/Integración y Desarrollo/ DESARROLLO: Juez Garzón encabeza red contra corrupción

El juez español Baltasar Garzón, que cobró notoriedad mundial por el caso Pinochet, encabeza una red internacional de expertos que procuran contrarrestar la impunidad de ex gobernantes que se han apropiado indebidamente de fondos públicos.

La existencia de la red fue anunciada por el propio Garzón el miércoles, en una conferencia que dictó en el marco del Foro de Autoridades Locales sobre la Inclusión Social, que se celebró en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre.

El magistrado citó el desfalco en la estatal empresa Petróleos Mexicano (Pemex) y las denuncias sobre cuentas bancarias en el exterior de los ex presidentes Ferdinando Marcos, de Filipinas, y Carlos Menem, de Argentina, como ejemplos de falta de acciones e instrumentos legales para perseguir esos supuestos delitos.

La persecución del crimen organizado y de la corrupción gubernamental estuvieron entre los asuntos abordados por más de 1.000 representantes de poderes locales de todo el mundo, entre ellos 203 alcaldes, que se reunieron en Porto Alegre entre el lunes y el miércoles.

Garzón exhortó a poner en marcha instrumentos preventivos para impedir la impunidad de actos de corrupción gubernamental, aunque se declaró un tanto pesimista sobre la posibilidad de alcanzar rápidamente ests objetivo.

La red de expertos que encabeza Garzón tiene carácter voluntario y procura asesorar a gobiernos, cancillerías, tribunales, periodistas y a otras instituciones interesadas en recuperar dinero obtenido en actos de corrupción y depositado en cuentas bancarias en Suiza u otros países.

«Es difícil hacer frente en un pie de igualdad a los que usan todas las técnicas de la ingeniería financiera», apuntó el juez al aludir a los obstáculos para controlar los movimientos internacionales de fondos.

No obstante las dificultades, en los últimos años las iniciativas de la sociedad contra la corrupción permitieron algunos progresos considerables en áreas como el lavado de dinero y el control de prácticas de soborno, señaló.

Se han instrumentado códigos de conducta en el sector privado, y del mismo modo la preocupación llegó al Grupo de los Ocho países más poderosos del mundo, que analizó el problema en su reunión de enero de 2000.

Pese a las dificultades que representan algunas legislaciones locales, hay avances en el Derecho Penal hacia la prohibición del secreto bancario en casos de corrupción.

Garzón dijo que, en su experiencia judicial, la tónica es que los territorios con regímenes de protección fiscal para las cuentas bancarias nieguen su cooperación en las investigaciones.

Algunos casos de corrupción, sin embargo, permanecen en la impunidad por falta de una adecuada preparación jurídica.

Garzón señaló que en el caso de Menem se perdió un mes de procedimientos, porque el juez a cargo de la investigación de las cuentas del ex mandatario en Suiza no reparó a tiempo que la Constitución de la Confederación Helvética no penaliza el enriquecimiento de funcionarios públicos.

En las acciones por el desfalco en Pemex y el caso de Marcos, se solicitaron fuera de plazo medidas cautelares sobre los fondos.

La asistencia espontánea incluida en el Convenio 141 de la Unión Europea se presenta hoy como un instrumento útil, explicó Garzón.

Esa norma permitió identificar fondos vinculados con el ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montecinos antes de que el gobierno de Perú hiciera un requerimiento oficial al respecto.

En la lucha contra la corrupción están involucrados la voluntad política y los aspectos jurídicos, y la red de expertos quiere cooperar en ambos planos, dijo Garzón.

El juez español abrió en 1996 una investigación sobre la Operación Cóndor, red de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América Latina en la década del 70 para asesinar y desaparecer a militantes de izquierda en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En virtud de sus investigaciones, el magistrado pidió en octubre de 1998 a las autoridades británicas el arresto preventivo del general retirado Augusto Pinochet, quien encabezó en Chile una dictadura desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.

Pinochet, quien se encontraba entonces en Londres, fue arrestado el 16 de octubre de 1998 y permaneció en la capital británica hasta el 2 de marzo de 2000, cuando el gobierno de Tony Blair lo liberó de un juicio de extradición a España por razones humanitarias, invocando su mal estado de salud.

Garzón dirige en estos momentos en España acciones judiciales contra una supuesta célula de la organización islámica Al Qaeda (La Base), responsabilizada por Estados Unidos de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Otras causas antiterroristas a cargo de Garzón en España están relacionadas con la organización separatista vasca ETA, así como con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), comandos paramilitares que durante el gobierno del socialista Felipe González eliminaron a militantes etarras.

El magistrado lamentó que haya sido necesario un hecho como los atentados del 11 de septiembre para que se diera paso a la cooperación de los Estados en la lucha contra el terrorismo internacional y en el control del dinero que esas organizaciones mueven ilegalmente.

«Si no hubiera sido por un impulso tan cruento, las instituciones no habrían reaccionado», dijo el juez. (FIN/IPS/ggr/mj/ip dv/02

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