El gobierno de Granada procura bloquear la liberación de los tres condenados por el asesinato en 1983 del ex primer ministro Maurice Bishop, apelando la revocación de las condenas que ordenó un tribunal superior.
Los tres ex soldados del disuelto Ejército Revolucionario Popular fueron hallados culpables de homicidio no premeditado en 1986, por el asesinato de Bishop y otras siete personas durante el golpe de estado de 1983.
Vincent Joseph y Cosmos Richardson fueron sentenciados a 45 años de prisión, y Andy Mitchell a una pena de 30 años. Los tres alegaron en su defensa que se limitaron a cumplir órdenes superiores.
El juez Brian Alleyne se basó en una disposición constitucional, según la cual una persona no puede cumplir una pena superior a 15 años de prisión por homicidio no premeditado.
El abogado de Trinidad, Keith Scotland, defensor de los tres sentenciados, sostuvo este argumento con éxito al reclamar la revocación de las penas.
El socialista Bishop llegó al poder en 1979 tras un golpe de estado contra el ex primer ministro Eric Gairy. En cuatro años, el régimen puso en marcha un proceso revolucionario, impulsando la creación de organizaciones de base y un sistema de economía mixta.
En 1983, al retorno de un viaje a Europa y Cuba, Bishop fue sometido a prisión domiciliaria por orden del jefe del ejército Hudson Austin, que tomó el poder. Bishop fue liberado por una multitud de manifestantes, pero el 19 de octubre fue ejecutado junto a altos miembros de su gobierno.
Seis días después, 6.000 infantes de marina (marines) de Estados Unidos invadieron Granada. Washington sostuvo que el propósito de la invasión era restaurar el orden en el país del Caribe, proteger a cientos de estadounidenses residentes en la isla y detener el ingreso de asesores militares de Cuba.
Según la justicia, el viceprimer ministro de Bishop, Bernard Coard, y otros 16 funcionarios estuvieron involucrados en el asesinato. Coard y otros 13 fueron sentenciados a muerte, pero no ejecutados. El gobierno de Nicholas Brathwaite (1990-95) conmutó las penas capitales por prisión perpetua.
Scotland, quien también ejerce la defensa de los 14 presos, anunció que pedirá su libertad.
Aunque el juez Alleyne ordenó la liberación de los tres ex soldados el jueves, ésta no se hizo efectiva pues el gobierno decidió apelar el fallo esa misma noche.
Scotland advirtió que «en ausencia de una decisión del tribunal supremo, prevalece la decisión del juez y mis clientes deben ser puestos en libertad».
«Esto no pasará inadvertido. Es una aberración», dijo Scotland, que aseguró que llevará la cuestión ante organizaciones de derechos humanos del Caribe y solicitará al Estado el pago de compensaciones para sus clientes.
La radio y la televisión invitaron al público a manifestarse sobre el fallo, que dividió a la opinión pública.
El presentador Allan Campbell, de la Red de Radiodifusión de Granada, difundió varias canciones inspiradas en la revolución y afirmó que «algunas personas quieren hacer de cuenta que (los asesinatos de 1983) no ocurrieron y barrerlos bajo la alfombra».
Campbell, ex miembro de los Jóvenes Pioneros de la Revolución e integrante del Movimiento Patriótico Maurice Bishop, opinó que los asesinos de Bishop no pueden permanecer impunes.
La ex secretaria de Bishop, la activista social Peggy Nesfield, estuvo presente el jueves en la conferencia de prensa donde Scotland anunció su victoria judicial.
Frente a las cámaras de televisión, Nesfield discutió con ex miembros del Ejército Revolucionario Popular que presenciaban la conferencia de prensa, y los acusó de tener las manos manchadas de sangre. (FIN/IPS/tra-en/pr/aa/lp/dc/ip hd/02
