La Contraloría General del Congreso legislativo de Estados Unidos demandará a la Casa Blanca para obtener detalles de las reuniones entre ejecutivos de la quebrada compañía Enron y de otras empresas con el equipo responsable del plan energético del gobierno, encabezado por el vicepresidente Dick Cheney.
David M. Walker, interventor general de la Contraloría, brazo investigador del Congreso, dijo el miércoles que pedirá la intervención de un juez federal para obligar a Cheney a revelar la identidad de los empresarios del sector energético que ayudaron al gobierno a formular su plan nacional de energía.
«La negativa a suministrar la información que buscamos recorta los valiosos principios de transparencia y responsabilidad en el gobierno», dijo Walker en un comunicado.
Esta es la primera vez que la Contraloría inicia una demanda contra un funcionario federal por negarse a colaborar en una investigación del Congreso, sostiene el comunicado.
Pero no es el único litigio que deberá afrontar la Casa Blanca en los próximos meses. Dos organizaciones ambientalistas presentaron sendas demandas contra el gobierno para que revele detalles de la elaboración de su plan de energía, hecho público en mayo y aprobado por la Cámara de Representantes en agosto.
El gobierno admitió que Cheney y su equipo se reunieron seis veces el año pasado con representantes de la corporación Enron, declarada en quiebra en noviembre y sujeta a investigaciones penales y del Congreso, por haber ocultado de su contabilidad negocios de miles de millones de dólares.
Tanto Cheney como el presidente George W. Bush se han negado reiteradamente, desde el mes de abril, a entregar documentos relativos al grupo de trabajo que redactó el plan, dirigido por el vicepresidente.
El gobierno alega que tiene derecho a preservar la confidencialidad de las reuniones de la Casa Blanca con expertos no gubernamentales.
Pero Walker no está de acuerdo. «La información que requerimos está claramente comprendida en nuestras facultades de acceso y control», sostuvo, aclarando que la Contraloría no busca las minutas de esas reuniones ni las notas tomadas por el personal de Cheney.
El Congreso está interesado en las listas de personas con las que se reunieron cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, incluyendo la fecha, el asunto y el lugar de cada encuentro.
La Contraloría contratará a una firma de abogados extranjeros para que la represente en el litigio que iniciará en las próximas semanas ante un tribunal federal del distrito de Columbia.
El gobierno apelará cualquier demanda de la Contraloría. «Hemos dicho que esperábamos esto y los veremos en el tribunal», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Claire Buchan.
La Contraloría comenzó a requerir esos registros en la pasada primavera boreal, a pedido de varios legisladores del opositor Partido Demócrata, encabezados por Henry Waxman y John Dingell, que sospechaban una inclinación del grupo de Cheney en favor de la industria petrolera.
Dingell alegó que la Ley Federal sobre Comités Asesores exige que los encuentros con consejeros no gubernamentales sean públicos para evitar posibles favoritismos.
El miércoles el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) pidió al tribunal federal del distrito de Columbia que ordene al Departamento de Energía entregar los documentos del grupo de trabajo en un plazo de diez días.
La organización solicitó hace nueve meses los nombres de personas, empresas y grupos que ayudaron a redactar el proyecto de energía, amparándose en la Ley de Libertad de Información, pero el gobierno nunca contestó.
«El público tiene derecho a saber quién es responsable de un plan que parece una lista de deseos de las corporaciones contaminadoras, aun cuando resulte embarazoso para quienes están en el poder», dijo la abogada del NRDC, Sharon Buccino.
El gobierno es criticado por no dar lugar a los ambientalistas en las sesiones de trabajo del proyecto. El portavoz de Bush, Ari Fleischer, dijo la semana pasada que el influyente grupo ecologista Sierra Club fue entrevistado varias veces.
Sin embargo, el director ejecutivo del Sierra Club, Carl Pope, aclaró que esos encuentros tuvieron lugar en junio y julio, cuando el gobierno ya había dado a conocer su plan de energía.
El Sierra Club presentó la semana pasada su propia demanda ante un tribunal federal de la occidental ciudad de San Francisco, reclamando a la Casa Blanca que revele la lista completa de las firmas industriales que participaron en las reuniones del grupo de trabajo.
Los abogados del Sierra Club requirieron infructuosamente esos documentos a Cheney y otros funcionarios, amparándose en la Ley de Libertad de Información.
El vicepresidente y otras autoridades aseguraron que el plan de energía incluye 11 de las 12 recomendaciones efectuadas por el Sierra Club, pero los ambientalistas lo niegan.
El programa comprende la construcción de 1.300 nuevas centrales de generación de electricidad a carbón, la ampliación de proyectos de exploración petrolera en áreas vírgenes y una reducción de las reglamentaciones ambientales para la industria energética.
«Si el gobierno de Bush realmente cree que el plan de energía contiene 11 de las 12 soluciones del Sierra Club, es que Arthur Andersen revisa sus números», bromeó Pope, en referencia a la firma contable implicada en el escándalo de Enron.
Con media sanción de la cámara baja del Congreso, el proyecto energético está ahora a estudio del Senado, donde el gobernante Partido Republicano no cuenta con mayoría. (FIN/IPS/tra- eng/dk/dc/ip en/02
