Senadores de Estados Unidos reclamaron este miércoles la aprobación de una ley contra el ingreso de «diamantes de la guerra», citando vínculos de la red terrorista Al Qaeda con el contrabando internacional de piedras preciosas.
El proyecto de ley a estudio del Senado obstaculiza el ingreso a Estados Unidos —importador de 65 por ciento de los diamantes del mundo— de piedras explotadas para beneficio de grupos armados en Angola, Sierra Leona y República Democrática del Congo.
A fines de noviembre, la Cámara de Representantes dio media sanción a la Ley de Comercio de Diamantes Limpios, luego que el diario Washington Post informara que la red Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden —acusado de los atentados del 11 de septiembre— había obtenido millones de dólares por la venta de diamantes extraídos por los rebeldes de Sierra Leona.
«Si no fueran suficientes las muertes de miles de africanos inocentes, la nueva información que vincula los diamantes de la guerra con Osama bin Laden exije una respuesta legislativa», dijo este miércoles el senador del gobernante Partido Republicano, Judd Gregg.
Gregg habló ante la audiencia legislativa en la víspera del Día de San Valentín, cuando muchos consumidores compran joyas para regalar a sus seres amados.
La campaña para prohibir la venta de diamantes de la guerra se inició hace dos años, cuando la organización británica Global Witness demostró que el Frente Revolucionario Unido (FRU) de Sierra Leona aprovechaba su control de zonas diamantíferas para sustentar un cruento conflicto contra el gobierno.
Respaldado por las vecinas Liberia y Burkina Faso, que también se beneficiaban con las operaciones de diamantes, el FRU adquirió notoriedad por perpetrar mutilaciones de miembros, inclusive contra niños y niñas pequeñas.
El embajador de Sierra Leona en Estados Unidos, John Leigh, dijo a los legisladores que la ley pondrá fin a un comercio que destruye la vida de los pobres de Africa, y fortalece a criminales y terroristas.
«Ya que los terroristas pueden utilizar las ganancias del contrabando de diamantes para financiar sus actividades violentas contra las sociedades democráticas, Estados Unidos tiene gran interés en ilegalizar este comercio», dijo Leigh.
Preocupadas por el negativo efecto que la información sobre actos brutales puede causar en los consumidores de diamantes, las corporaciones y las naciones productoras, en especial de Africa austral, manifestaron su voluntad de adoptar medidas para que el fenómeno no afecte la venta legítima de gemas.
El Proceso de Kimberley, iniciado en mayo de 2000 por grandes compañías y naciones importadoras que se reunieron en esa ciudad sudafricana, procura mecanismos como la certificación para evitar que los diamantes de la guerra lleguen al mercado.
Botswana, Namibia y Sudáfrica, que poseen un comercio legítimo de piedras preciosas, respaldan la certificación.
Según este sistema, todos los diamantes en bruto son empacados y precintados en el lugar de extracción y reciben un número de registro, que puede rastrearse en el trayecto a puertos exportadores, centros de industrialización en Amberes, Mumbai (ex Bombay) o Tel Aviv y, finalmente, a comercios minoristas.
Pero para que el mecanismo de certificación sea efectivo, Estados Unidos y otros países importadores deben establecer legislación apropiada, como la Ley de Comercio de Diamantes Limpios, advirtieron activistas de derechos humanos e industriales.
El proyecto que estudia el Senado estadounidense exige el establecimiento de un sistema que asegure que los diamantes ingresados a Estados Unidos hayan sido colocados en contenedores inviolables luego de ser extraídos y acompañados de un certificado oficial del país exportador.
Estados Unidos, el principal consumidor de diamantes, «tiene el poder de terminar con los lucrativos incentivos que llevan a los grupos rebeldes a elegir los diamantes», dijo el senador republicano Michael DeWine.
En marzo, los gobiernos discutirán los detalles de la certificación durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, y en un encuentro del Proceso de Kimberley, en Canadá, con el objetivo de aplicarla a partir de este año.
Si bien el Proceso de Kimberley es un paso en la dirección correcta, tal como está concebido carece de «elementos importantes», advirtió este miércoles Loren Yager, director de asuntos internacionales y comercio de la Contraloría General del Congreso.
Por ejemplo, algunas etapas productivas de alto riesgo, como el traslado de las piedras desde las minas hasta los puertos, están sujetas sólo a controles «recomendados», explicó Yager.
Así mismo, la etapa posterior al ingreso de los diamantes en bruto a un puerto extranjero, hasta su llegada a la boca final de venta, sólo se controla por un sistema voluntario de la industria, cuyo cumplimiento es autorregulado, sostuvo Yager.
«Si bien los participantes del Proceso de Kimberley lograron una cooperación importante entre el sector industrial, organizaciones no gubernamentales y gobiernos, nuestro trabajo sugiere que aún enfrentan grandes desafíos para crear un sistema que realmente detenga este contrabando», afirmó.
Según una coalición de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Médicos por los Derechos Humanos y Oxfam, el Proceso de Kimberley carece de suficientes previsiones para hacerlo transparente y efectivo.
Por ejemplo, no hay acuerdo para la coordinación internacional y la creación de una base de datos pública sobre producción y comercio de diamantes en bruto, sostuvo Amnistía Internacional en un comunicado publicado este miércoles.
«Si el sistema (de certificación) no afronta estos problemas, no logrará quebrar el vínculo entre los diamantes y la violación de derechos humanos», aseveró la organización con sede en Londres. (FIN/IPS/tra-eng/dk/aa/dc/hd ip/02
