El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió su diálogo con el gobierno de Sudán, luego de que un helicóptero militar sudanés atacara el jueves a miles de personas reunidas para recibir ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El ataque mató a por lo menos 17 personas e hirió a docenas más en la sudoriental aldea de Bieh, en cuyas cercanías compañías europeas y asiáticas buscan y explotan yacimientos de petróleo, afirmó el PMA, agencia con sede en Roma de la Organización de las Naciones Unidas.
El gobierno sudanés había sido informado con adecuada anticipación sobre la distribución de alimentos que iba a llevarse a cabo, indicó.
«Ataques como éste, cometidos en forma deliberada contra civiles que iban a recibir ayuda humanitaria, son absolutamente inaceptables. Fue el segundo de su tipo en menos de dos semanas, y una intolerable afrenta a la vida humana y el trabajo humanitario», enfatizó la directora del PMA, Catherine Bertini.
El Departamento de Estado sostuvo que el incidente fue parte de «una sucesión de ataques brutales sin sentido del gobierno contra civiles inocentes», que «plantean graves dudas sobre su compromiso con la paz y con las vidas de su pueblo», y pidió a Khartoum «una explicación completa y detallada de lo ocurrido».
«También solicitamos que nos explique cómo es posible que una parte del gobierno pueda negociar con Estados Unidos un acuerdo para que cesen los ataques contra civiles, mientras otra parte del gobierno continúa en forma deliberada esos ataques», señaló.
Todas las conversaciones con el gobierno de Sudán sobre una nueva iniciativa de paz impulsada por Estados Unidos y países europeos serán suspendidas hasta recibir «completa respuesta», añadió.
En los últimos meses, Washington había elogiado el apoyo de Khartoum a la «guerra contra el terrorismo» lanzada por el presidente estadounidense, George W. Bush, y preparaba un diálogo con el régimen del Frente Nacional Islámico (FNI) para poner fin a la guerra civil sudanesa, que ha durado 19 años.
El gobierno estadounidense no indicó si suspendería también su participación, prevista para este fin de semana, en el despliegue de observadores del cumplimiento del cese del fuego entre Khartoum y el insurgente Ejército del Movimiento de Liberación Popular de Sudán, en las meridionales montañas de Nuba.
El ataque emn Bieh y la reacción de Washinghton ocurrieron en un momento clave de gestiones por un acuerdo permanente de paz entre el gobierno del FNI, vinculado con la población musulmana de origen árabe, y los insurgentes de la región meridional, donde predominan los negros y las comunidades cristianas y animistas.
La guerra civil ha causado la muerte de unos dos millones de personas y el desplazamiento forzoso de unos cuatro millones, en un país que tenía 29 millones de habitantes en 1999.
El enviado especial de Bush a Sudán, John Danforth, había propuesto que ambas partes en conflicto aceptaran cuatro «medidas para construir confianza», como base para futuras negociaciones de un acuerdo de paz.
Khartoum aceptó en enero tres de esas propuestas: una comisión internacional que investigará su papel en la captura y esclavización de habitantes de la región meridional por milicias pro gubernamentales, «zonas de tranquilidad» en esa región para realizar campañas de vacunación, y el cese del fuego en Nuba.
Pero rechazó la cuarta iniciativa: el cese incondicional de sus bombardeos contra áreas civiles en la región meridional.
A comienzos del mes próximo, Danforth debe presentar a Bush un informe sobre las perspectivas de avance en el proceso de paz, para que el presidente decida si continúa sus esfuerzos de mediación.
Una amplia coalición que incluye a grupos cristianos y afroestadounidenses presiona a Bush por sanciones más severas contra Khartoum para que negocie un acuerdo de paz que asehure la autodeterminación de la región meridional.
Entre las sanciones solicitadas está prohibir que compañías con inversiones en el sector petrolero sudanés operen en el mercado bursátil de Estados Unidos.
Khartoum obtiene unos 500 millones de dólares anuales por exportaciones de petróleo, y emplea gran parte de ese dinero para comprar material bélico, y en especial helicópteros de combate como el usado en el ataque del jueves.
Por otra parte, firmas estadounidenses y altos funcionarios de Washington se oponen a la adopción de esas sanciones, que se sumarían a las aplicadas desde comienzo de los años 90 contra el gobierno sudanés, acusado por el Departamento de Estado de apoyar el terrorismo internacional.
El saudita Osama bin Laden, a quien el gobierno estadounidense considera responsable de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, residió y trabajó en Khartoum de 1991 a 1996.
Tras aquellos atentados, Khartoum arrestó a unas dos docenas de presuntos integrantes de Al Qaeda (La Base), la organización de Bin Laden, y puso a disposición de agencias de seguridad de Estados Unidos muchos de sus archivos de Inteligencia, quizá por temor a un ataque como el lanzado por Bush contra Afganistán.
Al mismo tiempo, el gobierno sudanés expresó interés en que Washington mediara en la guerra civil, y eso condujo a las gestiones de Danforth y de representantes diplomáticos de varios países europeos, entre ellos Gran Bretaña, Noruega y Suiza.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Mustafa Osman Ismail, viajó a Washington la semana pasada para reunirse con Danforth y otros funcionarios, y expresó «profundo pesar» por un ataque realizado la semana anterior, en la meridional aldea de Akeum, contra civiles que acababan de recibir alimentos del PMA.
El ministro insistió en que ese ataque, realizado con helicópteros de combate que causaron la muerte de dos niños y heridas a docenas, se debió a un «error técnico», en declaraciones al servicio de noticias allAfrica.com.
«No atacamos en forma deliberada a civiles, por supuesto», afirmó.
Días después, la organización no gubernamental humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) sostuvo que un ataque similar se produjo en la aldea de Nimne, también en el área petrolera, el mismo día que el de Akeum, causó la muerte de cinco personas, entre ellas un integrante de MSF de 20 años de edad, hirió a muchas más e hizo huir a los habitantes de esa localidad.
El ataque en Bieh, en el cual participaron cuatro helicópteros según los insurgentes, parece indicar una escalada que quizá busca responder a recientes compromisos de Washington con insurgentes y opositores.
La semana pasada, en Washington, una delegación de la Alianza Democrática Nacional, integrada por los rebeldes, recibió el primer millón de dólares de tres destinados a fortalecer su representación política en capitales de Africa Oriental, cuya entrega se había postergado durante mucho tiempo, según fuentes cercanas al gobierno estadounidense.
Las fuentes aseguraron que los visitantes fueron invitados a enviar a mediados de marzo una nueva delegación a Washington, encabezada por el líder de los insurgentes, John Garang. (FIN/IPS/tra-eng/jl/aa/mp/ip/02
