Alza de precios y escasez de medicamentos son algunos de los primeros efectos de la depreciación de la moneda y de las nuevas medidas económicas decididas hace una semana por el gobierno de Venezuela, que incluyen el ajuste del presupuesto.
«Muchos establecimientos aumentaron hasta 40 por ciento el valor de los productos», aseguró este jueves Samuel Ruh, presidente del Instituto de Defensa del Consumidor y Usuario (Indecu).
A su vez, medios de prensa locales constataron que en muchas farmacias de Caracas comienzan a escasear medicamentos, en especial los importados, un efecto directo de la devaluación del bolívar venezolano.
El gobierno de Hugo Chávez decidió el 12 de este mes dejar en manos del mercado la cotización del dólar, abandonando la banda cambiaria de valores mínino y máximo que rigió por cinco años, para «no continuar sacrificando reservas internacionales».
Paralelamente, resolvió aplicar un gravamen a las transacciones bancarias y ampliar el impuesto a las ventas, a la vez que bajó 22 por ciento el cálculo previsto de ingresos para el presupuesto de este año.
El ministro de Finanzas, Nelson Merentes, dijo este jueves en el parlamento que las medidas «eran inevitables para hacer frente a la caída de los precios petroleros y a los obstáculos que se presentaron para colocar papeles de la deuda pública interna y externa».
Al cierre de los mercados del miércoles, una semana después de anunciadas las medidas, el bolívar había sufrido una depreciación de 20 por ciento, pese a que el Banco Central de Venezuela siguió colocando unos 60 millones de dólares diarios.
Las reservas internacionales habían caído entre diciembre y la primera semana de febrero en 2.986 millones de dólares, debido a la intervención del Banco Central para frenar el precio de la moneda estadounidense.
El gobierno informó la semana pasada que las reservas operativas monetarias del país sumaban 10.300 millones de dólares, mientras que los ahorros de los excedentes petroleros (el Fondo de Estabilización Macroeconómica) eran de 6.200 millones.
Expertos apuntaron entonces que, de seguir con esa pérdida promedio de 1.000 millones de dólares mensuales, en agosto se llegaría a nivel crítico que obligaría a Chávez a adoptar nuevas medidas económicas.
Así, la depreciación del bolívar, unido a la liquidez, empujó un aumento de las tasas de interés bancario en torno a 30 por ciento en una semana, mientras que los créditos comerciales y a las empresas llegan hasta 100 por ciento.
«No hay ninguna industria que pueda sostenerse así, podemos ir camino a la quiebra de muchas empresas en el país», advirtió Fedecámaras, la principal organización del sector.
Por otro lado, especialistas criticaron que el ajuste fiscal se haya hecho sin medidas de compensación para los sectores más pobres, con el fin de que puedan hacer frente al aumento de los precios al consumo.
«Es increíble que un gobierno que se dice antineoliberal aplique un programa siguiendo las líneas ortodoxas del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin medidas de compensación social», comentó a IPS Luis Pedro España, director del Instituto de Investigaciones y Sociales de la Universidad Católica.
España indicó que urgen políticas sociales para compensar la caída del consumo, que se agudizará entre los más pobres a causa del incremento de los precios.
Aunque Chávez anunció el día 12 que destinaría 2.500 millones de dólares del Fondo de Estabilización Macroeconómica a «disminuir los impactos» del ajuste, todavía no se conocen planes concretos para la compensación social.
Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Eduardo Gómez Sigala, apuntó que con las medidas económicas oficiales «estamos viviendo una situación de empobrecimiento general».
Gómez Sigala estimó que este año habrá una caída importante del consumo, que había mejorado ligeramente en 2001, gracias a la estabilización de la inflación en 12 por ciento anual.
El precio del pan, un producto de consumo masivo, aumentó esta semana 20 por ciento, debido a que el trigo utilizado es totalmente importado.
En este marco se hace difícil que pueda cumplirse la meta inflacionaria de 10 por ciento para este año, pese a la declaración en ese sentido del ministro Merentes.
En tanto, el Indecu, siguiendo instrucciones de Chávez, procedió entre el lunes y el miércoles a cerrar temporalmente 37 comercios, debido a que habían remarcado sus productos a la venta y cambiado etiquetas de artículos que ya estaban en existencia.
Mientras, Juan Domínguez, presidente de la Cámara Venezolana de Farmacias, informó que los laboratorios que trabajan mayormente con insumos importados y ligadas a firmas transnacionales evaluarán en dos semanas el impacto de las medidas.
Explicó que se espera un aumento de entre 20 y 30 por ciento en los medicamentos.
A su vez, la viceministra de Salud, Eva Rodríguez, señaló que solicitará un crédito adicional para cubrir la brecha en el aumento de medicamentos para pacientes crónicos que son atendidos en hospitales estatales.
Otro escenario que comienza a complicarse para el gobierno es el laboral, ya que no se han previsto aumentos de sueldos para los empleados públicos, a causa del disminuido presupuesto de 2002 y de las pocas expectativas de aumento del precio del petróleo.
La ministra del Trabajo, Blancanieves Portocarrero, admitió que debía producirse un aumento salarial de 10 por ciento en mayo venidero, pero recalcó que «esa partida no está incluida en el presupuesto nacional».
Adicionalmente, el Estado debe firmar este año alrededor de 2.000 contratos colectivos de trabajo, en los cuales los sindicatos exigirán también incrementos en sus remuneraciones.
Jesús Urbieta, del directorio de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), anunció que a partir del 27 de febrero esa central «comenzará a manifestarse en la calle para defender los compromisos salariales».
Urbieta, de la principal central sindical del país, destacó que las últimas medidas económicas inciden de manera determinante en la masa laboral del país y, «por eso, la fricción será alta». (FIN/IPS/ac/dm/if ip/02