vecinos y de Perú, que en los últimos 10 años se trasladaron a Argentina atraídos por la posibilidad de trabajar y enviar dólares a sus familias.
Según diversas estimaciones, muchos de los tres millones de bolivianos, paraguayos y peruanos residentes en Argentina han decidido regresar a sus países de origen y otros manifiestan su intención de hacerlo. (FIN/IPS/va/mj/lb dv/01
