La matanza en Pakistán de musulmanes que oraban en una mezquita, poco después del asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl, demostró que la promesa gubernamental de erradicar a grupos extremistas está lejos de cumplirse.
Desconocidos atacaron a balazos el martes a unas 40 personas que realizaban sus oraciones vespertinas en una mezquita de la noroccidental ciudad de Rawalpindi, mataron a 12 de ellas e hirieron en forma grave a 16 antes de huir.
«Tres terroristas que se desplazaban en motocicleta llegaron a la mezquita. Dos de ellos, que parecían tener poco más de 20 años de edad, entraron y cerraron la puerta, mientras el tercero permanecía afuera, comenzaron a insultarnos y luego nos dispararon», dijo a IPS Abdul Wali, uno de los heridos.
El miércoles, las autoridades anunciaron que 56 sospechosos de participar en el ataque habían sido arrestados, y el gobernante militar Pervez Musharraf afirmó que los extremistas trataban de frenar la campaña lanzada contra ellos.
«Sin embargo, el gobierno mantendrá su firme resolución de erradicar el terrismo y el extremismo de la sociedad», aseguró.
El incidente violento del martes fue el primero de su tipo desde el 12 de febrero, cuando Musharraf ilegalizó a cinco organizaciones a las cuales acusó de estar involucradas en actos terroristas dentro y fuera del país, y anunció en un mensaje a la nación que erradicaría el extremismo religioso.
El ministro del Interior, Tansies Noreen, sostuvo que el atentado del martes fue cometido por motivos sectarios, y señaló que oleadas de violencia por motivos similares fueron frenadas en el pasado, pero advirtió que no se debe esperar que la violencia cese por completo debido a la nueva política gubernamental.
Durante más de una década, se han producido incidentes entre grupos musulmanes cada año antes del comienzo del Muharrán, primer mes del calendario lunar islámico, cuando los shiítas conmemoran el martirio de Hussain, nieto de Mahoma, con grandes procesiones atacadas a menudo por militantes sunnitas.
Estrictas medidas de seguridad adoptadas para prevenir esos incidentes han contribuido a reducir el número de muertos en ellos, que fue 200 en 1997, 78 en 1998 y 53 en 1999.
El ataque del martes se produjo unas dos semanas antes del comienzo del Muharrán, pese a que entre los grupos ilegalizados por el gobierno están Sipahe Muhammad y Lashkare Jhangvi, cuyos militantes habían cometido actos de violencia similares en años anteriores.
Es posible que la elección de una mezquita de Rawalpindi por parte de los atacantes haya tenido un motivo simbólico, ya que esa ciudad, cercana a Islamabad, es la sede del cuartel general del Ejército.
Desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, integrantes de las fuerzas de seguridad han custodiado las mezquitas durante los horarios de oración, pero cuando se produjo el ataque del martes, el policía asignado a la custodia del templo estaba en su interior, entre quienes rezaban.
Desde el 12 de enero, la policía ha arestado a unas 2.000 personas acusadas de integrar los grupos ilegalizados por Musharraf, pero hasta ahora ninguna de ellas ha sido condenada.
Otras campañas lanzadas por las autoridades han implicado el registro de unas 100.000 escuelas religiosas con cerca de 500.000 alumnos, que quedaron bajo la autoridad del sistema público de educación, y a la requisa de unas 137.000 armas ilegales desde el 20 de junio.
Antes de que comenzaran a percibirse efectos duraderos de esas medidas, la violencia resurge.
Funcionarios dijeron a IPS que la causa del fenómeno es que el gobierno no ha logrado que los responsables de actos de violencia sean juzgados y condenados.
En la primera semana de febrero, las autoridades anunciaron la creación de cortes especiales antiterroristas, con jueces de alto rango militar y otros integrantes de las Fuerzas Armadas asignados a tareas judiciales y de investigación, y alegaron que eso era necesario por razones de seguridad.
Sin embargo, la implementación de ese plan fue frenada por decisión de la Corte Suprema de una provincia y por manifestaciones de protesta de varias asociaciones de abogados, cuyos integrantes anunciaron que no participarían en juicios conducidos por jueces militares.
Esas asociaciones sostuvieron que la iniciativa buscaba aumentar los poderes del gobierno militar, disminuir la independencia del Poder Judicial y establecer un sistema «paralelo» de administración de justicia.
«No se justifica designar como juez a un coronel del Ejército. ¿Acaso es el único modo de brindar la seguridad reclamada por los jueces?», dijo a IPS el experto en asuntos constitucionales Abid Hasan Minto.
Hay quienes temen que la campaña contra organizaciones religiosas extremistas sea saboteada por funcionarios que simpatizan con ellas.
«Musharraf puede renovar cada pocos meses su promesa de erradicar el extremismo, pero su esfuerzo será en vano si no puede identificar a traidores a su causa dentro del sistema de gobierno», escribió la analista política Rehana Hakim en la revista Newsline.
«Es cierto que el gobierno debe ocuparse a la vez de muchos problemas importantes, pero éste debe ser afrontado con la mayor urgencia y energía», afirmó.
«El frente de batalla parece haber sido marcado, y hay una guerra a muerte en el horizonte, pero se trata de una guerra por la supervivencia del país como un Estado progresista y civilizado en la comunidad de las naciones, que debe ser ganada», aseveró.
El combate contra el extremismo, en el cual no se han logrado aún claros avances, parece ser popular.
En una encuesta realizada a fines de enero por el mensuario Herald, que se edita en inglés, la mayoría de los 1.239 consultados, habitantes de siete grandes ciudades y en número similar de varones y mujeres, expresaron apoyo a la campaña del gobierno.
Cincuenta y seis por ciento de los entrevistados dijeron que aprobaban la ilegalización de organizaciones religiosas, y 29 por ciento que la desaprobaban.
Sesebnta y tres por ciento de los consultados opinaron que el extremismo aumentó en los últimos cinco años, y 19 por ciento que disminuyó.
Cuando los encuestadores preguntaron si el extremismo iba a aumentar, disminuir o mantenerse en el mismo nivel en los próximos cinco años, 30 por ciento de quienes respondieron indicaron que aumentaría, 46 por ciento que disminuiría, y 21 por ciento que no variaría.
Los varones expresaron más optimismo en la materia que las mujeres.
La autoidentificación ideológica de los entrevistados los dividió en 33 por ciento de «liberales», 17 por ciento de «conservadores» y 26 por ciento que se consideraron en una posición intermedia entre las dos anteriores. (FIN/IPS/tra- eng/js/mp/ip cr/02
